PROTECCION Y REFORMA JUVENIL

Protocolo sobre los Derechos del Niño

2012-02-16T22:54:00.001+01:00

Protocolo sobre los Derechos del Niño

13-02-2012

   Finalmente, después de un largo proceso, la Asamblea General de las Naciones Unidas ha adoptado el tercer Protocolo para la Convención sobre los Derechos del Niño, mediante su Resolución 66/139, de 19 de diciembre de 2011.
   Es un hito importante en la promoción de los derechos de la infancia. Ya no se trata de reafirmar la condición de los niños y niñas como sujetos de derecho; reconoce su competencia para defender, según sus aptitudes, ellos mismos, sus derechos, directamente ante una instancia internacional.
   Creemos que será en interés de todos que el estado español ratifique, lo más pronto posible, dicho Protocolo.
En el archivo adjunto se puede encontrar el protocolo completo.

Direcciones de interés: Declaración pública conjunta

Protocolo

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Equidad y calidad de la educación: apoyo a estudiantes y escuelas en desventaja

2012-02-15T23:40:00.001+01:00

Lugar de Edición: México, DF

Editorial: Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE)

Año de edición: 2012

Páginas: 5 p.

Idioma: Español

Fuente: Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE)

Formato: Electrónico

Temáticas: Educación

Descriptores: educación, calidad de la educación, política de la educación, fracaso escolar, sistema de enseñanza, igualdad de trato

Resumen:

En los países de la OCDE, casi uno de cada cinco estudiantes carece de un nivel mínimo de habilidades. Además, los estudiantes de entornos socioeconómicos desfavorecidos tienen dos veces más probabilidades de manifestar un desempeño deficiente. La falta de equidad e inclusión provoca fracasos escolares, lo cual significa que, en promedio, uno de cada cinco adultos jóvenes abandona sus estudios antes de terminar la educación media superior.

Reducir el fracaso escolar redunda en beneficios tanto para la sociedad como para los individuos. Los sistemas educativos con el desempeño más alto en los países de la OCDE combinan calidad con equidad. Este informe ofrece recomendaciones de políticas para sistemas educativos de manera que se contribuya a que todos los menores cumplan de manera exitosa su escolaridad (resumen sacado de la web de la OECD).

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Informes relativos a las Normas Uniformes sobre la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad y el Relator Especial

2012-02-15T23:13:00.001+01:00

Informes relativos a las Normas Uniformes sobre la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad y el Relator Especial

Las Normas Uniformes sobre la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad de las Naciones Unidas prevén el nombramiento de un Relator Especial encargado de supervisar la aplicación de las Normas. El Relator Especial presenta informes anuales a la Comisión de Desarrollo Social . En los informes figuran las conclusiones sobre la promoción y la supervisión de la aplicación de las Normas Uniformes y, en respuesta a la solicitud de la Comisión, se formulan recomendaciones acerca de su ulterior desarrollo. En el desempeño de sus funciones, el Relator Especial promueve el diálogo directo con los Estados miembros y con las organizaciones gubernamentales y los expertos locales, y solicita sus opiniones y comentarios sobre cualquier información que se proponga incluir en sus informes.

Relator Especial 1994-2002: Bengt Lindqvist

Relator Especial 2003 a 30 de junio de 2009: Sheikha Hessa Khalifa bin Ahmed al-Thani

Relator Especial 2009-al presente: Shuaib Chalklen

Documentos relacionados

2005

2004

Opiniones de los gobiernos sobre las propuestas que figuran en el informe del Relator Especial sobre discapacidad (E/CN.5/2002/4) y en particular sobre la relativa al suplemento de las Normas Uniformes sobre la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad [E/CN.5/2004/4]

2002

Vigilancia de la aplicación de las Normas Uniformes sobre la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad [E/CN.5/2002/4]

2000

1997

Vigilancia de la aplicación de las Normas Uniformes sobre la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad [A/52/56 Informe definitivo del Relator Especial durante su primera misión]

1996

Vigilancia de la aplicación de las Normas Uniformes sobre la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad [A/52/56 Informe definitivo del Relator Especial durante su primera misión]

El TSJCV advierte al ICAV de que no designar abogado de oficio a detenidos puede vulnerar derechos fundamentales

2012-02-15T23:11:00.001+01:00

El TSJCV advierte al ICAV de que no designar abogado de oficio a detenidos puede vulnerar derechos fundamentales

Así consta en el acuerdo alcanzado por la sala de Gobierno del TSJCV en la reunión celebrada este miércoles.

http://www.diariocriticocv.com/ciudadanos/icav/tsjcv/abogados-de-oficio/carta-europea-de-derechos-fundamentales/derechos-fundamentales/407481

La sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha advertido al Ilustre Colegio de Abogados de Valencia (ICAV) de que la no designación de abogado del turno de oficio para la asistencia a detenidos determinados días de la semana puede vulnerar derechos fundamentales.
Así consta en el acuerdo alcanzado por la sala de Gobierno del TSJCV en la reunión celebrada este miércoles, donde se abordado el expediente gubernativo abierto por las "distintas incidencias" recibidas de juzgados de Valencia y la provincia por "disfunciones" en las prestaciones del turno de oficio de los abogados.
La sala de Gobierno ha acordado "tomar conocimiento" de las "incidencias" que le han comunicado distintos órganos judiciales de Valencia y de la provincia, producidas como consecuencia de la aplicación de las medidas establecidas en el acuerdo adoptado el pasado 26 de enero por la Junta de Gobierno del ICAV, en relación con el turno de oficio.
El órgano de gobierno del TSJCV ha decidido trasladar al ICAV "la consideración de que la distribución de las asistencias del turno de oficio entre los letrados por parte del coordinador está dando lugar a numerosas quejas, ya que en muchas ocasiones las llamadas no son atendidas, por saturación, o lo son con gran demora".
"Ello se traduce en innumerables y prolongados retrasos en la práctica de diligencias, en ocasiones trascendentales, urgentes e inaplazables --en algún caso incluso se ha retrasado la práctica de diligencias de entrada y registro--, cuestión ésta a la que debería darse urgente solución", según consta en el acuerdo de la Sala.
La sala de Gobierno del TSJCV considera que estas situaciones "tienen difícil acomodo legal y pueden vulnerar derechos fundamentales la no designación de abogado del turno de oficio para la asistencia a detenidos determinados días de la semana, máxime cuando, por definición, estas actuaciones son siempre urgentes y perentorias, estando al respecto a lo que establece el artículo 520.4 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal".
Asimismo, comunica a la entidad colegial que deberán efectuarse las designaciones de abogado de oficio solicitadas por los distintos órganos judiciales que así lo interesen "en los términos previstos en los artículos 15 y 21 de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita".
Acuerdo del ICAV
La Junta de Gobierno del Ilustre Colegio de Abogados de Valencia (ICAV) acordó el 26 de enero, ante los "recortes e impagos" del Consell, suspender en el mes de febrero --y sin perjuicio de prórroga-- el Servicio de Orientación Jurídica (SOJ) del Registro Civil, el de Dependencia y el Penitenciario, entre otros.
Asimismo, acordó que dos abogados prestaran el Servicio del SOJ en la Ciudad de la Justicia de Valencia únicamente de lunes a jueves; y que los letrados del turno de extranjería de guardia dejaran de acudir los martes y jueves por la mañana a la cárcel de Picassent para atender los supuestos de incoaciones de procedimiento sancionador.
Además, acordó que durante la prestación de los Servicios de Guardia, todas las llamadas se realizarán directamente al Coordinador, que se encargará de distribuir las asistencias entre los abogados de guardia. La Junta también decidió que el Servicio de Guardia-Asistencia al detenido quedara en suspenso los martes, desde las 10 hasta las 14 horas, excepto para aquellas asistencias que por su carácter grave o urgente --a juicio del Coordinador-- deban prestarse en ese intervalo.
Asimismo, se estableció que los abogados que asistan a detenidos en los Centros de Detención exigirán entrevistarse con el detenido en una dependencia que salvaguarde el secreto de las comunicaciones entre el abogado y el detenido; y los letrados que intervengan en actos judiciales en los que la ley exija la presencia del juez y del secretario judicial, deberán solicitarla, y si no fuere posible, pedirán la suspensión o el aplazamiento del acto.
La Junta también estableció que mientras la Comisión de Justicia Gratuita no reconozca al justiciable el derecho a la asistencia jurídica gratuita, no se realizará la designación del abogado de oficio, ni siquiera con carácter provisional, salvo casos excepcionales previstos en la normativa.

LOS MENORES Y EL INCREMENTO DEL MALTRATO FAMILIAR

2012-02-14T23:21:00.001+01:00

El Estado contra las familias

2012-02-12T14:36:00.001+01:00

El Estado contra las familias

http://autismodiario.org/2012/01/05/el-estado-contra-las-familias/

Que no secuestren tus derechos, no te quedes callado

El juzgado de Instrucción número 1 de Palencia ha imputado a los padres de un niño de 8 años con autismo por un “presunto delito de abandono de familia”. El presunto delito que Azucena y José Alberto -padres de Daniel- parecen haber cometido es ejercitar el derecho recogido por el artículo 26 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos proclamada el 10 de Diciembre de 1948 y ratificada por España que dice en su apartado 3º “Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos”. El citado procedimiento está en fase de tramite en el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 1 de Palencia, donde se deberá dirimir si el defender los derechos Universales de un niño están por encima de la opinión de la Inspección Educativa, o si por el contrario, el dictamen de la citada inspección debe prevalecer sobre derechos inalienables.

Nos encontramos pues ante otro caso más donde -increíblemente- la fiscalía abre diligencias contra la familia por negarse esta a que su hijo sea escolarizado en el Centro de Educación Especial Carrechiquilla de Palencia de forma obligatoria. Los padres sencillamente defienden el derecho de su hijo a recibir una educación en igualdad de condiciones y a su vez ejercitar el derecho a escoger el tipo de educación que deba recibir su hijo Daniel.

La Asociación SOLCOM ha salido en defensa de la familia, de hecho hoy mismo a las 13:00 han convocado una rueda de prensa en c/ Mayor Antigua, 69 de la ciudad de Palencia (Sede de la UGT), donde participaran María del Mar Álvarez y Javier Romañach.

Una de las premisas de base que desde SOLCOM se pone de manifiesto es que los niños con autismo no deben ser considerados ni tratados como enfermos, ni tampoco deben de ser discriminados y segregados por su condición como ya ha ocurrido con otros colectivos.

Ante esta situación, que por cierto es usada de forma habitual como un sistema de coacción y extorsión a las familias y secuestro de derechos fundamentales, la Administración entiende que puede obviar la ley y los derechos de los ciudadanos a quien en teoría debe proteger. Es inadmisible que el Estado utilice herramientas pagadas con el bolsillo de los ciudadanos para actuar de forma dictatorial. Es igualmente increíble que tanto la fiscalía actúe conchabada con la Administración para acabar convirtiéndose en un cómplice necesario de una acción más propia de un modelo fundamentalista y dictatorial que democrático.

Es una obligación y un deber ciudadano el apoyar un modelo democrático, donde los instrumentos del Estado no puedan actuar contra los ciudadanos para salirse con la suya, para que puedan “ahorrar” un dinero que por cierto sale de nuestro bolsillo. Si no somos conscientes de la necesidad de actuar en bloque, acabaremos mal.

Por protestar las injusticias, vinieron por mí

Por defender mis principios, vinieron por mí

Por ver la vida de manera distinta, vinieron por mí

Por proteger lo más querido, vinieron por mí

Por no ser su cómplice, vinieron por mí

La democracia, la libertad y la justicia no se vieron vulneradas porque VINIERON POR MI

Lo fueron porque NADIE DIJO NADA

No te quedes callado

Acoso ESCOLAR

2012-02-12T14:31:00.001+01:00

Acoso Escolar

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PLAN EDUCACION INCLUSIVA CATALUÑA

2012-02-12T14:27:00.001+01:00

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5ª CONFERENCIA INTERNACIONAL OIJJ

2012-02-11T20:51:00.001+01:00

Torres-Dulce dice que cualquier reforma debe impedir perder a los menores en el "despeñadero" de la jurisdicción adulta

2012-02-07T22:34:00.001+01:00

http://www.europapress.es/epsocial/politica-social/noticia-torres-dulce-dice-cualquier-reforma-debe-impedir-perder-menores-despenadero-jurisdiccion-adulta-20120125200918.html

Reforma de la Ley Penal del Menor

MADRID, 25 Ene. (EUROPA PRESS) -

El fiscal Eduardo Torres-Dulce, propuesto por el Gobierno para ser el nuevo fiscal general del Estado, ha señalado que cualquier reforma que el Gobierno vaya a emprender en la Ley del Menor debe impedir que los menores se pierdan en el "despeñadero" de la jurisdicción adulta.

El actual fiscal de Sala del Tribunal Constitucional ha comparecido en el Congreso en cumplimiento de los requisitos señalados sen el artículo 29 del Estatuto Fiscal, para obtener el aval de las cámaras tras ser informada su propuesta favorablemente por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

En su intervención en la Comisión de Justicia del Congreso, Torres-Dulce señala que el artículo 25.2 de la Ley del Menor prevé que las penas tengan en cuenta su reinserción y rehabilitación social "para que ese menor que ha superado las líneas rojas de convivencia social no se pierda en el despeñadero de la jurisdicción penal de mayores".

Así, ha insistido en varias ocasiones en que hay que ser "prudente" con cualquier modificación que vaya a emprenderse en la materia, que siempre tiene que tener como fin la mayor protección del menor.

De igual forma, recuerda que España ha suscrito en varias ocasiones acuerdos internacionales sobre protección de menores, como las reglas de Pekín, un convenio internacional que acota la jurisdicción de menores. "Hay que ser respetuoso con los convenios y más si son internacionales", ha apostillado.

A su juicio, la reforma introducida en su momento en la reforma de la ley penal del menor está "funcionando razonablemente bien" y precisamente esa experiencia del Ministerio fiscal cree que puede ser utilizada como una "experiencia práctica", ante la posible nueva reforma del proceso penal.

En esta línea, ha indicado que "evidentemente" la mayor parte de los problemas en la materia versan sobre la penología de las infracciones cometidas por los menores.

En defensa del Turno de Oficio; por Rafael Bonmatí Llorens, Presidente del Consejo Valenciano de Colegios de Abogados

2012-02-06T23:18:00.001+01:00

En defensa del Turno de Oficio; por Rafael Bonmatí Llorens, Presidente del Consejo Valenciano de Colegios de Abogados

http://www.otrosi.net/article/en-defensa-del-turno-de-oficio-por-rafael-bonmat%C3%AD-llorens-presidente-del-consejo-valenciano-

06-02-2012

El día 4 de febrero de 2012, se ha publicado, en el diario Las Provincias, un artículo de Rafael Bonmatí Llorens, en el cual el autor analiza la situación actual del turno de oficio en la Comunidad Valenciana. Trascribimos íntegramente dicho artículo.

EN DEFENSA DEL TURNO DE OFICIO

Desde la publicación el pasado 20 de enero de la Orden 2/2012, que modifica los baremos del Turno de Oficio, venimos sufriendo una serie de declaraciones públicas que han contribuido a generar una imagen del Turno que no se corresponde con la realidad. No estamos hablando de remuneraciones o intereses corporativos, sino de garantizar la continuidad del derecho constitucional a una defensa jurídica gratuita para aquellos ciudadanos que no pueden acceder a ella por falta de recursos económicos. Una garantía básica de nuestro Estado puesta en cuestión con la Orden aprobada.

Para aprobar esta orden los actuales responsables de la Conselleria de Justicia han optado por el ordeno y mando en lugar del consenso, forma de trabajo seguida por la gran mayoría de la comunidades autónomas, que han terminado suscribiendo acuerdos. Sin embargo, en nuestro caso se ha impuesto al Turno de Oficio una rebaja mayor que a ningún otro sector de la Justicia y además se pretende confundir a la opinión pública refiriéndose de forma continua a una sola de las más de cincuenta actuaciones que prevé el baremo retributivo de la Orden aprobada: Las guardias.

Como bien dicen desde la Conselleria, los Abogados de oficio no son funcionarios, son profesionales independientes que, como tales, no cobran un sueldo fijo además de complementos adicionales por cada guardia. Tienen que costearse su cobertura social, sus teléfonos, fas, internet, papel, alquiler del despacho, luz, correos, desplazamientos, etc. Son por tanto situaciones incomparables, pero lo son mucho más si intencionadamente sólo se habla de lo que se paga de forma específica por las guardias a Juzgadores, Fiscales y Abogados de oficio olvidando el sueldo fijo (exiguo para el trabajo y responsabilidad que asumen) que cobran los primeros adicionalmente a lo que perciben por las guardias o los gastos que sólo los Letrados de oficio deben soportar. En definitiva: No hay comparación posible entre ambas situaciones y plantearla es sólo un intento de tergiversar la realidad.

La cuestión importante no es esta absurda comparativa de situaciones radicalmente distintas sino el lugar en el que queda el ciudadano cuando el Letrado de Oficio que le tiene que defender, por todas las actuaciones que realiza al mes, incluidas las tan mencionadas guardias, las asistencias a juicio, la atención a los clientes de oficio, el estudio de sus asuntos, la preparación e interposición de demandas y/o recursos, los gastos de despacho, los desplazamientos, etc., cobra una media de menos de 400 € mensuales. Es desde esta perspectiva global desde la que se entiende la situación y no dando visiones sesgadas.

En cuanto al número de Abogados de oficio que presta el servicio, que también se critica desde la Conselleria, debe decirse que se trata de un servicio voluntario (como cualquier trabajo), siendo la Orden del Ministerio de Justicia de 3/06/97 la que establece cuáles son los requisitos que deben cumplir los Abogados para estar en el Turno de Oficio. A partir de aquí los Colegios, conforme a los artículos 22 y 24 de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita, tienen la obligación de distribuir los turnos de manera objetiva, organizándolos conforme a criterios de funcionalidad y eficiencia. Desde la Conselleria se afirma, al tiempo que rebaja las contraprestaciones, que los Colegios deben 'echar' a muchos Letrados de oficio para que los Letrados que se queden ganen más, pero los Colegios se deben a los requisitos y objetivos de funcionalidad y eficiencia que marca la Ley. Es evidente que a menor número de Letrados de oficio mayor carga de trabajo para cada uno y peor atención al ciudadano e, igualmente, siendo liberal la profesión de Abogado, éste debe tener también clientes particulares, de manera que si el número de Letrados de oficio es pequeño éstos sólo se dedicarían a los clientes de oficio, desvirtuando su naturaleza de profesión liberal. La asistencia jurídica gratuita es un derecho reconocido constitucionalmente que tiene como objetivo que todos los ciudadanos, al margen de sus recursos económicos, sean iguales ante la Justicia, al ser defendidos por Letrados. Por muy buena voluntad que quiera tenerse, resulta ilusorio pretender que la asistencia que se presta al ciudadano sea la misma cuando los honorarios de los Letrados de oficio están congelados desde el año 2005 y que ahora, mediante la Orden aprobada, se imponga unilateralmente una rebaja media de más del 30%, situándonos con mucho en la cola de las retribuciones de toda España.

Los Abogados no vivimos ajenos a la realidad económica y creemos que existen alternativas al estrangulamiento de un servicio básico para 200.000 ciudadanos al año en la Comunidad Valenciana. Durante meses hemos planteado multitud de alternativas para reducir los costes del Turno de Oficio y ni una sola de estas medidas se ha adoptado. La Conselleria se ha limitado a aprobar una orden de reducción de baremos de los profesionales que prestan el servicio. A pesar de ello, siempre hemos dejado clara nuestra intención de seguir negociando para conseguir garantizar la supervivencia del derecho a la justicia gratuita en nuestra Comunidad. Esperamos que la administración autonómica entienda que el diálogo es mucho más efectivo que la imposición y la manipulación de los argumentos. Hasta entonces, desgraciadamente, a los abogados del turno de oficio sólo les queda tratar de defender la dignidad del servicio y del derecho a la justicia gratuita de los menos favorecidos a través de todas las medidas que dentro de la legalidad estén a su alcance.

Centros de protección de menores en situación de desamparo que presentan trastornos de conducta en Andalucía

2012-02-05T21:00:00.001+01:00

Centros de protección de menores en situación de desamparo que presentan trastornos de conducta en Andalucía

Fecha: 01/02/2012

Autor: Grupo de trabajo: Carlos Belda Grindley, Consuelo Bustos Díaz, Antonio Molina Facio, Consuelo Muñoz Asencio y Mª Auxiliadora Trujillo Vega

Lugar de Edición: Sevilla

Editorial: Junta de Andalucía. Consejería para la Igualdad y Bienestar Social. Agencia de Servicios Sociales y

Año de edición: 2012

Descripción Física: gráf.

Páginas: 179 p.

Idioma: Español

Fuente: Observatorio de la Infancia en Andalucía (OIA)

Formato: Electrónico

Temáticas: Bienestar social, protección y prevención

Descriptores: trastornos de la conducta, centros de protección, Comunidad Autónoma de Andalucía, sistema de protección de menores, programas de protección de menores, acogimiento residencial, programas de intervención

Resumen:

Este informe pretende, por un lado, dar cuenta de la situación de los menores que presentan trastornos de conducta en los centros de acogimiento residencial dependientes de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social de Andalucía y por otro, ofrecer una propuesta de Modelo de Intervención y Protocolo de Derivación a estos centros.

Distintas instituciones de ámbito nacional e internacional han indicado la necesidad de contar con una regulación específica de estos centros residenciales de menores que contemplen la utilización de medidas de contención de carácter no sancionador (resumen sacado del propio informe).

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El Observatorio de los Derechos de los niños, niñas y jóvenes en Honduras, presenta el informe Diciembre 2011, donde se analiza la situación de derechos de los niños, niñas y jóvenes en materia de educación, salud y protección.

2012-02-05T13:22:00.001+01:00

http://www.casa-alianza.org.hn/

Casa Alianza Honduras

El Observatorio de los Derechos de los niños, niñas y jóvenes en Honduras, presenta el informe Diciembre 2011, donde se analiza la situación de derechos de los niños, niñas y jóvenes en materia de educación, salud y protección.

- En materia educativa se ha informado que más de 19,000 estudiantes de secundaria y de diversas carreras se graduaron con apenas 120 días de clases en el año 2011, debido a los constantes paros de labores de los maestros.

- En lo relativo a la salud, pese a las prohibiciones de uso y comercialización de pólvora, los medios de comunicación ya han informado de varios casos de niños gravemente lesionados a causa de quemaduras provocadas por la pólvora. Según informa el diario El Heraldo del 28 de diciembre de 2011, 12 menores resultaron quemados por el uso de pólvora durante las navidades.

Leer informe

Jueces por la Democracia valora las medidas propuestas por Gallardón MADRID, 02 de FEBRERO de 2012 - LAWYERPRESS

2012-02-05T13:13:00.001+01:00

Jueces por la Democracia valora las medidas propuestas por Gallardón

MADRID, 02 de FEBRERO de 2012 - LAWYERPRESS

La asociación Jueces por la Democracia ha emitido un comunicado en el cual hace un extenso análisis y valoración de las propuestas del Ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón. La asociación lamenta la falta de incremento de presupuesto y pide medidas como el desarrollo de los Tribunales de Instancia y la reestructuración de los Partidos Judiciales, al igual que una inmediata reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
1. Valoración global
A lo largo de los últimos años, ya decenios, la Administración de Justicia ha padecido el olvido de Gobiernos de uno y otro signo, que se han limitado a amalgamar, bien reformas legales parciales asistemáticas, bien proyectos iniciados sin rigor y capacidad o voluntad real de llevarlos a término. Reclamamos, una vez más, que los problemas estructurales de la Justicia ocupen el lugar que merecen en la agenda política como insoslayable cuestión de Estado. Es imprescindible el empuje de todas las personas implicadas en un proyecto que, o se acomete colectivamente, o no permitirá avances sólidos y con proyección real de futuro. Por este motivo, desde ahora, debemos advertir que la mayoría absoluta de que disfruta el Gobierno del Partido Popular no lo exime de la necesidad de procurar los consensos necesarios que exige el abordaje de una cuestión de esta envergadura. El anuncio de un conjunto heterogéneo de medidas, sin la previa apertura de un diálogo amplio, no es un buen principio para iniciar esta andadura. Desde Jueces para la Democracia hacemos un llamamiento al diálogo y a la búsqueda del consenso para hacer un diagnóstico compartido y aplicar el tratamiento preciso para dar solución a los males, ya endémicos, de la Justicia.
En la comparecencia celebrada en la Comisión de Justicia del Congreso el pasado día 25 de enero de 2012, el Ministro de Justicia anunció una serie de reformas que deben vertebrar la acción del Gobierno del Partido Popular en este ámbito en los próximos años. No observamos en el paquete de medidas un hilo conductor más allá del efectismo populista que acompaña a muchas de ellas. Se muestra claramente que la Justicia no es sentida como una prioridad, como servicio público esencial para la ciudadanía, y las propuestas más bien parecen buscar titulares que la asunción de la necesidad de una reforma sistemática.
A nuestro juicio, las propuestas giran sobre tres ejes: a) Recortes en la Administración de Justicia y presentación como novedosas de viejas propuestas; b) Aumento de la represión penal, que se instrumentaliza de manera descarnadamente simbólica; y, c) Modificaciones jurídico-políticas de gran calado, sin consenso ni pretensión de unidad.
2. Recortes, viejos proyectos y silencios
Las propuestas del Ministro parecen promover una Justicia apresurada y previo pago de quien tenga recursos para sufragársela. Es compartida la necesidad de reducir el número de asuntos que llegan a la jurisdicción, tanto por vía de mecanismos de acuerdo o solución extrajudiciales, como mediante la regulación de las materias que deben ser resueltas en sede judicial. Sin embargo la propuesta actúa recortando el acceso de quienes menos recursos tengan o recortando las garantías procesales de las partes en aras de una supuesta celeridad. No es aceptable el copago para obtener tutela judicial. Debemos prestar especial atención a la plasmación normativa de las modificaciones apuntadas, especialmente respecto de aquellas que puedan configurarse como impedimentos u obstáculos en el ejercicio de los derechos por los justiciables. Nos referimos al anuncio de la creación de tasas y depósitos para litigar; o de los novedosos juicios rápidos en la jurisdicción civil. Porque una cosa es procurar la agilidad en la tramitación del procedimiento, y otra pretenderlo a costa de la merma del derecho a la tutela judicial. Sin olvidar que medidas de este tipo ordinariamente afectan a quienes menos recursos económicos tienen. Por ello, habrá que esperar a la concreción de las medidas propuestas para su adecuada crítica. En cualquier caso y de modo general, hay que advertir que no toda reforma que suponga una mayor celeridad o acortamiento de los plazos procesales debe ser necesariamente bien acogida por esta sola circunstancia, puesto que, por obvio que parezca, hay que recordar que en el proceso civil hay dos partes, y medidas como las apuntadas suelen beneficiar a una de ellas (en términos de rapidez en la obtención de una resolución judicial firme) y perjudicar a la otra (en términos de garantías procesales). Normalmente se beneficia a quien más medios tiene para procurarse mecanismos de defensa y se perjudica a quien carece de ellos, o los tiene en menor medida.
A título de ejemplo, si analizamos someramente el estado actual del proceso civil y los privilegios procesales reconocidos por el legislador, vemos que, tras las recientes reformas legislativas en materia de desahucios, el propietario que arrienda un inmueble puede obtener en un corto espacio de tiempo una resolución judicial firme de lanzamiento de la vivienda sin necesitar siquiera la intervención de un juez, al ser suficiente la del secretario judicial unida al silencio (real o ficticio) del arrendatario. Asimismo, el prestamista de dinero, en caso de impago por el prestatario, no necesita, como sucede en la mayoría casos ordinarios, seguir un proceso declarativo en el que un juez declare su derecho, sino que puede acudir directamente a un proceso de ejecución en el que las posibilidades de oposición del prestatario se ven seriamente limitadas. Por último, cuando el propietario de bien inmueble y prestamista de capital coinciden en un proceso (como sucede en la ejecución hipotecaria), el legislador privilegia hasta el extremo máximo la posición del segundo, en claro perjuicio del primero, puesto que no sólo puede acudir directamente a un proceso de ejecución sin declaración judicial previa, sino que las posibilidades de oposición del ejecutado son prácticamente nulas (sin mencionar el privilegio añadido de poder adjudicarse el inmueble por el 50 ó 60 % del valor de tasación, subsistiendo el resto de la deuda).
Ante este estado de cosas actual, nos preguntamos a qué tipo de medidas afectarán los anunciados juicios rápidos, es decir, a qué tipo de acciones serán aplicables; siendo evidente que no podrá aplicarse a todas las acciones (puesto que en tal caso sería necesariamente ineficaz la reforma), el legislador tendrá que elegir y la elección no podrá justificarse, como suele ser habitual, en asépticas (y parcialmente falsas) aspiraciones de celeridad. Desde JpD estaremos atentos al trasfondo social de la elección que haga el legislador y en caso de basarse en los mismos criterios de las últimas reformas procesales (si es que queda margen normativo para ello, lo que es ciertamente dudoso), lo denunciaremos abiertamente y con toda claridad.
Desde otra perspectiva, sin la racionalización de la organización judicial, no se mejorará la respuesta tampoco en los tiempos procesales. No basta la reforma de un precepto para reducir las montañas de papel que inundan los Juzgados.
Junto a los recortes de derechos que podrían significar las anteriores, se recuperan como si fueran novedosas, algunas propuestas como la modificación de la organización y planta judicial, la introducción de medidas de agilización procesal, la aprobación de normativa en materia de mediación, o la jurisdicción voluntaria (“medidas de desjudicialización”). Son aspectos cuya necesidad se venía reclamando desde antiguo desde JpD. De hecho la Ley de Enjuiciamiento Civil de 2000, hace más de diez años, ya preveía la aprobación de una norma de jurisdicción voluntaria que nunca llegó a aprobarse. En la reunión que el pasado día 18 de enero de 2012 tuvo lugar en el Consejo General del Poder Judicial, las asociaciones judiciales convinieron como prioritarias en el ámbito de la Administración de Justicia algunas de estas medidas. Y de algunas, ya existen proyectos elaborados. Llamamos al Ministro a la coordinación con quienes llevamos tiempo trabajando en este ámbito para afrontarlas con rigor y unidas sistemáticamente a otras respuestas más estructurales. Ahora bien, debemos advertir que no aceptaremos reformas que supongan reducción del control judicial de los derechos de las partes, privatización de servicios públicos asociados a la Justicia o atribución de competencias a Registradores o Notarios en materias como la jurisdicción voluntaria que implique de hecho un encarecimiento de estos servicios. Desjudicializar no equivale a privatizar o a mermar garantías, y es exigible el respaldo público de prestaciones que no pueden quedar sometidas al dictado del mercado.
Por lo que respecta a la Planta Judicial, entendemos que la reforma de la LPYDJ no puede reducirse a una simple fusión de partidos judiciales para unificar instalaciones y ahorrar costes. La reforma tiene que tener en el horizonte una visión completa de la Administración de Justicia coherente con los tiempos y la ciudadanía a la que presta servicio. Instamos a que la reforma en esta materia tenga en cuenta los siguientes puntos de partida:
-Elemento territorial. La reorganización del Partido judicial como unidad básica de actuación jurisdiccional debe llevarse a cabo teniendo en cuenta criterios poblacionales, extensión geográfica de las unidades resultantes e infraestructuras de comunicación. La justicia dispensada en primera instancia debe ser un servicio próximo a la ciudadanía, proximidad que debe leerse a la luz de los tiempos actuales, pero que no puede tener como efecto una centralización arbitraria que suponga una carga tal que comprometa el acceso a la tutela judicial efectiva;
-Elemento institucional. Los juzgados de cada Partido judicial, que en muchos casos asumirán una mayor demarcación y con ello el aumento de planta, deberán sufrir internamente una reorganización en dos niveles inescindibles:
Necesaria implantación generalizada de la Nueva Oficina Judicial. No es concebible abordar una reforma de los partidos judiciales sin que la reorganización de medios personales pase por la reestructuración administrativa de la Oficina judicial. Una reforma de profundidad requerirá incluso nuevos espacios físicos y sería incomprensible que la integración de personal y medios se hiciese de forma diferente a lo establecido en la NOJ. Ello es una exigencia de una Administración de justicia eficaz y eficiente.
Implantación de los Tribunales de Instancia. La convergencia de unidades judiciales en partidos más amplios y con la agregación de nuevos órganos judiciales unipersonales hace no sólo viable sino imprescindible la adopción de esta forma de organización jurisdiccional tanto por criterios de eficiencia y economía en el plano administrativo como de seguridad jurídica en el plano jurisdiccional.
-Elemento personal. La fusión o agregación de Partidos judiciales por sí sola no va a hacer descender el número de litigios, y las alternativas a la judicialización de los conflictos tampoco serán suficientes para bajar la tasa de pendencia y el tiempo de resolución de conflictos a estándares aceptables para dispensar una tutela judicial efectiva en un tiempo razonable. Por ello como medida complementaria indispensable a la reorganización de la demarcación y planta se hace la creación de nuevas plazas de jueces/as y magistrados/as, que al producirse en el seno de un partido judicial reorganizado no tendría que ir en todo caso pareja a la creación de una oficina judicial nueva, como venía sucediendo hasta ahora en los órganos unipersonales. Ello permitirá, con una mayor economía de medios dar una respuesta jurisdiccional más ágil en los juzgados con más carga de trabajo. La concepción de los Partidos articulados en torno a los Tribunales de instancia y la NOJ también implicaría una nueva concepción de los jueces/as de adscripción territorial e incluso las comisiones de servicio como refuerzo de juzgados servidos por titulares en activo, puesto que se diluiría la relación a veces patrimonialista establecida entre jueces y oficina y el difícil encaje de los jueces/zas y magistrados/as de refuerzo en su actuación jurisdiccional.
Así pues sólo desde una perspectiva integral se puede abordar con seriedad el debate de la reorganización de los Partidos judiciales. Sin las premisas anteriores, la mera fusión de demarcaciones para abaratar costes responde a una lógica mercantilista de la gestión del servicio público alejada de las necesidades de la ciudadanía y a la que JD no prestará su complicidad porque está en juego no sólo un servicio esencial, sino el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, que se verá menoscabado de forma irremediable
En cuanto al nuevo Código Mercantil, esta materia adolece en general de una excesiva dispersión que dificulta su conocimiento e interpretación, por lo que puede ser positivo un cierto grado de unificación, junto con la necesaria modernización ajustada a las nuevas realidades económicas, como se venía exigiendo desde hace mucho tiempo. Ello no obstante, la pretendida unidad de mercado anunciada deberá perseguirse en todo caso con el necesario respeto a la diversidad normativa reconocida constitucionalmente a los territorios pertenecientes al Estado español que dispongan de derecho propio.
A lo anterior, se añade nuestra preocupación por los silencios. Resulta criticable la ausencia del anuncio de la modificación de la estructura de los órganos judiciales, mediante la creación de los Tribunales de Instancia salvando los aspectos erróneos que pudiera tener la propuesta del anterior Gobierno y denunciados desde la Judicatura. Cabe considerar que en el ámbito judicial se ha llegado a la aceptación general de que esta modificación, con tales advertencias, resulta absolutamente necesaria. La crítica es mayor cuando tampoco se alude a una necesidad también irrenunciable, cual es la creación de plazas judiciales para acometer la cada vez más inabarcable carga de trabajo, de crecimiento incesante, por causas conocidas, de aumento de litigiosidad en el marco de la crisis económica. Mucho nos tememos que la actuación del Gobierno no vaya por esa vía.
Otro de los aspectos silenciados es el desarrollo de la Nueva Oficina Judicial, y que desde luego, junto al desarrollo del expediente digital, resulta de atención absolutamente necesaria. Es necesaria la implantación generalizada de la Nueva Oficina Judicial de forma coordinada con el CGPJ y la Judicatura en general, en línea con lo indicado antes.
Finalmente, en la subespecie de los medios silencios, valoramos negativamente la filosofía que inspira la anunciada reforma LECR que sólo afectará, al parecer, a aspectos parciales. Es imprescindible abordar una reforma estructural del proceso penal con la pretensión de dar solución a una situación insostenible, caracterizada por una fase de investigación que se ha demostrado ineficaz y altamente disfuncional y la existencia de un intolerable déficit regulativo en materia de admisión, formación, validez y condiciones de eficacia de los diferentes medios de prueba. La vigente Ley de Enjuiciamiento Criminal de 1882 ha sido objeto de diversas reformas parciales a modo de “parches” desde la entrada en vigor de la Constitución de 1978 que no han afrontado rigurosamente las exigencias que impone una materia altamente sensible por su conexión con los derechos fundamentales de la ciudadanía. Dicho déficit regulativo ha intentado ser suplido por la jurisprudencia de la Sala II del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional, que han ido elaborando un cuerpo de doctrina de tal envergadura que puede hablarse, sin ninguna duda, de la existencia de un verdadero ordenamiento jurídico oculto, pues sólo acudiendo a la jurisprudencia podrá conocerse el estado actual en materia probatoria. Ello genera, problemas insalvables de incerteza, inseguridad, dispersión e incongruencia merced a las oscilaciones de la inestable doctrina de los tribunales. En esta línea, instamos al Ministro a que retome el Anteproyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal elaborado por el anterior Gobierno, cuya regulación constituía un evidente avance en materia de garantías procesales, regulando con detalle los medios de investigación, las medidas cautelares que pueden adoptarse, y el estatuto de la defensa, reconociendo el papel central que las personas investigadas y acusadas tienen en el proceso, que dejan de ser concebidas como meros objetos de prueba para convertirse en verdaderos sujetos del proceso.
La nueva Ley reguladora de la jurisdicción social estableció nuevas competencias para esta jurisdicción, con el consiguiente incremento de la carga de trabajo que dichos órganos deben acumular al derivado de la situación de crisis que ya desbordó su capacidad de gestión. Para garantizar los derechos de ciudadanos que acuden necesariamente a la jurisdicción social es preciso que la misma mantenga la agilidad y el dinamismo que siempre le ha caracterizado.
3. Aumento de la represión penal en busca de titulares.
Una de las responsabilidades fundamentales de un dirigente político democrático es la de no someterse a (o peor aún, fomentar) las exigencias de quienes, en momentos de natural dolor, reclaman exclusivamente represión y venganza. El avance de una legislación penal razonable exige que se defiendan principios de trato humano en la penalidad y se estudien los efectos criminógenos reales de las medidas que se proponen, lo que requiere tiempo para la reflexión. Como la realidad demuestra tozudamente, no se reduce el crimen mediante el endurecimiento de la represión. Los titulares de “ley y orden”, sólo sirven para jugar con las expectativas de quienes han sido víctimas del delito.
Las medidas anunciadas en el ámbito penal no resultan novedosas por haber sido objeto de propaganda previa al cambio de Gobierno. Nos encontramos nuevamente ante el uso del Derecho Penal como único instrumento de política criminal, olvidando otras técnicas o instrumentos que debieran emplearse para atacar el sustrato de la criminalidad. Pero, además, este uso, en los últimos tiempos, es siempre de tenor represivo. Y también ahora, mediante el incremento de penas, o de conductas definidas como delito. Las propias palabras del Ministro, explicativas de estas reformas, son muestra de lo que se indica. Si realmente se quiere reducir la tasa de delincuencia (inferior, por otra parte, a la de otros países de nuestro entorno), mejoremos el instrumental procesal y dotemos de racionalidad al sistema de investigación y enjuiciamiento; lo que pasa, frente a lecturas tergiversadoras, por mejorar las garantías del proceso pues ellas también son garantías de mejora en la eficacia de la respuesta penal. Se cuenta con un Anteproyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal que es un instrumento de gran calidad técnica y puede ser un punto de inicio en el diálogo sobre la reforma tantas veces pedida y tantas veces postergada. Tiene el señor Gallardón la posibilidad de que seamos europeos no sólo en deportes sino también en garantías procesales, eficacia de la actuación penal y protección de las víctimas.
Especialmente preocupante es el anuncio de la regulación de la pena de “prisión permanente revisable”, que se dice similar a la existente en otros países europeos para casos excepcionales hayan causado una gran alarma social. La alegación de este último motivo para justificar supuestos de aplicación de la futura pena, resulta, no ya preocupante, sino temible. Supone el manejo de criterios de política criminal ajenos a mínimos parámetros de racionalidad. Sobre una realidad normativa de un Código Penal vigente que ya contempla una pena de cumplimiento efectivo por espacio de nada menos que 40 años de prisión, que supone de facto, dada la esperanza de vida humana, una auténtica cadena perpetua; la nueva figura resulta regresiva, innecesaria, y de una dureza que no se justifica sino por meros motivos de interés partidista, en orden a remunerar réditos obtenidos como consecuencia de un discurso securitario en materia penal, que exagera los datos negativos de la delincuencia, mediante una propaganda eficaz que deforma la percepción social del riesgo.
No menos preocupante es la pretensión de reforma de la legislación de menores. En síntesis, porque todo apunta a la intención de extraer su enjuiciamiento de los Juzgados de Menores para su celebración en el Juzgado de lo Penal o en la Audiencia Provincial, con merma evidente de la filosofía que inspira la Ley de Responsabilidad Penal del Menor (reformada, por otra parte, en cinco ocasiones en algo más de 10 años de vigencia, siempre a golpe de titular mediático y siempre en una dirección opuesta a su finalidad tuitiva y reeducadora). El enjuiciamiento conjunto rompe el principio de competencia exclusiva, y en su trasfondo está el vaciamiento de los principios básicos de dicha ley que materialmente no es penal. Extraer a los menores de la investigación y enjuiciamiento de la referida normativa, supone trasladar las causas a los Juzgados de Instrucción y a los Juzgados de lo Penal, aunque se aplique la legislación de menores; esto es, aproximarlos peligrosamente hacia los parámetros penales de la jurisdicción de adultos.
Mención especial merece la modificación en materia de aborto, reflejo de una necesidad inexistente que busca, a costa del incremento de la criminalización, satisfacer determinadas opciones ideológicas muy conservadoras. Todo ello, restringiendo derechos y libertades de las mujeres, cuyo logro fue costoso, lo que supondrá un retroceso evidente a estadios ya afortunadamente superados. De hecho, es ya sintomático que se trate el problema del aborto en el capítulo penal y se someta a las mujeres que se encuentran en esa tesitura al dictado del Ministerio de Justicia y no al de Sanidad, que sería su sede natural. No es un problema de creencias personales o de defensa de posicionamientos morales de un determinado sesgo, sino de la construcción de un espacio público en donde puedan coexistir diferentes creencias sin sancionar penalmente a quien no acepte los dictados de una u otra confesión religiosa. Sea cual sea la opinión que se sostenga sobre el aborto, el Derecho Penal no es el lugar de resolución de ese dilema. Volver a la situación anterior a la actual Ley Orgánica 2/10 supone un claro retroceso para las mujeres que se verán sometidas a injerencias de terceras personas en la toma de decisión sobre una cuestión tan íntima y privada como el de su maternidad o la interrupción voluntaria de su embarazo, que tendrán menos seguridad jurídica con una vuelta a una regulación poco clara y con lagunas, que tendrán un acceso desigual en función del territorio a la prestación sanitaria para la interrupción del embarazo y que en ocasiones se verán forzadas a asumir la maternidad en contra de su voluntad o bien a la práctica de abortos clandestinos. La actual regulación de la interrupción voluntaria del embarazo tiene una dimensión multidisciplinar que permite conjugar el derecho de la vida prenatal, el ejercicio de la objeción de conciencia de los profesionales sanitarios y el derecho de las mujeres gestantes a decidir con autonomía, tras una previa información, la interrupción de su embarazo dentro de un plazo de 14 semanas, conteniendo una regulación clara para los supuestos de interrupción del embarazo por causas médicas ajena a cualquier condicionamiento moral o ideológico.
Se ha anunciado igualmente la regulación de un estatuto de las víctimas. Esta regulación no puede abordarse al margen de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, siendo por tanto necesaria una reforma integral de ésta, una nueva ley procesal, como indicamos al principio. La víctima debe ser atendida por el Estado, acompañada y atendida en toda su problemática, pero la atención a la misma no se resuelve corresponsabilizándola del ejercicio del deber estatal de persecución de delitos. El Estado debe asumir su función en la persecución penal, mantenerla informada y no dañarla en el proceso, pero la atención a la víctima no debe confundirse con erigirla en protagonista del proceso penal. Incrustar a la víctima indiscriminadamente en el procedimiento supone anclarla en el momento doloroso que tuvo que vivir, esconde la ausencia de ayudas a la misma e introduce criterios de venganza en un Derecho que debe abandonar semejantes patrones. En esta línea, la protección no debe, no puede reducirse a la regulación normativa de sus derechos, sino que pasa por la adopción de aquellas medidas que garanticen su efectividad. La protección no se agota en el proceso penal, sino que se extiende al ámbito asistencial, psicológico y sanitario. En tal sentido, precisamente el reciente cierre de centros de acogida para mujeres víctimas de la violencia de género en algunas Comunidades Autónomas, es un factor generador de gran desamparo.
Por último, se ha anunciado que se abordará con la máxima prioridad la reforma de la multirreincidencia. A falta de mayor concreción, todo apunta a que, al igual que las otras propuestas analizadas anteriormente, es otro paso más en el endurecimiento de la legislación penal, y otro avance del populismo punitivo. Esa medida no es eficaz, aumenta exponencialmente las penas alejándose de las diferencias del caso concreto y no ayuda a resolver nuevos hechos. Por la senda de esos anuncios se ganarán nuevos titulares pero no se obtendrán cambios en la situación vivida por la sociedad
4. Reformas que afectan a órganos constitucionales sin respetar los consensos plurales que se habían construido.
La modificación de la LOPJ, en lo que atañe al procedimiento de nombramiento de los vocales del CGPJ de extracción judicial es defendida como necesaria a fin de evitar la “politización de la justicia” y la “independencia judicial”. Resulta ciertamente paradójico que se haya presentado el problema como algo ajeno a la fuerza política que ahora gobierna, como si su actuación política en años pasados no hubiera sido uno de los factores determinante en los problemas de todos conocidos. En esta materia partimos del reconocimiento de un hecho incontestable: el de que la puesta en práctica de los tres modelos ensayados (el primero, de elección directa de esos 12 miembros “por y entre” personas integrantes de la carrera judicial, vigente hasta 1982; el segundo, de elección parlamentaria de esos 12 miembros de origen judicial, vigente hasta 2003; y el tercero, producto de un Pacto de Estado firmado también por el Partido Popular, de designación de candidatos por la carrera judicial y elección de entre ellos por el Parlamento), ha evidenciado la existencia de serias disfunciones. El CGPJ, no debemos olvidarlo, no es una institución corporativa de representación de la carrera judicial, sino su órgano de gobierno. La justicia emana del pueblo, como proclama el artículo 117 CE, por lo que ni el diseño de la política judicial ni las cuestiones afectantes al estatuto de sus miembros (nombramientos, ascensos, inspección y régimen disciplinario, entre otros), constituyen un “coto vedado” a la ciudadanía disponible sólo para la judicatura. Partiendo de tal premisa, consideramos, no obstante, que los sistemas de elección parlamentaria han fallado fundamentalmente como consecuencia de su utilización partidista por los partidos políticos y por la actuación de las personas designadas como vocales, que, con excepciones, se han mostrado indecorosamente receptivas a las indicaciones y sugerencias provenientes de quienes los nombraron. El conjunto de estas circunstancias ha debilitado la posición institucional y la credibilidad del CGPJ como institución de garantía de la independencia judicial. Ahora bien, la elección “por y entre” miembros de la carrera judicial desplaza el riesgo de politización partidista al seno de la propia judicatura, como puso claramente de relieve el sistema vigente hasta 1982 que convirtió al CGPJ en un contrapoder en el peor sentido del término. La elección corporativa no convertirá al órgano en “apolítico”, lo que es imposible al tener encomendada altas funciones políticas, ni eludirá el riesgo partidista, pues quienes integramos la judicatura, como cualquier ciudadano, tenemos concepciones políticas diversas que imprimen contenidos distintos a la política judicial. Es necesario avanzar una reflexión sobre estos modelos, reconociendo los peligros y errores de cada uno de ellos, pero lo que hay en cuestión no es un mero sistema de gestión u organización sino un órgano constitucional básico que interrelaciona el Poder Judicial con la Sociedad de la que emana su poder. Cualquier opción debe partir de la necesaria influencia social en toda institución de poder y del reconocimiento explícito y eficaz de la pluralidad como valor superior de nuestro ordenamiento. Si lo que se pretende con la reforma es laminar las diferencias mediante sistemas mayoritarios que silencien a quien no acate mayorías, nos opondremos firmemente. Compartimos la necesidad de combatir la instrumentalización partidista del CGPJ, pero también la de combatir el cierre del mismo para disfrute de un grupo cerrado de parte de organizaciones judiciales.
Debemos rechazar la propuesta de designación vitalicia de los Magistrados y Magistradas del Tribunal Constitucional. Como se ha dicho en algún lugar, las malas costumbres se corrigen con nuevas buenas costumbres, no con leyes autoimpuestas, leyes que se justifican precisamente porque persiste la voluntad de continuar de la misma manera, de no cambiar. Ninguna ley puede poner remedio a una realidad que se alimenta y continúa alimentándose de malas costumbres. Los problemas que plantea la renovación de las vacantes del órgano no derivan de la regulación vigente, sino de una deficiente comprensión de la democracia que ha llevado a los partidos políticos a trasladar las lógicas partidistas a la composición de institución claves para el sistema. Y conocidas son las “maniobras de bloqueo” que el partido ahora gobernante, ha llevado a cabo recientemente, coadyuvando así al pretendido desprestigio del Tribunal Constitucional que ahora se defiende corregir. La designación vitalicia puede tener sentido en otros sistemas con diferente estructura político organizativa. Ahora bien, en el nuestro, puede determinar la conformación de un órgano anquilosado que no sepa adaptar su jurisprudencia a los cambios permanentes que vive nuestra sociedad.
5. Conclusiones
En conclusión, con la publicitación por el Ministro de Justicia de las futuras reformas que el actual Gobierno pretende acometer en el ámbito de la justicia, se pone de manifiesto, una vez más, que quienes deben asumir responsabilidades en materia de Justicia, no emprenden las acciones normativas y presupuestarias necesarias a fin de corregir la grave situación por la que ésta atraviesa. En una primera aproximación, y sin perjuicio de realizar un estudio más profundo de las reformas apuntadas en el momento en que sean conocidos sus detalles, esta asociación debe manifestar que se yerra en la elección de los aspectos que deben ser prioritarios para mejorar la pésima situación de la Administración de Justicia, tal y como hemos ido analizando. En el aspecto organizativo, es sustancial el desarrollo de los Tribunales de Instancia y la reestructuración de los Partidos Judiciales. Pero también desplegar la Nueva Oficina Judicial e instaurar el expediente digital. En el ámbito penal, nada aportan las modificaciones regresivas que obedecen a motivos de índole simbólica, mientras que resulta inaplazable promulgar una nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal. En todas ellas se yerra cuando se acude a anuncios propagandísticos para dar imagen de fortaleza, dándose más imagen de cerrazón y soledad por no pretender dialogar con quienes llevamos años trabajando por una Justicia más eficaz, más justa y más próxima a la ciudadanía.
Por nuestra parte, mostramos nuestra disposición a que la regulación futura no constituya una suerte de sacrificio de las libertades y de los derechos ciudadanos alcanzados, y a oponernos y cuestionar todo lo que suponga una merma o quebranto de los dichos derechos en el ámbito de la Administración de Justicia, ofreciéndonos para dialogar en lo que se pueda aportar desde la experiencia acumulada por esta Asociación y, en general por la Carrera Judicial.

STEDH (Sección 5ª) de 19 de enero de 2012. La retención de extranjeros menores con sus padres en un centro es contrario al respeto de la vida en familia.

2012-02-02T22:46:00.001+01:00

Tipo: Sentencia Localización: Tribunal Europeo de derechos humanos Materia: Menores Fecha: 19/01/2012 Número de recurso: 39472/07 y 39474/07

Comentario: STEDH (Sección 5ª) de 19 de enero de 2012. Popov contra France. Recursos 39472/07 et 39474/07. La retención de extranjeros menores con sus padres en un centro es contrario al respeto de la vida en familia.

Texto completo.
Resumen de prensa (archivo asociado).

Comentario: Enfants étrangers retenus: la France condamnée sévère.

Jurisprudencia relacionada:

Ficheros Asociados

Asunto Popov c. France. (161 KB)

Los derechos universales según el Gobierno de España y el programa Aktion T4

2012-01-29T11:20:00.001+01:00

Los derechos universales según el Gobierno de España y el programa Aktion T4

Escrito por Daniel Comin

http://autismodiario.org/2012/01/23/los-derechos-universales-segun-el-gobierno-de-espana-y-el-programa-aktion-t4/comment-page-1/#comment-2690

Afiche de propaganda nazi: "60000 RM es lo que esta persona que sufre de defectos hereditarios cuesta a la comunidad alemana durante toda su vida. Conciudadano, ese también es su dinero. Lea Neues Volk, la revista mensual de la Oficina de políticas raciales del NSDAP".

En el año 1939 el régimen Nazi ponía en marcha el programa Aktion T4, el citado programa tenía como objetivo aplicar un sistema de “eutanasia” sobre las personas que tuviesen una discapacidad o enfermedad que los convirtiese en poco útiles para la sociedad germana, y por tanto excesivamente caros de mantener. Bajo ese pretexto y durante el tiempo de vigencia del diabólico programa se estima que alrededor 280.000 personas fueron torturadas y asesinadas, de las cuales unas 5.000 tenían menos de 10 años y unas 10.000 eran adolescentes. Para justificar esta acción criminal se presentaba a estas personas como “Vidas indignas de ser vividas” y cuyo asesinato era una acción tanto de compasión hacia el enfermo como en beneficio de la comunidad en general. Bajo el pretexto del alto coste de estas personas para la sociedad y la limpieza étnica se permitió tal genocidio. El director de la “Institución para Débiles Mentales”, Ewald Meltzer, decía con total tranquilidad “a pesar del amor a la vida que parecen tener estos idiotas incurables” lo más conveniente era eliminar tales vidas “inútiles”.

Cuestiones raciales por una parte y económicas por otra mantuvieron este programa activo, ante la pasividad total de casi todo el mundo. Pero con lo que no contaba el régimen Nazi era la fuerte oposición popular que los familiares de las víctimas iban a presentar, o incluso que desde algunos púlpitos tanto católicos como protestantes se iniciaran auténticas campañas en contra. En 1941, y ante la inusitada presión, el programa Aktion T4 se suspende oficialmente (aunque las actividades de asesinato continuaron de forma más discreta). Muchos de los opositores fueron encarcelados, asesinados o enviados al frente Ruso. Apenas unos pocos consiguieron contarlo.

Tal y como decía una gran profesora de historia “Conocer el pasado nos ayudará a comprender el presente y evitar caer en los mismos errores”, pues entonces los conocimientos de historia deben ser muy malos, o la memoria corta. Básicamente en la actualidad y en base a esta “presunta” crisis económica lo que se hace es ir a por los más débiles de la sociedad y eliminarles sus derechos. Ya que al parecer son muy costosos para la sociedad en general. Y estos derechos son de los teóricamente universales, “salud y educación”. Mi esposa (que tiene unas salidas muy espontáneas y muy buenas, de esas que solo tienen las madres) me dejó muy claro que la mejor medicina para un niño con autismo es ir al colegio.

El Estado pone en marcha todos sus instrumentos para que los ciudadanos díscolos, esos que al parecer sí estaban atentos en clase de historia, sean callados a la mayor brevedad posible. Los presionan, amenazan, persiguen, ponen al resto de la “sociedad” en su contra, los acusan de malos padres,…., por el mero hecho de sencillamente exigir unos derechos para sus hijos. O en otros casos nos dan pequeñas migajas, para que estemos calladitos. Nos invitan a un invento de aulas mixtas, que están a medio camino entre lo malo y lo peor. Aulas de integración, enclave, TEA, CYL, y no sé cuantos nombres más. Aulas que en la mayoría de los casos no son más que una aula de educación especial en un centro ordinario, pero que además no tienen los medios del centro de educación especial. Con ratios imposibles, perfiles muy diversos mezclados, con profesionales que por buenos que sean al final se queman. Y mientras, el tiempo pasa y tú te callas porque crees que conseguiste algo. Tu hijo está donde se supone que debe estar. Hasta que llegue la secundaria, eso si aguanta claro. Luego el dictamen de escolarización cambia por arte de birlibirloque, y a educación especial. Al gueto del cual conseguiste escapar, pero al final, los chicos de la Gestapo te han pillado.

Esto es jugar al gato y al ratón, donde el gato es el Estado y el ratón es tu hijo. Y no nos damos cuenta que con el jueguecito de marras el tiempo pasa a favor del Estado y en contra de tu hijo. Y al final, cuando ya es tarde, te das cuenta que perdiste la partida. Que te dieron migajas para callarte la boca, pero cuando regresaste a la casilla de salida, descubres que los chicos de la Gestapo sencillamente te dejaron tener tus berrinches mientras ellos se meaban de la risa viendo como otra mami histérica gritaba pensando que defendía a su hijo, cuando en realidad estaba jugando al juego sádico de “Aktion T4”.

Y quizá muchos piensen que la comparación es una exageración, y a lo mejor tienen razón, pero la verdad al final se empeña en aflorar. El el 39 se propusieron “apartar” a unas 250.000 personas del sistema. Y pensaron que matarlas era una buena idea. Y lo hicieron. Hoy en vez de matarnos sencillamente nos esconden, nos apartan, nos convierten en ciudadanos sin derechos. Nos segregan. Y lo están haciendo.

Y mientras un grupo de ciudadanos pierde derechos de forma sistemática, son perseguidos, acosados y coaccionados, el resto de los ciudadanos sencillamente mira hacia otro lado. Y por eso estamos como estamos, porque somos como somos. La sociedad actual debe madurar mucho todavía, debe ser capaz de comprender que los derechos han de ser los mismos para todos. Un ejemplo muy reciente es el referido a las manifestaciones multitudinarias que los maestros ha llevado a cabo por el recorte de sus salarios y de los presupuestos en educación que hacen muy difícil dar una mínima calidad educativa. Y tienen toda la razón del mundo en manifestarse, es más, estoy totalmente de acuerdo con sus reivindicaciones, porque son justas y adecuadas. Pero, y el pero es lo importante, ¿por qué estos maestros no salieron a manifestarse ante el recorte de derechos de los alumnos con necesidades educativas especiales? ¿por qué los maestros no salieron a manifestarse para exigir el cumplimiento de la ley en lo referente a las ayudas necesarias para el correcto desenvolvimiento educativo en los centros ordinarios de los niños con necesidades educativas especiales? ¿por qué los padres que se sumaron a las protestas de los maestros no salieron a manifestarse para defender los derechos de nuestros hijos? Sencillamente porque no consideraban que debiesen defender esos derechos, no era algo que les afectase. Ha tenido que llegar el momento en que toquen el bolsillo del colectivo para que estos se movilicen y caigan en la cuenta de que ahora les toca a ellos. Y ahora les toca a ellos porque antes callaron, no consideraron que los derechos son los de todos y no los particulares. Necesitamos madurar, necesitamos entender que cuando a mi vecino le restringen sus libertadas, mañana nosotros vamos a ser los siguientes. Por eso, durante el régimen Nazi en Alemania pasó lo que pasó, porque nadie dijo nada cuando al vecino le restringían su libertad, sus derechos, cuando los segregaban.

Hoy nos venden una supuesta crisis que permite hacer cualquier cosa, que otorga patente de corso a las Administraciones. Los ciudadanos deben pagar los excesos de otros y además sin quejarse. Y aun y así, nadie dice nada, nadie hace nada. Y mientras, nos roban el futuro de nuestros hijos en nuestras propias narices. Nos hacen creer que nos escuchan, que les interesamos, pero la realidad es muy tozuda y se empeña en demostrar que esto no es verdad. Y al segregar a nuestros hijos, están segregando a los hijos de los demás.

No peleamos por el derecho de nuestros hijos a que puedan tener una educación inclusiva. No, peleamos por el derecho del resto de niños a conocer a nuestros hijos, a crecer en la diversidad, en la pluralidad. Luchamos por el derecho de TODOS a no ver etiquetas, a no ver diagnósticos, sino personas. Personas con los mismos derechos. Luchamos por un futuro mejor. Y por eso no nos callamos. Porque nos importan los derechos de todos.

La primera noche ellos se acercan y cogen una flor de nuestro jardín,

y no decimos nada.

La segunda noche ya no se esconden pisan las flores, matan nuestro perro

y no decimos nada.

Hasta que un día el más frágil de ellos entra sólo en nuestra casa,

nos roba la luna,

y conociendo nuestro miedo

nos arranca la voz de la garganta.

Y porque no dijimos nada

ya no podemos decir nada

Vladimir Maiakovski. Poeta ruso 1893-1930

Situación del menor en la Comunitat Valenciana: víctima e infractor

2012-01-28T20:02:00.001+01:00

Fecha: 01/05/2011

Autor: Iborra Marmolejo, Isabel

Otros autores: Rodríguez Martín, Ana ; Serrano Sarmiento, Ángela ; Martínez Sánchez, Pilar

Lugar de Edición: Valencia

Editorial: Universitat Internacional Valenciana (VIU) : Centro Reina Sofía

Año de edición: 2011

Descripción Física: gráf.

Páginas: 304 p.

Serie: Documentos ; 18

Idioma: Español

Fuente: Fundación Acción Familiar

Formato: Web

Observaciones: Informe realizado por la Universitat Internacional Valenciana (VIU) y el Centro Reina Sofía.

Temáticas: Convivencia y violencia

Descriptores: niños maltratados, abusos sexuales, malos tratos, Comunidad Valenciana, menores, violencia escolar, violencia doméstica

Resumen:

La violencia en cualquiera de sus expresiones y ámbitos limita los derechos y libertades de los ciudadanos constituyendo un grave problema social. En este marco, la violencia contra los menores o las infracciones cometidas por los mismos, merece una especial atención por parte de todos.

En estos casos suele ser habitual que conozcamos que existe el problema porque lo vemos en las noticias todos los días, pero hasta que no nos afecta directamente o a alguien de nuestro entorno no somos capaces de reaccionar o reflexionar sobre la gravedad de los hechos.

De ahí la importancia de este Informe sobre la Situación del menor en la Comunitat Valenciana: víctima e infractor, por su complejidad a la hora de poder llevarlo a cabo, pero al mismo tiempo por su exhaustividad y concreción a la hora de abordar la materia de la que se ocupa.

Se trata, como se desprende de este estudio, de un problema muy complejo y de gran envergadura que hay que intentar atajar desde todos los frentes posibles. Es por ello que este estudio centra sus análisis en todos los ámbitos en los que el menor puede ser víctima de violencia, o puede ejercerla, hasta el punto de poder ofrecer un perfil muy concreto en cada uno de los ámbitos que se analizan: el ámbito educativo o escolar, el familiar y el social.

Un trabajo pormenorizado y absolutamente riguroso que no sólo ofrece una radiografía nítida de la situación de los menores, víctimas o infractores, en la Comunitat Valenciana, sino que se convierte en un instrumento fundamental para abordar el análisis y las soluciones para paliar las situaciones de violencia en los menores.

Análisis, que arroja datos tan escalofriantes como que el 14,41 por cada 10.000 menores hayan sido víctimas de violencia, fundamentalmente las menores, y que un 27,08 por cada 10.000 menores sean infractores. Una violencia que suele ser maltrato físico o psíquico, pero donde también hay abusos sexuales o tipos de violencia de reciente aparición como el Ciberbullying (resumen sacado de la web de la Fundación Acción Familiar).

Ir a página web.

V CONGRESO MUNDIAL POR LOS DERECHOS DE LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA

2012-01-26T23:06:00.001+01:00

Enero 2012 - Boletín/Newsletter N° 3 -

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FECHAS IMPORTANTES/ IMPORTANT DATES

Fecha límite - Deadline Abstracts:

30 abril 2012

Fecha límite - Deadline Trabajos:

31 agosto 2012

Fecha límite -Deadline Coord. Foros:

31 marzo 2012

INSCRIPCIÓN

Ya está disponible el FORMULARIO para la inscripción desde este link.

Fecha límite: 30 sept 2012

"Infancia, Adolescencia y Cambio Social"

El título del "V Congreso Mundial, San Juan-2012" pretende que expertos de todo el mundo reflexionen acerca de la realidad de la infancia y adolescencia en el proceso de cambio social, con el objetivo de realizar un registro de cómo la cuestión de la infancia afecta y es afectada por las configuraciones de la familia, las políticas públicas, las instituciones educativas, los medios de comunicación y la industria cultural.

SEDE: San Juan, Arg.

Temario y Convocatoria de Abstracts

El Comité Científico definió el Temario con los diferentes Ejes a abordar en las CONFERENCIAS, PANELES y FOROS en que se desarrollará el V Congreso Mundial. Puede descargar desde AQUÍ.

La intensión de la convocatoria que se efectúa es profundizar y dar continuidad sistemática, en el marco de la agenda regional, de intercambio científico, académico y profesional para el avance transdisciplinario relacionado a la Protección de Derechos y la Defensa de Niñas, Niños y Adolescentes.

La propuesta pretende producir documentos, bibliografía, informes de experiencias de intervención y desarrollar líneas de investigación en los distintos campos de aplicación a partir de la cooperación entre diferentes profesionales, investigadores e instituciones.

Puede acceder al Temario y a las "Pautas y Condiciones" para las presentaciones desde la WEB o desde los siguientes links:

Presentaciones en México y Europa

Avances del "V Congreso Mundial por los Derechos de la Infancia y la Adolescencia" en Centroamérica y en la Comunidad Europea.

Con una nutrida agenda la Delegación del Comité Organizador realizó una gira de trabajo tanto el la Ciudad de México DF, como en la sede de Naciones Unidas en Ginebra, como en Bruselas con la Unión Europea y en el Reino Unido.

En ese marco se desarrollaron diversos encuentros informativos y de coordinación conjunta con representantes de Organismos Internacionales, Organizaciones de la Sociedad Civil y de la Academia.

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Presentación en la reunión de Niñ@Sur

En el marco de la XX Reunión de Altas Autoridades de DD.HH. y Cancillerías del MERCOSUR ampliado, desarrollada en Montevideo, se realizó una presentación, en la que se contaba con la presencia de las Autoridades de Infancia de Brasil, Paraguay, Uruguay, Chile, Colombia, Argentina y del Instituto Interamericano del Niño (IIN). Allí se decidió la Declaración de Interés del V Congreso Mundial, por parte de la Iniciativa Niñ@Sur.

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Compromiso de Universidades Argentinas

En reuniones de trabajo de la que participaron integrantes del Comité Organizador, quedaron definidos los próximos pasos a dar para que la Universidad Nacional de Rosario (UNR) y la Universidad Nacional del Litoral (UNL) se sumen a participar del V Congreso Mundial.

Las reuniones con el Vice rector de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) Lic. Eduardo Seminara y la Dra. Alicia González Saibene; y además con el Rector de la Universidad Nacional del Litoral (UNL) Albord Cantard, recientemente designado Presidente del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN); y el Decano de la Facultad de Humanidades y Ciencias Prof. Claudio Lizárraga; permitieron definir la presencia del Comité Organizador en la próxima reunión del CIN de marzo próximo.

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Declaraciones de Interés

El V Congreso Mundial por los Derechos de la Infancia y la Adolescencia cuenta con la Declaración de Interés del Ministerio de Educación de la República Argentina, por la Legislaturas de las Provincias de San Juan y Santa Fé.

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"CONGRESITO" de Niñas y Niños

El Comité Organizador tomará como antecedente el "CONGRESITO de NIÑ@S de San Juan" que viene desarrollando el Ministerio de Desarrollo Humano de la Provincia desde hace 5 años, para implementar experiencia similar en en marco del V Congreso Mundial. En 2011 participaron alrededor de 1.000 niñas y niños de entre 8 y 12 años.

Los "CONGRESITOS" se han orientado a desarrollar la cuestión de los Derechos de la Infancia y adolescencia desde la toma de conciencia de los propios sujetos, recurriendo a la reflexión filosófica como modo de trabajo, potenciando el pensamiento infantil como modo de creación colectiva de nuevas realidades.

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ATENCION A LA INFANCIA EN CHILE

2012-01-19T22:45:00.001+01:00

Estrada 2012 Mucho más que cambiar la ley

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El Consejo General de la Abogacía apoya las reivindicaciones de los abogados de oficio

2012-01-19T22:33:00.001+01:00

El Consejo General de la Abogacía apoya las reivindicaciones de los abogados de oficio

19 de Enero de 2012

El coste de la Justicia Gratuita representa un porcentaje muy pequeño del total de los presupuestos destinados a Justicia.
Tal y como subraya el CGAE, "sería difícil encontrar un colectivo profesional que trabaje en esas condiciones y por esas remuneraciones".

El Consejo General de la Abogacía Española manifiesta su apoyo expreso a las protestas y reivindicaciones de los abogados del Turno de Oficio ante los reiterados retrasos o impagos -por varias comunidades autónomas- de los servicios realizados; los intentos de recortar, en plena crisis, derechos de los ciudadanos más desfavorecidos y de rebajar las ya de por sí indignas retribuciones de los letrados que prestan ese servicio de manera ejemplar, con especiales exigencias de formación y experiencia profesional y con el reconocimiento social mayoritario.

Legal Today

El Servicio Público de Justicia Gratuita que prestan los Colegios de Abogados y de forma voluntaria más de 36.000 abogados, 24 horas al día, 365 días al año, en cualquier lugar de España, es también la última esperanza de justicia para cientos de miles de ciudadanos, auténticos víctimas de la crisis. Si reducimos su derecho o lo hacemos inviable serán injusta y doblemente perdedores de la crisis en un Estado que se llama “social y de derecho”. Todo ello afecta, además, de manera sustancial a la calidad de la justicia y de la democracia.

La Ley de Asistencia Jurídica Gratuita impone a las Administraciones públicas la obligación de remunerar dignamente a los abogados que presten este servicio y lo que, por el contrario, han hecho algunas Administraciones es retrasar los pagos, congelar las tarifas desde hace años y ahora bajarlas, incumpliendo la letra y el espíritu de la Ley.

La Abogacía española manifiesta que tenemos que ser capaces entre todos de hacer la más rigurosa autocrítica, de gestionar de la mejor manera posible los dineros públicos que se destinan al Turno de Oficio y a la Justicia Gratuita, pero no desde planteamientos mercantilistas sino desde la realidad de los datos y con la mirada puesta en un derecho fundamental de las personas, cono es el derecho a la defensa, sin el cual todos los demás derechos quedan reducidos a nada.

El Consejo General de la Abogacía reitera a los poderes públicos su ofrecimiento de plena colaboración para participar en cuantos procesos de reforma permitan adecuar el funcionamiento de la Justicia Gratuita a la actual realidad social, defender los principios y derechos constitucionales, eliminar posibles ineficiencias o abusos y, en suma, mejorar este servicio, esencial para la Justicia y para los ciudadanos.

Datos importantes para comprender la magnitud del servicio

El coste de la Justicia Gratuita representa un porcentaje muy pequeño del total de los presupuestos destinados a Justicia (Ministerio, Comunidades autónomas y Consejo General del Poder Judicial) y atiende anualmente a más de 1.800.000 personas, cifra que ha crecido exponencialmente como consecuencia de la inmigración, primero, y de la crisis, después, pero también de las propias disposiciones legales que han obligado a atender a más ciudadanos.

Tal y como quiere subrayar la Abogacía Institucional, “Si de algo no se puede echar la culpa a los abogados ni a sus Colegios es del encarecimiento del servicio ni de que se hayan resentido los esfuerzos o los medios adecuados para prestar de la mejor manera posible el servicio. Los abogados de oficio tienen una media de edad de 41 años y 13,5 de experiencia profesional; por exigencia de los Colegios de Abogados tienen una formación especial; siguen manteniendo vivo un componente ético y deontológico. Sería difícil encontrar un colectivo profesional que trabaje en esas condiciones y por esas remuneraciones, a cualquier hora del día o de la noche, para prestar un servicio valorado muy positivamente por los usuarios”.

Siete de cada diez usuarios opinan, de acuerdo con el Observatorio de Justicia Gratuita, que la atención prestada por el abogado de oficio o de Justicia Gratuita es buena o muy buena.

Por eso, la Abogacía española –como ha reiterado hasta la saciedad- considera fundamental mantener este sistema y lograr que los letrados no lo abandonen por culpa de la escasa remuneración, congelada desde hace años y que incluso ahora se pretende rebajar sustancialmente.

Abogados en peligro de extinción

2012-01-15T21:11:00.001+01:00

http://www.madridiario.es/2012/Enero/suceso/sucesos_reportajes/211981/abogados-turno-oficio-justicia-gratuita-servicio-orientacion-juridica-tsj-crisis-deuda-comunidad-aut.htmlml

11-01-2012 - David Canellada - Fotografías: Juan Luis Jaén

Dudas, consultas sobre despidos, impagos, divorcios, asistencias a detenidos, a internos recluidos en prisión... El turno de oficio, en el que trabajan 4.700 abogados, atiende cada año a 300.000 madrileños. Pero también hay asuntos mediáticos, como el caso de El Rafita o el del criminal argentino Adolfo Scilingo. Ahora, este servicio corre el riesgo de desaparecer por la deuda de la Comunidad Autónoma.

Nuria llevó su coche a un taller y se lo devolvieron con una avería que le ha costado 2.000 euros reparar. Ahora, quiere saber si puede denunciar a los responsables y, en ese caso, si tiene derecho a un abogado de oficio. Su caso es uno de los aproximadamente 80 asuntos que cada día llegan al Servicio de Orientación Jurídica del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. En total, más de 170.000 consultas al año (cerca de 15.000 en la oficina situada en el TSJ) que van a parar a las mesas de los 350 letrados adscritos a este servicio en toda la Comunidad.
"Aquí se hace una labor muy social -explica la coordinadora de este servicio, Isabel Lorente-. Escuchamos sus problemas, les decimos en qué situación están y si tienen derecho a la asistencia gratuita". Es el caso de Nuria, aunque en los últimos años la mayor parte de las consultas que llegan aquí tienen que ver con despidos, impagos o desahucios y extranjería. "Pero también hemos asesorado a las víctimas del 11-M o a los afectados por la crisis de los controladores aéreos", matiza Lorente.
Este servicio -cuya esencia se remonta a las Siete Partidas de Alfonso X, de 1.256- se convierte así en una de las puertas de entrada a la justicia gratuita. Una puerta que cada año traspasan cerca de 300.000 madrileños y detrás de la cual esperan los 4.700 abogados que trabajan en el turno de oficio en la Comunidad.
Sara Gómez es uno de ellos. Lleva 18 años atendiendo el teléfono para salir corriendo de casa a cualquier hora. "Si te llaman por primera vez para un asesinato, sales corriendo aunque sean las dos de la madrugada", señala. En su caso, aquella primera vez estuvo relacionada con un tráfico de drogas en San Blas. "Asusta mucho, pero también se hace con mucha ilusión".
Esa llamada -y con ella todo el proceso- nace en una sala plagada de teleoperadores en la sede del Colegio de Abogados, en la céntrica calle Serrano de la capital. Desde allí, según van llegando los asuntos, los operadores contactan con los 80 abogados que están cada día de guardia -24 horas al día y 365 días a la semana- siguiendo un estricto orden de lista. "Sabes que si eres de los primeros en la lista y estás en Madrid te va a tocar salir de noche seguro", subraya la letrada.
La comisaría más temida durante estas esperas es, de largo, la de Leganitos, en el centro de Madrid. "Es, sin duda, la más activa -explica Gómez-. Sobre todo para asuntos de robos y hurtos". Pero no sólo de robos vive el turno de oficio. Un elevado porcentaje de los casos que caen en manos de los abogados se refieren a seguridad vial y a la violencia de género, aunque estos últimos tienen un servicio independiente que cuenta con letrados que han recibido formación específica en esta materia.
En estos casi 20 años, sin embargo, ni ella ni sus compañeros habían vivido una situación tan preocupante como la actual, con el turno de oficio en peligro de extinción por los impagos de la Comunidad Autónoma. Esto ha provocado que los letrados estén cobrando las asistencias del turno de oficio con una media de un año de retraso. "En ese momento no piensas en el dinero, sino en el cliente, aunque es inevitable que luego, cuando llegas a casa, pienses en cuándo vas a cobrar ese trabajo", lamenta Gómez.
La situación es tan preocupante que incluso algunas asociaciones han pedido una huelga 'salvaje' que paralice por completo el turno de oficio. Se trata, en concreto, de la Asociación Profesional de Abogados de Extranjería de Madrid (Apaim), la Asociación de Letrados por un Turno de Oficio Digno (Altodo) y la Asociación Libre de Abogados (Ala), que el pasado mes de noviembre se manifestaron para exigir la expulsión de la consejera de Justicia, Regina Plañiol, del Colegio de Abogados.
"Si no se ofreciesen estos servicios, se dilatarían aún más los procesos y sería un caos -explica la directora del Servicio de Orientación Jurídica del Colegio de Abogados, Marisol Cuevas-. En asistencia al detenido, jamás un abogado se ha negado a hacer una asistencia. Estaríamos incumpliendo un mandato constitucional", advierte.
Cada abogado, según explican desde la institución colegial, debería cobrar 180 euros por estar de guardia, mientras que la tarifa por un recurso de alzada, por ejemplo, es de 120 euros. No es mucho dinero, pero al cabo de un año esas intervenciones pueden suponer unos ingresos de entre 8.000 y 10.000 euros en un despacho profesional. "Nadie vive del turno de oficio -puntualiza Sara Gómez-, pero son ingresos importantes en un despacho y, sobre todo, te da mucha experiencia y asuntos interesantes".
Es el caso, por ejemplo, de El Rafita, que cayó en manos de un abogado de oficio, o del militar argentino Adolfo Scilingo, condenado a 620 años de prisión por la represión durante la dictadura argentina. "Son casos que ocupan miles de folios, con vistas día y noche y de gran complejidad por los que los letrados cobraron, como mucho, 2.000 euros", lamenta. Y es que uno de los caballos de batalla de los abogados de oficio es borrar la imagen del letrado joven, sin experiencia y un poco torpe que tan arraigada está en la sociedad.
La realidad, según explica la responsable del SOJ, es muy diferente. "Como mínimo tienen que tener una experiencia de tres años -especifica-, aunque en la práctica tienen una media de 40 años de edad y más de 15 años de experiencia profesional".
Otra de las quejas históricas de los letrados del turno de oficio es que la actual legislación les convierte, además, en una especie de 'cobradores del frac' que tienen que perseguir a sus clientes para que éstos acrediten que tienen derecho a la asistencia gratuita. "Existe una Comisión de Fiscalización -explica Cuevas-, pero es el abogado el que tiene que pedir toda la documentación al cliente".
En la actualidad, el límite legal para contar con los servicios de un abogado sin rascarse el bolsillo está en los 14.910,28 euros anuales. De forma excepcional, no obstante, también pueden hacerlo quienes, pese a superar esta cifra, acrediten unas cargas económicas o familiares extraordinarias.Durante el pasado año 2010, un total de 134.496 personas solicitaron la asistencia jurídica gratuita en la Comunidad.
Pero esta tarea de fiscalización, teniendo en cuenta que un elevado porcentaje de los clientes tienen un bajo índice de alfabetización, se convierte en una complicada misión. "Hemos encontrado casos que rellenan la casilla correspondiente a sus ingresos poniendo 'Ni un duro'", recuerda Marisol Cuevas.
Es el caso, también, de uno de los últimos clientes que ha tenido Sara Gómez, un indigente de la Gran Vía que se enfrenta a cuatro años de cárcel por pelearse con un inmigrante coreano que instala su mesa para vender bocadillos en esta céntrica avenida. "No sabía ni firmar", recuerda Gómez. Pero, además, en caso de que el cliente no reúna las condiciones para recibir la asistencia jurídica, también es el abogado quien tiene que pedirle el dinero.
Ahora, todos estos servicios se ven amenazados por la omnipresente crisis económica y la deuda de la Comunidad, que mantiene contra las cuerdas a los abogados de oficio. Sin este servicio, Nuria tendría que haber pagado unos 150 euros sólo por consultar su caso. El propio decano del Colegio de Abogados, Antonio Hernández-Gil, ya advirtió de esta realidad hace poco más de un mes. "Nunca dejaremos que alguien pase un día en un calabozo porque no tiene abogado, pero el sistema acabará quebrando si esto sigue así".

El informe sobre derechos y libertades de las personas internadas en los centros de internamiento de extranjeros

2012-01-15T21:08:00.001+01:00

Protección de los derechos de los extranjeros internados en los CIES

04/11/2011

Como sabéis, la disposición adicional tercera de la Ley Orgánica 2/2009, de 11 de diciembre, de reforma de la LOex. 4/2000, impone al Gobierno la aprobación en el plazo de 6 meses de un reglamento que desarrolle el régimen de internamiento de los extranjeros.

Teniendo conocimiento de que el Gobierno está preparando el citado reglamento, la Comisión de Extranjería en su plenario de 29 de junio decidió constituir un grupo de trabajo para que elaborara un informe sobre los derechos que habían de quedar salvaguardados en el futuro reglamento de los extranjeros internados en los centros de internamiento.

Valorado el informe que el grupo de trabajo presentó en el seno de la Comisión, en el plenario de 21 de septiembre de 2011 se adoptó el acuerdo de solicitar a la Junta de Gobierno del Colegio la aprobación de su remisión al Ministerio del Interior para que lo tuviera en cuenta en la redacción de la norma reglamentaria.

Conforme a esta autorización, la Comisión de Extranjería ha procedido a remitir el citado informe al Ministerio del Interior y solicitar que se amparen en el reglamento sobre el régimen de internamiento de los extranjeros catalogados en el documento “ El informe sobre derechos y libertades de las personas internadas en los centros de internamiento de extranjeros.”
El informe, que ha sido elaborado por los vocales José Antonio Antón, José Javier Ordónez y Sergi Santacana, lo podéis leer a pie de página.
Recibid un cordial saludo. Comisión de Extranjería.

Documentos

04/11/2011
Comisión de Extranjería
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El informe sobre derechos y libertades de las personas internadas en los centros de internamiento de extranjeros

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ONGs de Derechos del Niño acogen positivamente la decisión de las Naciones Unidas para proporcionar un recurso internacional para los niños, niñas y adolescentes

2012-01-08T22:42:00.001+01:00

19Diciembre2011

ONGs de Derechos del Niño acogen positivamente la decisión de las Naciones Unidas para proporcionar un recurso internacional para los niños, niñas y adolescentes

DECLARACIÓN PÚBLICA CONJUNTA

Nueva York, el lunes 19 de diciembre 2011

La coalición internacional conformada con más de 80 ONG nacionales e internacionales y coordinada por el Grupo de ONG para la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN), que ha estado haciendo una campaña para el establecimiento de un procedimiento de comunicación de los derechos del niño desde el año 2006, acoge con satisfacción la adopción hoy día en la Asamblea General de la ONU, del Protocolo Facultativo relativo a un procedimiento para las violaciones a los derechos de los niños, niñas y adolescentes.

Con este nuevo Protocolo Facultativo de la Convención sobre los derechos del Niño relativo a "comunicaciones" o a un procedimiento de reclamación, la comunidad internacional ha puesto efectivamente los derechos de los niños en igualdad de condiciones con los demás derechos humanos y reconoció que los niños, niñas y adolescentes también tienen el derecho a apelar a un mecanismo internacional, al igual que los adultos.

Ahora los niños, niñas y adolescentes que son víctimas de abusos y violaciones a sus derechos humanos, tendrán la posibilidad de presentar una queja ante el Comité de Expertos Internacionales, el Comité de Derechos del Niño de la ONU (el Comité), si no han logrado obtener las respuestas legales necesarias a estas violaciones en sus países.

Hoy celebramos el histórico paso adelante que se ha hecho para la protección de los niños, niñas y adolescentes y sus derechos humanos. Esto no habría sido posible sin el compromiso constante e incansable y la dedicación de todos los actores involucrados.

En particular, queremos reconocer y agradecer al Grupo Central de Estados que ha liderado el proceso y el gran número de Estados de todas las regiones, que han apoyado la creación de este nuevo Protocolo. También queremos agradecer a todos los involucrados por su participación constructiva y felicitar al Presidente del Grupo de Trabajo por su compromiso para hacer de este nuevo instrumento una realidad.

Mientras que el Protocolo podría haber proporcionado una protección más completa a los niños, niñas y adolescentes, observamos que fue el resultado de profundos debates, la cooperación y la concesión por todos y somos conscientes de que, además de las denuncias de particulares, permite a otras Partes presentar información sobre graves o sistemáticas violaciones ante el Comité.

Seguiremos trabajando para asegurar que el Protocolo sea una realidad práctica para todos los niños, niñas y adolescentes y mantenemos nuestro compromiso para continuar con el trabajo hacia la campaña de ratificación y su uso efectivo.

Hacemos un llamado a todos los Estados para iniciar las discusiones y los procesos nacionales en vista de la ratificación del nuevo Protocolo Facultativo tan pronto como sea posible, y les instamos a firmar el nuevo Protocolo Facultativo en la ceremonia oficial de firma que se celebrará en el 2012, para demostrar así su compromiso con la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes.

Invitamos a todas las organizaciones interesadas a unirse a nuestra campaña de ratificación internacional para el nuevo Protocolo Facultativo.

http://es.scribd.com/doc/58927415/Proyecto-de-Protocolo-Facultativo-de-La-CDN-Para-Establecer-Un-Procedimiento-de-Comunicaciones

Palabras al viento" es un documental sobre la dislexia,

2012-01-08T00:10:00.001+01:00

Fecha: 10/07/2011

Autor: Documentos TV

Idioma: Español

Fuente: Radio Televisión Española (RTVE.es)

Formato: Web

Observaciones: Duración: 56'

Temáticas: Necesidades especiales o discapacidad, Educación

Descriptores: trastornos del lenguaje, dislexia, educación especial, centros de educación especial

Resumen:

"Palabras al viento" es un documental sobre la dislexia, un trastorno que afecta a más del 4% de la población española, causa de gran parte del fracaso escolar y de algunos problemas en el desarrollo laboral y personal.

En España, la dislexia todavía es una gran desconocida y está insuficientemente tratada en las aulas. Su atención desde el sistema de salud público es casi inexistente. Los padres de los niños que padecen dislexia tienen que recurrir, con sus propios medios, a los tratamientos privados para intentar que la vida escolar de sus hijos no se vuelva una pesadilla.

La lectura y la escritura son la herramienta básica en la enseñanza. Y los disléxicos, por una alteración neurológica, son incapaces de asociar correctamente el sonido con el grafismo de las letras y aprender al ritmo de sus compañeros.

Científicos, deportistas, artistas y genios creativos que han marcado nuestra historia fueron disléxicos que, evidentemente, superaron su incapacidad si es que no fueron brillantes gracias a ella. Albert Einstein, Thomas Edison, Picasso, Magic Johnson o John Lennon tuvieron que vivir con la dislexia.

La dislexia no se cura. Como explican distintos especialistas en Palabras al viento, se corrige o se reconduce mediante otro sistema pedagógico que utilice los puntos fuertes del disléxico, trabajando con todos los sentidos, explicándole las cosas en lugar de hacérselas leer y enseñándole técnicas adecuadas a sus capacidades para afrontar el texto escrito.

La Ley Orgánica de Educación reconoce que la dislexia requiere una atención educativa específica y abre las puertas a su tratamiento en las aulas. Pero la falta de información y de profesores especializados dificulta la detección del problema.

Palabras al viento hace un recorrido por distintas experiencias que conviven en España: desde la comunidad balear, donde se han conseguido grandes avances y un reconocimiento legislativo; pasando por el Colegio El Brot, en Barcelona, el único centro de España especializado en disléxicos; o la situación en Madrid, donde la escuela y el sistema sanitario se pasan mutuamente la responsabilidad.

Niños y niñas que sufren dislexia narran, con sus familias, las dificultades que encuentran para que su trastorno sea comprendido. También adultos que conviven con su dislexia, como el actor Gabino Diego o el escritor Boris Izaguirre, cuentan cómo han logrado sortear sus dificultades y tener un desarrollo profesional pleno en sus respectivas disciplinas.

En una sociedad como la nuestra, donde leer y escribir ya no sólo es un derecho sino un deber, la dislexia implica graves dificultades en el desarrollo a todos los niveles de quienes la padecen (resumen sacado de la web de Documentos TV).

Ir a página web.

FELIZ NAVIDAD Y PROSPERO AÑO 2012

2011-12-25T02:00:00.001+01:00

Un año más desde este Blog os quiero desear a todos una Feliz Navidad y un prospero año nuevo.

Desde aquí os ánimo a seguir luchando por los derechos de la infancia, tanto en la esfera civil, penal o administrativa, por derechos a la educación a la vida familiar, a una verdadera reinserción, a poder tener las oportunidades precisas para ser un adulto integrado en la sociedad y capaz de labrarse un futuro. Un fuerte abrazo a todos de Joaquín Olmedo

Cárceles de menores: el Estado se inhibe

2011-12-25T01:54:00.001+01:00

Cárceles de menores: el Estado se inhibe

El 70% de las cárceles de menores están en manos de fundaciones privadas “sin ánimo de lucro” que reciben cada día entre 300 y 500 euros por menor.
Patricia Manrique Fernández / Redacción Cantabria
Martes 20 de diciembre de 2011. Número 163 Número 164


BREA DE TAJO. Imagen de la inauguración del centro de reforma de Brea de Tajo (Madrid). Foto: Comunidad de Madrid

“El cumplimiento de la condena y la rehabilitación de una persona condenada, siendo mayor y naturalmente siendo menor, no puede dejarse en manos privadas, porque detrás de la privatización hay un negocio. Y no se trata de ONG sin ánimo de lucro, sino, como decía un amigo, ‘sinónimo de lucro’”, afirma Félix Pantoja, fiscal del Tribunal Supremo que participó en la redacción de laLey de Responsabilidad del Menoren referencia al progresivo proceso de privatización de las cárceles de menores. Pantoja recuerda haber leído en 2001, año de entrada en vigor de la ley, un anuncio en prensa que rezaba “Empresa en expansión necesita educadores”. Diez años después, esas empresas en expansión controlan en torno al 70% de las cárceles de menores.
El negocio de las cárceles de menores–al igual que ocurre con los centros de protección– no ha dejado de crecer desde entonces. Ningún estudio ha comprobado la eficacia de este modelo pivotado sobre fundaciones“sin ánimo de lucro” que reciben entre 300 y 500 euros por niño/ a y día. Transferida la competencia para el cumplimiento de las penas a las Comunidades Autónomas, la inmensa mayoría de ellas subrogan esta función a entidades privadas. Sólo Cataluña y el País Vasco mantienen cárceles exclusivamente públicas.
“La atención a los chicos se ve comprometida”, señala Patuca Fernández, abogada de la Coordinadora de Barrios de Madrid con una extensa experiencia en el tema, “porque se establecen criterios económicos en el tratamiento de menores”.En primer lugar, la diversidad de tratamientos es abrumadora. En segundo lugar, la calidad de vida de los menores, en un contexto de negocio, puede verse afectada. Pero ante todo, para Fernández, la privatización aleja la posibilidad de control que en el caso de las cárceles es esencial,“pues la ejecución de una medida de prisión implica un ejercicio de contención. Toda nuestra configuración legal está prevista para que las personas que están privadas de libertad dispongan de mecanismos de protección como es la posibilidad de denunciar torturas o rigor innecesario”. Esto, a su juicio, “no se puede garantizar cuando los centros son privados”.
Son muchas las voces que, como Jorge del Cura, de la Coordinadora para la Prevención de la Tortura (CPT), advierten de que “la privatización de la privación de libertad es aberrante” pues “cuando se trata de gestión privada la opacidad aumenta de forma exponencial y en un contexto de negocio”. La CPT recoge en su informe anual algunos de los casos de tortura sufridos por menores en cárceles. Se trata de casos muy difíciles de documentar, pues el secretismo de los centros, el miedo a la represión, la imposibilidad de acceso de la sociedad civil a las cárceles –es más difícil que acceder a cárceles de adultos – y la vaguedad con la que los chavales refieren los casos lo dificulta.“Nos encontramos a menudo con cartas que escriben losmenores en las que se narran atrocidades, pero es siempre muy vago, porque son chavales de 14 a 16 años”.
En las cárceles de menores se producen torturas que Del Cura clasifica en tres tipos: la “humillación permanente” –desde insultarles, que es constante, a las de tipo sexual, obligándoles a desnudarse–, “sanciones arbitrarias” –en demasiadas ocasiones por conductas normales a estas edades como distraerse en clase, tirarse bolitas de pan o hablar cuando no se debe–, incluyendo el aislamiento, y “agresiones físicas puras y duras, lo cual incluye golpes, patadas, puñetazos, porrazos”.
La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía recogió en un informe elaborado en 2008 unas 70 quejas relativas a los centros de menores de Andalucía, gestionados por la Fundación Diagrama, Ginso y Adis Meridianos. Las denuncias referían una cotidianidad plagada de prohibiciones y sanciones, traducidas éstas últimas en encierros en una habitación hasta siete días (40 en algún caso) o la obligación de permanecer sentado en una silla mirando a la pared sin poder moverse lo más mínimo. En el lado de las torturas explícitas, los menores denunciaron la utilización de grilletes para atarles a los hierros de una cama sin colchón, a veces sin que pudieran ir al servicio durante varias horas. El “engrilletado”es una práctica denunciada en diferentes centros y comprobada cuando ya era demasiado tarde en casos como el de Philip García, muerto en el centro tinerfeño Nivaria, y que valió una acusación criminal a cinco miembros de la empresa Seguridad Integral Canaria y de una educadora de la empresa Ideo.
Para Daniel Jiménez, de laAsociación para el Seguimiento y Apoyo a presas y presos de Aragón(ASAPA), “las muertes por tortura no son excepciones sino ejemplos máximos de la manera de funcionar”.Desde 2001, nueve chavales han muerto en cárceles. Casos como el de Philip, que apareció con una bolsa en la cabeza, el de Miguel, que se ahorcó en el centro Ilundain (Navarra) gestionado por Herritz Berri, o el de Ramón Barrios, que murió en extrañas circunstancias en el centro Teresa de Calcuta (Madrid) gestionado por Ginso.
ASAPA elaboró en 2008 un informe que denunciaba el empleo del aislamiento, la psiquiatrización de los casos y el empleo de psicofármacos en la cárcel de menores de Zaragoza, Juslibol –“una réplica a escala de la cárcel de Zuera”–. Desde que hicieron el informe, no han constatado cambios.A su juicio, “da igual si funciona en la línea dura como cuando se aprobó la ley del menor, o si se cambia un poco la estrategiacon la medicación y la psiquiatrización y la anestesia” porque “el maltrato institucional tiene un proceso muy largo en el que las cárceles de niños son la culminación, un círculo vicioso con el que mucha gente está haciendo negocio”.
SINÓNIMO DE LUCRO: Fundaciones que gestionan cárceles
GINSO, negocios redondos
“Asociación para la gestión de la integración social” (GINSO), es una fundación propiedad de Alfredo Santos García que gestiona varios centros en Madrid y Andalucía. Pero GINSO supone, además, un “paso más allá” en el modelo de negocio: tanto en Madrid como en Andalucía se ha encargado, a través de empresas de Santos o de sus socios, de construir los centros que después ha gestionado. Santos colabora, además, con gente como Javier Urra, antiguo defensor del Menor de la CAM y conocido tertuliano de Antena 3, que desarrolla en las mismas instalaciones de Brea del Tajo la actividad de su sociedad limitada, Urrainfancia, con un programa llamado Recurra de asistencia a familias con conflictos, destinado a los chavales que han acabado de cumplir las medidas.
GRUPO NORTE
Fundación Grupo Norte, ligada al grupo empresarial del mismo nombre, gestiona varios centros de menores en régimen abierto y semiabierto. Representa el modelo de negocio clásico en este ámbito, que mezcla la gestión de protección y la reforma de menores con una red de empresas de limpieza, seguridad, trabajo social, telemarketing y ETT. La fundación es una entidad“sin ánimo de lucro” creada en 2001, justo el año de entrada en vigor de la Ley del Menor, por distintas compañías mercantiles pertenecientes a Grupo Norte. Ha sido denunciada por malos tratos en Valladolid y en Madrid, en este último caso la denuncia fue efectuada por la Coordinadora de Barrios, al observar en un menor hematomas producidos por porras.
DIAGRAMA
Pese a las denuncias sobre su modelo de intervención y sus prácticas, Diagrama continúa gestionando centros en comunidades como Andalucía, Valencia, Murcia, Castilla La Mancha y la ciudad de Melilla. Las denuncias le han hecho perder algunos centros, com“Los Robles” en Madrid, pero el negocio sigue viento en popa. Además de cárceles, gestiona numerosos centros de protección.

ULTIMAS INSTRUCCIONES PENITENCIARIAS

2011-12-21T23:00:00.001+01:00

http://www.acaip.info/info/circulares/instruccion_21_2011.pdf

Instrucción 21/2011 de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias: Actualización de la Instrucción 18/2005 sobre internos extranjeros 23/11/11
http://www.acaip.info/info/circulares/instruccion_20_2011.pdf
Instrucción 20/2011 Modificación de la Instrucción 9/2009 sobre intervención de Ongs, Asociaciones y entidades colaboradoras en el ámbito penitenciario 19/11/11

Instrucción 19/2011: Cumplimiento medidas de seguridad competencia Administración Penitenciaria

Instrucción 17/2011: Protocolo de intervención y normas en régimen cerrado (17/11/11)

Instrucción 18/2011: Niveles de intervención en los módulos de respeto (16/11/11)

Instrucción 16/2011: Protocolo de atención individualizada a internos en el medio penitenciario (09/11/11

Publicadas instrucciones 14 y 15 de la SGIIPP (31/10/11)

Instrucción 13/2011 sobre productos farmacéuticos (04/11/11)

Instrucción 12/2011 de la SGIIPP: Internos de especial seguimiento. Medidas de seguridad (03/08/11)

Instrucción 11/2011: Pena localización permanente en Centro Penitenciario (12/07/11)

Instrucción 10/2011: Manual de gestión de ejecución de de suspensión y sustitución de condenas. Adecuación de programa de intervención violencia de genero....
Instrucción 9/2011: Procedimiento de gestión de la pena de trabajos en beneficio de la comunidad

Instrucción 8/2011: Atención a personas mayores en el medio penitenciario Instrucción 7/2011 de jornadas y horarios de trabajo de los "Coordinadores de Interior" (21/06/11)

Instrucción 6/2011 Provisión de puestos de trabajo a través de Comisiones de Servicio (21/06/11)

Un trabajo sobre la tutela del incapaz ejercida por la autoridad pública, galardonado con el X Premio Aequitas de Investigación Jurídica

2011-12-21T22:53:00.001+01:00

http://www.diariojuridico.com/actualidad/noticias/un-trabajo-sobre-la-tutela-del-incapaz-ejercida-por-la-autoridad-publica-galardonado-con-el-x-premio-aequitas-de-investigacion-juridica.html

Un trabajo sobre la tutela del incapaz ejercida por la autoridad pública, galardonado con el X Premio Aequitas de Investigación Jurídica

Ayer tuvo lugar la ceremonia de entrega del X Premio Aequitas de Investigación Jurídica, dotado con 6.000 euros, que el jurado ha acordado por mayoría conceder a Antonio Legerén, por su obra “La tutela del incapaz ejercida por la entidad pública”.Dicho trabajo será publicado en la colección ‘Por más señas. La llave’ coeditada por la Fundación Aequitas y la Editorial Universitaria Ramón Areces

Este certamen nació en 2002 con el objetivo de galardonar los mejores trabajos de investigación jurídica realizados sobre personas con discapacidad, personas mayores, inmigrantes, infancia, refugiados u otros grupos que carezcan de la debida protección.

El acto fue inaugurado por Manuel López Pardiñas, presidente del Consejo General del Notariado quien destacó la excelencia de los trabajos presentados a concurso, así como su actualidad, señalando que “la Fundación Aequitas quiere contribuir con este galardón a que la investigación científica no deje de lado de manera inmerecida materias que podrían quedar en un segundo plano, como las referidas a la atención de las personas más vulnerables”.

En el acto también participaron Joan Carles Ollé y Concepción Barrio, vicepresidente y secretaria del Consejo General del Notariado, respectivamente, y Almudena Castro-Girona, directora de la Fundación Aequitas.

Antonio Legerén es doctor en Derecho y profesor en la Universidad de A Coruña, analista del Gertrude Ryan Law Observatory . En la actualidad también trabaja como consultor de diversas entidades y fundaciones en materias educativas. Su actividad investigadora en el marco del Derecho civil se ha centrado en los últimos años en el Derecho de Sucesiones así como en la incapacidad, la tutela y la dependencia. En esos ámbitos algunas de sus últimas publicaciones han sido La partición conjunta en el Derecho gallego, El sistema testamentario estadounidense o Comentarios a varios artículos del Código civil sobre tutela. Actualmente prepara la edición de una nueva monografía sobre la tutela de las entidades públicas.

El premiado, tras resaltar la labor que viene realizando la Fundación Aequitas desde hace años, destacó “la existencia de personas incapaces a las que no resulta sencillo encontrar tutor así como la realidad de los incapaces mayores de edad en situación de desamparo son dos necesidades que pretende remediar el Código Civil que establece que la entidad pública será quien ejerza por ministerio de la ley la tutela de esas personas. El objetivo de esta monografía pretende delimitar quiénes son los destinatarios comprendidos en el término incapaz o quién ha de ser en concreto la entidad pública que debe ejercer la tutela, si resulta posible que la entidad pública presente excusas para no asumir la tutela, quién ha de declarar la situación de desamparo o los tipos de desamparo existentes. La obra finaliza con una posible reformulación de esta tutela mismo, a efectos de solventar algunos de los problemas que se plantean”.

Æquitas es la fundación creada en 1999 por el Consejo General del Notariado parala mejora de la protección jurídica de colectivos necesitados de especial protección: menores, personas con discapacidad, inmigrantes y personas mayores, entre otros. La Fundación asesora sobre el ejercicio de la capacidad jurídica y de obrar de estas personas y aconseja a los ciudadanos y a sus representantes en cuestiones relativas a su protección social, legal y económica. Más información en www.aequitas.org

-- Descargar Un trabajo sobre la tutela del incapaz ejercida por la autoridad pública, galardonado con el X Premio Aequitas de Investigación Jurídica como PDF

Miradas tras las rejas Informe de Pueblos Unidos sobre el CIE de Aluche en 2011

2011-12-21T22:50:00.001+01:00

Miradas tras las rejas Informe de Pueblos Unidos sobre el CIE de Aluche en 2011

Pueblos Unidos: ¿Quiénes somos y qué hacemos? 1
Resumen del Informe 2
Primera parte:
¿Qué ocurre tras las rejas? Situación en el CIE de Madrid 4
1 Análisis cuantitativo de las visitas realizadas 5
2 ¿Cómo transcurre un día en el CIE de Madrid? 8
3 Quejas sobre las condiciones de vida de las personas internadas 11
4 Presencia de entidades sociales y asociaciones de derechos humanos 27
5 Control de los CIE 28
6 La necesidad de un reglamento CIE 29
Segunda parte:
¿Quién está tras las rejas? 12 miradas sobre 12 vidas rotas 32
Recomendaciones: ¿Qué pedimos para el año 2012? 50
ANEXO 1 Listado de quejas sobre el CIE presentadas por Pueblos Unidos 54
ANEXO 2 Ejemplos de quejas escritas de los internos 56

http://www.pueblosunidos.org/cpu/

Madrid, 20 de Diciembre de 2011 Pueblos Unidos presenta el Informe 2011 sobre el CIE de Aluche "Miradas tras las rejas"

En el 60% de los casos, el tiempo de internamiento supera los 40 días, y el 53% de las personas internadas finalmente son expulsadas.

Por segundo año consecutivo, la ONG jesuita Pueblos Unidos ha presentado esta mañana su Informe Anual sobre el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) con el que busca poner de manifiesto y mejorar la terrible realidad que se vive en los CIE de España y, más concretamente, en el de Aluche (Madrid).

Durante el año 2011 Pueblos Unidos ha mantenido un equipo de personas voluntarias dedicadas a apoyar, diariamente y de manera estable, a las personas internadas en el CIE de Madrid lo que ha permitido visitar a lo largo de todo el año a 248 internos, realizando un total de 1.049 visitas. Este número supone algo más del 7% del total de las personas internadas, que en lo que llevamos de año 2011 asciende a un total de 3.432.

Fruto de este trabajo constante, silencioso y abnegado, es el presente informe, que se divide en dos secciones:

1-¿Qué ocurre tras las rejas? que analiza con detalle las condiciones de vida en el CIE de Aluche y las principales quejas manifestadas por los propios internos.

2-¿Quién está tras las rejas? que presenta “Doce miradas sobre doce vidas rotas”, testimonios recogidos por diversos profesionales: los escritores jesuitas Pedro Miguel Lamet y Norberto Alcover; los periodistas de radio Minerva Oso (RNE), Nicolás Castellano (SER) y Noelia Vizcarra (RAI); los periodistas de prensa escrita Daniel Ayllón (Público), Pedro Simón y Olga R. Sanmartín (El Mundo); y los escritores de medios especializados Lydia Molina (Peridismo Humano), Fran Otero (Vida Nueva), África González (Mundo Negro) y José Luis Palacios (Noticias Obreras).

El informe constata la arbitrariedad, discrecionalidad y falta de información en torno a la gestión del CIE, detectada tanto por los voluntarios como por los propios internos. Algunos de los principales puntos que se desarrollan en el documento presentado esta mañana son:

-De las 248 personas visitadas, se han detectado 173 situaciones de particular vulnerabilidad, como por ejemplo: personas enfermas o con menores a su cargo, mujeres embarazadas, internos que no entienden el idioma y no comprenden su situación jurídica ni qué hacen allí.

-En torno al 60% de los casos, el tiempo de internamiento supera los 40 días; siendo el 53% de las personas internadas finalmente expulsadas. Por tanto, en palabras del jesuita director de Pueblos Unidos, Daniel Izuzquiza: “Para el 60% de los que están entre 40-60 días finalmente no se ejecuta su expulsión. Eso significa que el sistema, además de inhumano, es ineficaz, porque no cumple el objetivo para el que estaba pensado; si la policía y el gobierno saben que no va a poder expulsar a una persona, no deberían internar a esa persona. Esto solo genera más sufrimiento y más miedo”.

-A lo largo del año, Pueblos Unidos ha presentado 24 quejas ante distintos órganos de control de los CIE, lo que supone, como media, una situación susceptible de sospecha, cada 15 días. Las agresiones denunciadas se centran sobre todo en los traslados y las estancias en Barajas de los internos cuando se les intenta expulsar del país.

-Dos años después de la publicación de la Ley de Extranjería (LOEX) aún NO SE HA PUBLICADO EL REGLAMENTO sobre los CIE que se constata con la arbitrariedad, discrecionalidad y falta de información en torno a su gestión detectada tanto por los voluntarios como por los propios internos.

-Desde la experiencia de Pueblos Unidos el CIE de Madrid recoge personas de distintos puntos de la península y eso dificulta mucho a esos internos las visitas y la comunicación con su entorno.

-A los internos no se les explica bien por qué están ahí. La arbitrariedad en la gestión del internamiento genera muchas situaciones de sufrimiento innecesario.

-Hay problemas de higiene y alimentación. El acceso a los baños está restringido por las noches: tienen que orinar en los lavabos de los módulos donde duermen seis u ocho personas en literas o hacerlo en una botella. Antes tenían que llamar a gritos si querían algo por las noches, ahora, por lo menos, hay un interfono pero la policía no acude. En palabras de Cristina Manzanedo, abogado de Pueblos Unidos: “Si el CIE no es una cárcel, ¿por qué se gestiona como si lo fuera? En la cárcel eres una persona; en el CIE eres un número”.

-La gestión de los CIE depende del Ministerio del Interior y se centra en aspectos de control y seguridad y no en las condiciones de vida de los internos.

-Hay falta de formación en el cuerpo nacional de policía del centro; quejas por trato vejatorio y racista a los internos y a sus familiares. En el CIE hay miedo a la policía y a otros internos, porque están mezclados los detenidos solo por situación irregular con gente con condenas penales.

-En el CIE no se dan los castigos personales sino que los castigos son generalizados; cuando hay problemas se llama a los antidisturbios; se registran las habitaciones; hay restricciones a la comunicación con la calle. Se les retira le móvil nada más entrar y si no sabes de memoria los números de teléfono estás perdido. Se producen numerosos conflictos para acceder a las cabinas telefónicas…

-Las visitas se hacen a través de un locutorio con mampara y teléfono lo que da una sensación carcelaria.

La rueda de prensa concluyó con el testimonio de Marius Tonnang, un camerunés que estuvo 53 días internado en el CIE de Aluche. Como él mismo explicó: “Llevaba 6 años en este país cuando me internaron, yo no mato, no robo”. Y explicó algunos de los padecimientos dentro del centro: “El abogado de oficio no te deja su teléfono, el médico solo sabe de paracetamol e ibuprofeno, la gente sufre, llora…estamos mezclados con gente que está mal de la cabeza, nos tratan como animales; los policías te insultan”.

Con el trabajo recogido en el presente informe, Pueblos Unidos quiere contribuir a que mejoren las condiciones de privación de libertad y la tutela efectiva de los derechos de las personas internadas. Y piden que su experiencia y la de otras entidades sociales se tome en cuenta de cara a la nueva legislatura, de modo que pueda haber una interlocución más fluida con el Ministerio de Interior, especialmente de cara a la elaboración de un Reglamento de CIE que garantice los derechos de los internos.

Hojas informativas sobre trámites de extranjería: adaptadas al RD 557/2011 (actualizadas a septiembre de 2011).

2011-12-18T22:53:00.001+01:00

Fecha: 03/10/2011

Hojas informativas sobre trámites de extranjería: adaptadas al RD 557/2011 (actualización septiembre 2011).

La Secretaría de Estado de Inmigración y Emigración esta actualizando su página sobre trámites y procedimientos de Extranjería para adaptarlos todos al nuevo reglamento.

Situación de estancia. Permanencia en España para un fin distinto a residir y por no más de noventa días por semestre (Enlace maec).
001. Autorización de regreso. Permite la salida de España y el retorno en un plazo no superior a 90 días (hoja informativa 001 revisada septiembre 2011).
002. Prórroga de estancia de corta duración (sin visado) (hoja informativa 002 revisada septiembre 2011).
003. Estancia por estudios (ver también Estudiantes) (hoja informativa 003 revisada septiembre 2011).
004. Autorización de estancia en actividades de investigación o formación. Información sobre actividades de investigación o formación de carácter NO LABORAL (hoja informativa 004 revisada septiembre 2011).
005. Autorización de estancia por movilidad de alumnos (hoja informativa 005 revisada septiembre 2011).
006. Autorización de estancia por prácticas no laborales (006 revisada septiembre 2011).
007. Autorización de estancia por servicios de voluntariado (007 revisada septiembre 2011).
008. Prórroga de autorización de estancia por estudios, intercambio de alumnos, prácticas no laborales o servicios de voluntariado (008 revisada septiembre 2011).
009. Autorización de estancia por estudios. Movilidad dentro de la Unión Europea (009 revisada septiembre 2011).
010. Residencia temporal. Residencia en España sin realizar actividad laboral (010 revisada julio 2011).
011. Renovación de la autorización de residencia temporal no lucrativa informativa 11) (011 revisada septiembre 2011).
012. Residencia temporal por reagrupación familiar (012 revisada septiembre 2011)
013. Autorización de residencia temporal por reagrupación familiar. Familiares de investigadores, tarjeta azul-UE y residentes de larga duración-UE en otro Estado miembro (013 revisada septiembre 2011).
014. Autorización de residencia temporal por reagrupación familiar. Movilidad de familiares de investigadores, tarjeta azul-UE y residentes de larga duración-UE (014 revisada septiembre 2011).
015. Renovación de residencia temporal por reagrupación familiar (hoja informativa 15).
016. Residencia independiente de familiares reagrupados (016 revisada septiembre 2011).
017. Trabajo por cuenta ajena (hoja informativa 17) (017 revisada septiembre 2011)..
018. Renovación de la autorización de residencia temporal y trabajo por cuenta ajena (hoja informativa 18). (018 revisada septiembre 2011).
019. Residencia temporal y trabajo para la investigación. Información sobre actividades de investigación o formación DE CARÁCTER LABORAL (hoja informativa 19) (019 revisada septiembre 2011).
020. Renovación de la autorización de residencia temporal y trabajo para la investigación (hoja informativa 20) (020 revisada septiembre 2011).
021. Movilidad de los extranjeros admitidos como investigadores en Estados miembros de la Unión Europea (021 revisada septiembre 2011).
022. Residencia temporal y trabajo de profesionales altamente cualificados titulares de una tarjeta azul-UE (022 revisada septiembre 2011).
023. Renovación de las autorizaciones de residencia y trabajo de profesionales altamente cualificados (hoja informativa 23) (023 revisada septiembre 2011).
024. Movilidad de los trabajadores extranjeros titulares de una Tarjeta Azul-UE expedida en otro Estado miembro de la Unión Europea (024 revisada septiembre 2011).
025. Temporada o campaña (025 revisada septiembre 2011).
026. Obra o servicio (026 revisada septiembre 2011).
027. Personal de alta dirección, deportistas o artistas de espectáculos publicos (027 revisada septiembre 2011).
028. Formación y prácticas profesionales (028 revisada septiembre 2011).
031. Residencia temporal y trabajo en el marco de prestaciones transnacionales de servicios (031 revisada septiembre 2011).
032. Autorización para trabajos de temporada o campaña en el marco de prestaciones transnacionales de servicios (032 revisada septiembre 2011),
033. Residencia con excepción a la autorización de trabajo. Supuestos en que no se necesita autorización de trabajo para trabajar en España (033 revisada septiembre 2011).
034. Residencia temporal del extranjero que ha retornado voluntariamente a su país (hoja informativa 034 revisada septiembre 2011).
035. Arraigo laboral. Si ha permanecido en España al menos dos años y puede acreditar una relación laboral de duración no inferior a un año (035 revisada septiembre 2011).
036. Arraigo social. Si ha permanecido en España al menos tres años, cuenta con un contrato de trabajo y acredite vínculos familiares con otros extranjeros residentes o presenten un informe de inserción social emitido por el ayuntamiento donde tenga su domicilio (036 revisada septiembre 2011).
037. Arraigo familiar. Si es hijo de padre o madre originariamente españoles (037 revisada septiembre 2011).
038. Autorización de residencia temporal por razones de protección internacional (038 revisada septiembre 2011).
039. Autorización excepcional por razones humanitarias (039 revisada septiembre 2011).
040. Autorización de residencia temporal por colaboración con autoridades policiales, fiscales, judiciales y seguridad nacional (040 revisada septiembre 2011).
041. Autorización de residencia temporal por colaboración con autoridades administrativas o interés público (041 revisada septiembre 2011).
042. Mujeres víctima de violencia de género (042 revisada septiembre 2011).
043. Residencia por circunstancias excepcionales por colaboración contra redes organizadas con autoridades no policiales (043 revisada septiembre 2011).
044. Residencia por circunstancias excepcionales por colaboración contra redes organizadas con autoridades policiales, fiscales o judiciales (044 revisada septiembre 2011).
045. Residencia temporal y trabajo de extranjeros víctimas de trata de seres humanos (045 revisada septiembre 2011).
046. Residencia de larga duración. Autoriza a trabajar y a trabajar en España indefinidamente en las mismas condiciones que los españoles (046 revisada septiembre 2011).
047. Residencia de larga duración-UE. Autoriza a residir y trabajar en España indefinidamente en las mismas condiciones que los españoles y otorga la posibilidad de obtener autorización de residencia o residencia y trabajo en otros Estados miembros de la Unión Europea, en las condiciones que éstos determinen (047 revisada septiembre 2011).
048. Residencia de larga duración en España del residente de larga duración-UE en otro Estado miembro de la Unión Europea (048 revisada septiembre 2011).
049. Residencia de larga duración en España del familiar del residente de larga duración-UE en otro Estado miembro de la Unión Europea (049 revisada septiembre 2011).
050. Recuperación de la titularidad de una residencia de larga duración (050 revisada septiembre 2011).
051. Recuperación de la titularidad de una residencia de larga duración-UE (051 revisada septiembre 2011).
052.Gestión colectiva de contrataciones en origen (hoja informativa 52) (052 revisada septiembre 2011).
053. Autorización de residencia y trabajo. Gestión colectiva de contrataciones en origen. Ofertas estables (hoja informativa 53) (053 revisada septiembre 2011).
054. Autorización de residencia y trabajo.Gestión colectiva de contrataciones en origen. Temporada o campaña (hoja informativa 54).
055. Procedimiento para autorizar la entrada, residencia y trabajo interés económico, social o laboral, o Trabajos de investigación o desarrollo o docente que requieran alta cualificación, o actuaciones artísticas de interés cultural, cuya tramitación y resolución corresponde a la Dirección General de Inmigración (055 revisada septiembre 2011).
056. Trabajadores transfronterizos. Trabajadores que residan en zonas fronterizas con España y se desplazan diariamente para trabajar en España pero continúan residiendo en su país de origen. Trabajo por cuenta ajena (056 revisada septiembre 2011).
057. Trabajadores transfronterizos. Trabajadores que residan en zonas fronterizas con España y se desplazan diariamente para trabajar en España pero continúan residiendo en su país de origen. Trabajo por cuenta propia (057 revisada septiembre 2011).
058. Residencia hijo nacido en España (058 revisada septiembre 2011).
059. Residencia hijo no nacido en España (059 revisada septiembre 2011).
060. Informe previo estancia menores Tratamiento médico vacaciones (hoja informativa 60).
061. Informe previo estancia menores. Escolarización (hoja informativa 61).
062. Residencia temporal menores no acompañados (hoja informativa 62).
063. Renovación residencia temporal menores no acompañados acceso a la mayoría de edad (hoja informativa 63).
064. Residencia o residencia y trabajo ajena o propia acceso mayoría de edad no titulares residencia (hoja informativa 64).
065 a 096. Modificación de situaciones en procedimientos de extranjería (arts. 109 a 203 Reloex) (archivo asociado zip).
065. Modificación de estancia por estudios, investigación, formación o prácticas a residencia y trabajo por cuenta ajena (hoja informativa 065 revisada septiembre 2011).
066. Modificación de estancia por estudios, investigación, formación o prácticas a residencia y trabajo por cuenta propia (hoja informativa 066 revisada septiembre 2011).
067. Modificación de estancia por estudios, investigación, formación o prácticas a residencia con exceptuación de la autorización de trabajo (hoja informativa 067 revisada septiembre 2011).
068. Modificación de estancia por estudios, investigación, formación o prácticas a residencia y trabajo para investigación (hoja informativa 068 revisada septiembre 2011).
069. Modificación de estancia por estudios, investigación, formación o prácticas a residencia y trabajo de profesionales altamente cualificados (hoja informativa 069 revisada septiembre 2011).
070. Modificación de la situación de residencia a residencia y trabajo por cuenta ajena (hoja informativa 070 revisada septiembre 2011).
071. Modificación de la situación de residencia a residencia y trabajo por cuenta propia (hoja informativa 071 revisada septiembre 2011).
072. Modificación de residencia a residencia con exceptuación de la autorización de trabajo (hoja informativa 072 revisada septiembre 2011).
073. Modificación de residencia a residencia y trabajo para la investigación (hoja informativa 073 revisada septiembre 2011).
074. Modificación de residencia a residencia y trabajo de profesionales altamente cualificados (hoja informativa 074 rev4sada septiembre 2011).
075. Modificación de régimen comunitario a residencia no lucrativa (nulidad, divorcio, cancelación) (hoja informativa 075 revisda septiembre 2011).
076. Modificación de régimen comunitario a residencia y trabajo por cuenta ajena (nulidad, divorcio, cancelación) (hoja informativa 076 revisada septiembre 2011).
077. Modificación de régimen comunitario a residencia y trabajo por cuenta propia (nulidad, divorcio, cancelación) (hoja informativa 077 revisada septiembre 2011).
078. Modificación de régimen comunitario a residencia con exceptuación de la autorización de trabajo (nulidad, divorcio, cancelación) (hoja informativa 078 revisada septiembre 2011).
079. Modificación de régimen comunitario a residencia y trabajo para investigación (nulidad, divorcio, cancelación) (hoja informativa 079 revisada septiembre 2011).
080. Modificación de régimen comunitario a residencia y trabajo de profesionales altamente cualificados (nulidad, divorcio, cancelación) (hoja informativa 080 revisada septiembre 2011).
081. Modificación de régimen comunitario a residencia no lucrativa (cese como comunitario) (hoja informativa 081 revisada septiembre 2011).
082. Modificación de régimen comunitario a residencia y trabajo por cuenta ajena (cese como comunitario) (hoja informativa 082 revisada septiembre 2011).
083. Modificación de régimen comunitario a residencia y trabajo por cuenta propia (cese como comunitario) (hoja informativa 083 revisada septiembre 2011).
084. Modificación de régimen comunitario a residencia con exceptuación de la autorización de trabajo (cese como comunitario) (hoja informativa 084 revisada septiembre 2011).
085. Modificación de régimen comunitario a residencia y trabajo para investigación (cese como comunitario) (hoja informativa 085 revisada septiembre 2011).
086. Modificación de régimen comunitario a residencia y trabajo de profesionales altamente cualificados (cese como comunitario) (Hoja informativa 086 revisada julio 2011).
096. Mutaciones de las autorizaciones de residencia y trabajo. De residencia y trabajo por cuenta ajena a cuenta propia y de cuenta propia a cuenta ajena (hoja informativa 096 revisada septiembre 2011).
097. Número de Identidad de Extranjero (NIE) (097 revisada septiembre 2011).
098. Tarjeta de Identidad de Extranjero (TIE) (098 revisada septiembre 2011)..
099. Certificado de ser o no residente en España (099 revisada septiembre 2011).
100. Cédula de inscripción (100 revisada septiembre 2011). .
101. Título de viaje (101 revisada septiembre 2011).
102. Ciudadanos Comunitarios. Certificado de registro (102 revisada septiembre 2011).
103. Tarjeta de familiar comunitario (103 revisada septiembre 2011).
104. Cerficado de residencia permanente de ciudadano comunitario (104 revisada septiembre 2011). .
105. Tarjeta de residencia permanente de familiar de ciudadano comunitario (105 revisada septiembre 2011).
106. Sujetos legitimados para firmar y presentar solicitudes (hoja informativa 106) (106 revisada septiembre 2011).
107. Situación Nacional de Empleo. Supuestos en los que la Situación Nacional de Empleo permite la contratación de ciudadanos extranjeros no residentes en España (107 revisada septiembre 2011).
108. Información sobre legalización y traducción de documentos. Requisitos para admitir documentación expedida por Autoridades públicas extranjeras (108 revisada septiembre 2011).
109. Autorización de residencia temporal y trabajo por cuenta ajena para deportistas profesionales duración estables (109 revisada septiembre 2011).
110. Autorización de residencia temporal y trabajo por cuenta ajena de duración determinada para deportistas profesionales (110 revisada septiembre 2011).
111. Penados. Autorización de trabajo de penados en talleres productivos (111 revisada septiembre 2011).
112. Autorización de trabajo a penados en libertad condicional (hoja informativa 112) (112 revisada septiembre 2011).
113. Autorizaciones de trabajo para ciudadanos rumanos (hoja informativa 113- septiembre 2011).
114. Régimen aplicable a los familiares de trabajadores por cuenta ajena rumanos (hoja informativa 114-septiembre 2011).

Más información relacionada:

Ficheros Asociados

065 a 096. Modificación de situaciones en procedimientos de extranjería (archivo asociado zip). (1,28 MB)

Un compromiso con la Justicia; por Antonio Hernández-Gil, Decano del Colegio de Abogados de Madrid

2011-12-18T22:47:00.001+01:00

Un compromiso con la Justicia; por Antonio Hernández-Gil, Decano del Colegio de Abogados de Madrid

http://www.iustel.com/diario_del_derecho/noticia.asp?ref_iustel=1055041

16/12/2011

El día 16 de diciembre de 2011, se ha publicado un artículo en el Diario ABC, de Antonio Hernández-Gil, en el que el autor opina que hay que transmitir a la sociedad la necesidad de un compromiso con la justicia; un compromiso político y ciudadano que sitúe los problemas de la justicia en el lugar central que les corresponde dentro del mapa institucional de una España abierta a la comunidad internacional. Transcribimos íntegramente el texto del artículo.

UN COMPROMISO CON LA JUSTICIA

Venimos de unas elecciones de bajo voltaje, en contraste con la gravedad de los problemas que afrontamos. Como el de la justicia, casi ausente del discurso político. Solo algunas generalidades sobre la confianza en las instituciones, la elección de los magistrados del Tribunal Constitucional o la agilización de los procesos. Así no se equivoca nadie. La justicia relegada en la escala de prioridades tal vez porque no admite soluciones rápidas; o porque una justicia organizada, eficaz y con la autoridad de la razón sería un límite demasiado incómodo para las acciones de gobierno.

Tampoco oímos hablar de un pacto de Estado sobre la justicia. Nadie parece dispuesto a ceder una brizna de poder o a comprometer su posición futura sobre las deficiencias de la maquinaria institucional que asegura el Estado de Derecho. Probablemente son los políticos quienes mejor saben qué da y qué quita votos, y nada debería objetarse a los que han vencido limpia y ampliamente. Pero no hay tiempo que perder si se trata de mejorar la justicia y la confianza en ella de los ciudadanos. Los abogados, mucho más que “cooperadores” con la Administración de Justicia como dicen nuestras leyes procesales, reivindicamos un papel protagonista en la solución de los problemas de la convivencia. Siendo decano de uno de los más importantes colegios de abogados de Europa, aunque escriba a título personal, me siento en la obligación de contribuir a un diagnóstico global, que resumo en los siguientes cinco puntos para el cambio:

Primero: volver a poner en valor la Constitución como expresión de un pacto social cargado de futuro e informado por principios cuya fuerza transformadora dista mucho de haberse agotado en la construcción del Estado social y democrático de derecho. Tengo pocas dudas de que hace unos años el espíritu constitucional estaba más presente que hoy en la acción de los poderes públicos. Entonces no habrían sido siquiera imaginables sucesos como la quiebra de la confidencialidad de las comunicaciones personales entre abogado y cliente en la privacidad engañosa del locutorio de una prisión, o el maltrato deliberado al sistema de asistencia jurídica gratuita por parte de las administraciones que tienen la obligación de atenderlo, poniendo en riesgo el derecho a la tutela judicial efectiva de los ciudadanos más necesitados. Hay una regresión generalizada de los principios y valores constitucionales ante la “necesidad” de soluciones expeditivas. Sin embargo, el Estado de Derecho se desangra por las grietas abiertas para actuar de forma supuestamente más eficaz: no hay transacción posible con los derechos fundamentales, ni entre el valor superior de la justicia y las razones de la economía, la urgencia o la demagogia.

Segundo: exigir de todos los poderes la estricta observancia de las normas que definen el sistema institucional de la justicia; el respeto real y no ritual a la independencia de Juzgados y Tribunales; el fiel cumplimiento de plazos y fines de actuación, proveyéndose a tiempo los nombramientos, decididos solo por la idoneidad de los candidatos, sin que estos o aquellos caigan en la tentación de obrar con fines partidistas, o simplemente no generales, ante la impunidad que proporciona la ausencia de instrumentos eficientes contra la desviación de poder. Incluyo aquí la designación de los magistrados del Tribunal Constitucional, los nombramientos de y por el Consejo General del Poder Judicial; pero también el cumplimiento en tiempo por las Administraciones Públicas de las sentencias firmes y el de sus obligaciones legales frente a los administrados exactamente igual que a estos se les exigen sus cargas e impuestos, así como una mayor diligencia en la proyección y disposición de medios económicos para fines de gestión pública con los recursos de todos. Dado que la observancia espontánea de las normas no parece suficiente, convendría reforzarla mediante mecanismos sancionadores que incluyeran la responsabilidad personal de los gestores negligentes. No puede haber tanta asimetría entre la justicia del ciudadano y la del Estado, como si este ocupara un espacio inmune.

Tercero: racionalizar la arquitectura competencia! de la Administración de Justicia. Hay que poner fin a la superposición ineficiente de dependencias, al rompecabezas de comunidades con competencias transferidas y comunidades que siguen siendo “territorio Ministerio” para organizar los siempre limitados medios de la justicia. En unas y otras los jueces y magistrados están subordinados al Consejo General del Poder Judicial, cuyas resoluciones en materia de nombramientos y disciplina son recurribles ante el Tribunal Supremo para mayor incertidumbre, mientras que los secretarios judiciales reportan al Ministerio de Justicia, el personal auxiliar a la Comunidad o al Ministerio de Justicia, según las transferencias, los fiscales a la Fiscalía General del Estado, y todos, en lo presupuestario, dependen del Ministerio o la Consejería de Economía de turno. Así no es posible asignar responsabilidades. Nadie tiene la llave de una cohabitación imposible cuyo buen orden requiere antes del consenso que de proclamas para devolver al unas competencias que no se han sabido ejercer, enviándose mensajes de desafección institucional por quienes tienen la obligación de resolver los problemas en lugar de crearlos.

Cuarto: dotar a la Administración de Justicia de los recursos necesarios. Tanto para adapta actual geografía humana la demarcación y planta territorial de nuestros tribunales, herederas de una sociedad rural, como para impulsar y reorientar en lo necesario la reforma de la oficina judicial y culminar el recurso útil a las herramientas tecnológicas; o para aproximarnos al número de jueces por habitante de los países más avanzados de nuestro entorno, reduciendo los porcentajes de jueces sustitutos y personal interino que esfuerzo de su desempeño, lastran objetivamente la calidad de nuestra justicia. La penosa situación de las cuentas públicas no puede saldar con la congelación o la reducción generalizada, partida a partida, de los presupuestos. Habrá que establecer prioridades y diseñar políticas inteligentes que, aun orientadas en conjunto a consolidación fiscal, permitan recortar los gastos menos necesarios y reforzar aquellas áreas c impacto para racionalizar la gestión, preservar la seguridad jurídica y fortalecer la cohesión. No solo en justicia.

Y quinto: modernizar la formación de jueces, magistrados, fiscales, secretarios y personal auxiliar. El acceso a esta función pública y la promoción y movilidad dentro de ella, siguiendo principios de mérito y capacidad, han de asegurar junto con el conocimiento material del derecho, el dominio de las competencias necesarias para ejercer las funciones organizativas ligadas a la jurisdicción. En lo posible, habría que aproximar esa formación a la de los abogados y otros profesionales del derecho para facilitar la integración de una auténtica comunidad jurídica, dentro del espacio común europeo, al servicio de la sociedad y del interés general de la justicia.

Cabría proseguir y hablar de la reforma de la instrucción penal, de la garantía de la doble instancia, o de una Ley Orgánica de la Defensa que regule unitariamente los diversos derechos fundamentales afectados en relación con el derecho de todos a tener derechos en la lúcida formulación de Hannah Arendt. Un derecho, este, anterior a otros tan básicos como el derecho a la sanidad o a la educación, y que en entredicho en un mundo donde la búsqueda de la seguridad y la tentación de regular los movimientos de personas profundizando las fronteras producen desigualdades esenciales. Pero, por todo, hay que transmitir a la sociedad la de un compromiso con la justicia; un compromiso político y ciudadano que sitúe los problemas de la justicia en el lugar central que les corresponde dentro del mapa institucional de una España abierta a la comunidad internacional, falta también herramientas jurídicas para gestionar la globalización. Un compromiso al que solo puede desde la reflexión serena, sin improvisaciones, y mediante un amplio consenso a partir del diálogo plural con todos los actores implicado que la abogacía ofrece lealmente desde responsabilidad social.

CIRCULARES FISCALIA GENERAL DEL ESTADO UNIFICANDO CRITERIOS EN MATERIA DE PROTECCION Y REFORMA

2011-12-17T23:17:00.001+01:00

22/11/2011

Circular 8/2011, sobre criterios para la unidad de actuación especializada del Ministerio Fiscal en materia de protección de menores.

Circular 8/2011, sobre criterios para la unidad de actuación especializada del Ministerio Fiscal en materia de protección de menores. (PDF: 3,871 Mb.)

Circular 9/2011, sobre criterios para la unidad de actuación especializada del Ministerio Fiscal en materia de reforma de menores.

Circular 9/2011, sobre criterios para la unidad de actuación especializada del Ministerio Fiscal en materia de reforma de menores. (PDF: 5,574 Mb.)

El CERMI presenta en Galicia el primer estudio amplio sobre el Impacto de la Convención de la ONU sobre Discapacidad en la legislación educativa española

2011-12-17T10:56:00.001+01:00

El CERMI presenta en Galicia el primer estudio amplio sobre el Impacto de la Convención de la ONU sobre Discapacidad en la legislación educativa española

13/12/2011

http://www.cermi.es/es-ES/Noticias/Paginas/Inicio.aspx?TSMEIdNot=3074

FUENTE: CERMI

El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) presentará mañana en Santiago de Compostela el primer estudio amplio publicado en español sobre el impacto en la legislación educativa, tanto estatal como autonómica, de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

La presentación tendrá lugar en el marco de la V Jornada de Debate del Observatorio Estatal de la Discapacidad (OED), que con el título ‘Discapacidad y Educación’ organizan la Xunta de Galicia y el OED.

La obra argumenta la tesis de que la normativa educativa española no ha asumido la dimensión inclusiva de la discapacidad, por lo que debe ser objeto de reformas legales de calado.

Bajo el título “El impacto de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en la legislación educativa española”, la publicación, de la que son autoras María José Alonso Parreño e Inés de Araoz, analiza con detalle el grado de correspondencia entre los mandatos en materia de educación inclusiva del tratado internacional de la discapacidad y la normativa española.

En opinión de las autoras, la legislación española no respeta el modelo de educación inclusiva establecido por la Convención ya que sigue manteniendo estructuras y modalidades educativas que segregan a una parte del alumnado con discapacidad.

Al haber firmado y ratificado España la Convención, que es un tratado internacional de rango superior a la legislación interna, el Estado español debe proceder a revisar la normativa educativa para acomodarla plenamente al texto internacional.

El estudio ha sido el primero de estas características elaborado en nuestro país y será presentado por sus autoras.

"3,8 millones de personas con discapacidad, más de 6.000 asociaciones luchando por sus derechos"

Entrevista a la Directora Cátedra Santander de Derecho y menores Isabel Lázaro: «140.000 niños españoles sufren violencia en sus hogares» «Más de 920.000 menores dicen sentirse solos en casa»

2011-12-15T22:33:00.001+01:00

http://www.ibercampus.es/articulos.asp?idarticulo=15023

Dirige la Cátedra Santander de Derecho y Menores

MADRID- La profesora Isabel Lázaro revela un panorama desolador respecto a la situación que atraviesan los niños en España y apuesta por la conciliación para permitir la convivencia entre padres e hijos, así como potenciar la labor pedagógica de los profesores.
–¿Cuál es la radiografía de la situación actual de la infancia y la adolescencia en España?
–Según la Encuesta de Infancia en España 2008, predominan los hogares unidos, la sociabilidad intensa y sólo un 10-20% de niños está en riesgo social. No obstante, más de 70.000 niños de entre seis y catorce años suelen cenar sin sus padres en casa. Más de 920.000 dicen sentir soledad en su hogar, alrededor de 140.000 sufren la violencia porque les pega con frecuencia alguno de sus padres y unos 114.000 niños admiten que les pegan mucho en la escuela.
–¿Cómo se puede proteger y defender mejor a nuestros niños?
–La mejor protección es la prevención y la atención al riesgo para evitar la situación de desamparo, que deben atenderse contemplando al niño en la familia. El apoyo a éstas para el desempeño de sus funciones es esencial, así como la capacidad de dar respuesta a las situaciones de desprotección en el menor tiempo posible.
–¿Qué aportará la nueva Ley de Protección del Menor?
–La actual ley establece un marco de protección que parece bastante adecuado. La reforma de esta ley debería permitir la potenciación del acogimiento familiar. Es preciso abundar, no obstante, en el reconocimiento de los derechos de la Convención de Derechos del Niño. Es necesario implementarlos en el día a día de la vida de los niños.
–La exposición de los niños en España a la pobreza ha crecido más desde 2009 que la del total de la población, pasando del 23,3% al 26,5% en 2011.
–La crisis ha incrementado los índices de pobreza y ha aumentado las diferencias sociales. Los niños son más vulnerables a la crisis que los adultos. Realmente el dato es preocupante y además de alarmarnos debería ser un acicate para priorizar a los niños a la hora de paliar los efectos de esta situación y de buscar soluciones.
–¿Cómo podemos proteger a los menores en internet?
–Existen mecanismos que limitan el acceso a ciertas páginas pero, sinceramente, creo que la protección fundamental está en la educación. Hasta ciertas edades los niños no deben estar solos en una habitación propia viajando por internet.

Docente desde 1985
Directora de la Cátedra Santander de Derecho y Menores de la Universidad Pontificia Comillas, que cuenta con el respaldo de Banco Santander a través de la División Global Santander Universidades, se doctoró en Derecho es docente desde 1985.

JORNADA EXTRANJERIA MENORES GRANADA

2011-12-13T21:03:00.001+01:00

DEFENSA MENORES EN CONFLICTO DE LEY DNI COSTA RICA

2011-12-11T22:38:00.001+01:00

GRAN LOGRO DE LA CAMPAÑA – 18 ≠ + 18 –

El 26 de mayo del 2011, en la Comisión de Seguridad y Narcotráfico de la Asamblea Legislativa compuesta por nueve diputados/as, se decidió por unanimidad recortar el proyecto de Ley 17.615, excluyendo del proyecto el texto que proponía aplicar el derecho penal de adultos a las personas adolescentes entre los 15 y 18 años.

La campaña -18 ≠ +18 aportó en diversas acciones como la recolección de firmas tanto de manera física, la producción de materiales y la sensibilización de diferentes actores, entre otras, demostró que al contar con argumentos sólidos y fundamentados, al estar bien organizado y en alianza con otros, es posible hacer cambiar de opinión a los y las diputados/as.

A pesar de que el tiempo en que se llevó a cabo la campaña fue bastante corto, se recogieron casi 600 firmas de personas que en su mayoría son actores que tradicionalmente no han estado involucrados en este tema. En este sentido se visualice como logro haber podido sensibilizar a nuevos grupos de personas y esperamos que contribuya a estimular la participación de diversos sectores en las próximas discusiones que se presentarán en el país en torno a la Justicia Penal Juvenil.

A pesar de que consideramos totalmente inconveniente lo que queda como proyecto de ley, ya que esta no constituye en la respuesta que se debe dar al incremento de la violencia y el delito, vemos necesario asumir que la campaña logró uno de sus objetivos principales, por lo queremos anunciar su cierre.

Expresamos nuestro agradecimiento a quienes participaron en la campaña; a los/las estudiantes del TCU Programa 547 de la UCR a favor de la Población Penal Juvenil, a las personas que firmaron tanto en forma física como los que lo hicieron en el espacio virtual, así como a nuestros seguidores en Facebook y a los actores del Sistema de Justicia Penal juvenil que contribuyeron a desplegar la campaña. Igualmente reconocemos los importantes pronunciamientos hechos por la Jefa de la Defensa Pública y la Defensora de los Habitantes.

http://www.dnicostarica.org/?p=509

V Congreso Mundial de Infancia 2012

2011-12-10T19:53:00.001+01:00

El Gobernador Gioja, firmó convenio para organizar V Congreso Mundial de Infancia 2012

El Gobernador de la Provincia de San Juan, ingeniero José Luis Gioja, encabezó la firma del Convenio que puso en marcha la iniciativa. El Ministro de Desarrollo Humano y Promoción Social de esa provincia Daniel Molina, el Diputado Eduardo Bustelo, presidente del Foro Parlamentario por la Infancia y los Diputados Marcelo Brignoni y Marcelo Gastaldi, Presidente y Vicepresidente del Comité Organizador informaron los alcances del acontecimiento que se desarrollará por primera vez en nuestro país, en Octubre de 2012. El V Congreso está fundado en la búsqueda del efectivo cumplimiento internacional de los principios establecidos en la Convención Internacional de los Derechos del Niño, incorporada a la Constitución Nacional Argentina en el artículo 75 inciso 22 y reimpulsada en la Declaración UN MUNDO APROPIADO PARA LOS NIÑOS, emitida por Naciones Unidas en 2002

El Gobernador Gioja recogió los antecedentes de aquella consigna de LOS UNICOS PRIVILEGIADOS SON LOS NIÑOS, para dar un marco histórico de referencia al viejo y vigente compromiso con la infancia de aquella mítica figura argentina que fuera Eva Perón, hasta nuestros días. Gioja recordó además la decisión de firmar el Pacto por la Infancia en el año 2003, donde San Juan se propuso convocar a todos los sectores de la sociedad a trabajar con nuestros niños y adolescentes, creando el Plan Provincial de Políticas para la Infancia. El Gobernador señaló que “…esto es parte de un equipo y de una concepción política. Estamos orgullosos como provincia, la cual trata por todos los medios que esos derechos y necesidades se respeten, y es un orgullo que gente comprometida con la infancia de todo el mundo nos viste en san Juan en 2012…”

El Ministro Molina expresó que “…es una gran alegría estar anunciando y presentando este congreso que se realizará el próximo año aquí en la provincia de San Juan. Humildemente, creo que nos merecemos ser sede de este encuentro mundial, porque la provincia ha hecho un proceso político muy interesante en materia de protección de los derechos de niños y adolescentes. Los más chicos necesitan que militemos sus derechos, necesitan protección y lo tenemos que hacer con medidas concretas y políticas concretas. En ese sentido San Juan ha sido pionera en tomar una serie de iniciativas muy interesantes…”.

Por su parte Marcelo Brignoni, Presidente del Comité Organizador expresó que “…decidir que este V Congreso fuera en San Juan tiene que ver con un reconocimiento de parte de quienes integramos el Foro Parlamentario Por la Infancia de la República Argentina a muchos años de trabajo concreto en esta provincia…”.

Eduardo Bustelo, Vicepresidente 1ro de la Cámara de Diputados, y presidente del Foro Parlamentario por la Infancia de la República Argentina señaló que “… para San Juan, haber sido designado como sede, es muy importante. La provincia tiene un record a exhibir de una serie de medidas que ha ido tomando la gestión en lo que se refiere a su compromiso con los niños, al beneficio, a la preocupación; que van en una cantidad enorme de programas y acciones que el gobierno provincial ha tenido y también refleja la sensibilidad y la consistencia que ha demostrado en este tema el Gobierno Provincial y nuestro Gobernador…”.

Marcelo Gastaldi consideró que “…nuestro país tiene muchas cosas de que enorgullecerse y principalmente un logro y un modelo a seguir por los demás estados. Esto claramente ha sido y es la implementación de la Asignación Universal por Hijo. Desde esa experiencia queremos discutir de manera abierta e internacional que la infancia no puede seguir postergada por problemas generados por los adultos a partir de su avaricia…”

Los ejes dispuestos para este V Congreso Mundial por los Derechos de la Infancia y Adolescencia son:

1- Infancia en Riesgo de Exclusión Social
2- Infancia sin Familia
3- Infancia en Conflicto con la Ley
4- Infancia en Situación de Explotación
5- Infancia, Internet y Escuela
6- Infancia y Conflictos Armados

Este V Congreso Mundial de Infancia, al igual que los anteriores tiene como principio inspirador la declaración de un mundo apropiado para los niños, aprobada por las Naciones Unidas en mayo de 2002 en Nueva York, USA.

nueva página web (www.oijj.org)

2011-12-06T23:09:00.001+01:00

Estimados usuarios y colaboradores del OIJJ;

Es para mi un placer informarles que después de más de 9 años de antigüedad el Observatorio Internacional de Justicia Juvenil pondrá en marcha próximamente una nueva página web (www.oijj.org), es por tanto un honor para todos los que formamos este Observatorio poder compartir con usted esta nueva etapa.

Esta página ha sido totalmente renovada en su diseño, con el fin de continuar siendo una plataforma de comunicación y un instrumento eficaz de consulta y encuentro de todos los profesionales y expertos en justicia juvenil en el mundo. En este sentido queremos agradecer las aportaciones y sugerencias de aquellos colaboradores que han participado en la actualización de esta web.

Además de las novedades que tanto en su diseño como en sus contenidos podrán encontrar, los usuarios de la nueva web del OIJJ disfrutarán de una navegación más fluida y rápida, gracias a la mejora de su estructura y presentación de sus diferentes secciones que seguirán siendo actualizadas diariamente.

Así mismo, quisiera informarles sobre la incorporación de nuevas secciones cómo "Justicia Juvenil en imágenes" donde a través de esta sección distintos fotógrafos y artistas sensibilizados nos ofrecerán la posibilidad de acercarnos a las distintas realidades en la que se encuentran niños y jóvenes de los diferentes continentes. A través de la Sección "Políticas Europeas en Justicia Juvenil" publicaremos información y novedades que en materia de una justicia favorable para los niños sean promovidas por las instituciones europeas y principales organizaciones especializadas en la investigación y / o representantes de la sociedad civil especializados en la materia. Por último, mediante la sección "Proyectos e investigación" el OIJJ dará a conocer los diversos proyectos de investigación donde trabaja de forma activa con otras organizaciones e instituciones internacionales.

En el marco de nuestro compromiso con una Justicia Juvenil Global y sin Fronteras, estamos convencidos de que este espacio virtual innovador permitirá la accesibilidad, divulgación e intercambio de información entre los profesionales y expertos de todo el mundo comprometidos con los derechos de los niños en conflicto con la ley.

Les agradecemos la confianza que nos depositan al visitarnos y les invitamos a hacernos llegar sus comentarios o sugerencias acerca de esta nueva iniciativa, que nos permitirán mejorar la calidad del servicio y de la información que ofrecemos.

Dr. Francisco Legaz Cervantes
Presidente
Observatorio Internacional de Justicia Juvenil (OIJJ)

Guía de Actuación en la Asistencia Jurídica a Solicitantes de Protección Internacional

2011-12-05T23:10:00.001+01:00

ICAM y ACNUR
El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados y el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, Compartiendo su común preocupación en la defensa de los derechos humanos en general y muy especialmente de los refugiados y los solicitantes de protección internacional en España, dentro del espíritu de colaboración mutua seguido a lo largo de los últimos años, tienen la satisfacción de publicar la presente Guía. La Guía de Actuación en la Asistencia Jurídica a Solicitantes de Protección Internacional se elabora como parte de una iniciativa emprendida por la Delegación del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados en España, en colaboración con el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, transcurridos casi dos años de vigencia de la Ley 12/2009, de 30 de octubre, reguladora del derecho de asilo y de la protección subsidiaria, con el objetivo de contribuir a la calidad de la asistencia jurídica prestada a los solicitantes de protección internacional en España y facilitar, en la medida de lo posible, la detección y el acceso al procedimiento de los potenciales refugiados y beneficiarios de la protección subsidiaria. El Decano del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM), Antonio Hernández Gil y la Representante en España del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), Maricela Daniel, han firmado el 30 de noviembre un convenio por el que se comprometen a colaborar en la promoción del derecho de asilo y la protección internacional, así como en la protección de todas las personas que recaen bajo sus respectivos ámbitos de actuación
DOCUMENTOS	[30/11/2011]PARA DESCARGAR LA GUÍA PINCHAR AQUÍ
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La justicia adaptada para niños y los derechos del niño

2011-12-04T20:05:00.001+01:00

La justicia adaptada para niños y los derechos del niño

Autor: Child Rights Information Network (CRIN)

Otros autores: Yoo, Ara, (trad.)

Lugar de Edición: Londres

Editorial: Child Rights Information Network (CRIN)

Año de edición: 2011

Páginas: 12 p.

Idioma: Español

Fuente: Child Rights Information Network (CRIN)

Formato: Web

Temáticas: Bienestar social, protección y prevención, Derecho y legislación

Descriptores: administración de justicia, juzgados de menores, derecho a la justicia, derechos del niño, protección a la infancia

Resumen:

Este informe trata el derecho de las niñas, los niños y adolescentes a una justicia adaptada para ellos, e incluye ejemplos de buenas prácticas, normas internacionales y regionales, estudios y otros recursos.

Si los niños entran en contacto con la ley, ya sea como víctimas, testigos o delincuentes, es igualmente importante que el sistema entienda y respete tanto sus derechos como su especial vulnerabilidad (resumen sacado del propio documento).

Ir a página web.

Civil – Personas. Declaración de incapacidad. Sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia (s. 10ª) de 21 de septiembre de 2011 (D. JOSE ENRIQUE DE MOTTA GARCIA-ESPAÑA).

2011-12-01T21:00:00.001+01:00

Civil – Personas. Declaración de incapacidad.

Sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia (s. 10ª) de 21 de septiembre de 2011 (D. JOSE ENRIQUE DE MOTTA GARCIA-ESPAÑA).

PRIMERO.- Debemos partir de que la declaración de incapacidad de una persona constituye una de las más trascendentales en el ámbito civil, al afectar a la libertad propia de los seres humanos y de ahí que, como señala la Sentencia del Tribunal Supremo de 31 diciembre 1991, estas cuestiones no deben permanecer lejanas a la sensibilidad y carga humana de los juzgadores a los que corresponda emitir la respuesta-sentencia adecuada como estado civil limitativo de derechos, la constitución o declaración de incapacidad, está sometida, en cuanto a las causas que la determinan, al principio de legalidad y en cuanto a sus efectos, a la previa constitución por resolución, firme de los órganos jurisdiccionales, declaración que ha de ir precedida de una actividad probatoria suficiente para destruir la presunción de capacidad que asiste a toda persona y que afecta al derecho fundamental al libre desarrollo de la personalidad, consagrado en el artículo 10.1 de la Constitución Española (Sentencias del Tribunal Supremo de 20 febrero 1989 y 20 marzo 1991).

SEGUNDO.- Si el artículo 199 del Código Civil consagra como principio que "nadie puede ser declarado incapaz, sino por sentencia judicial firme en virtud de las causas establecidas en la ley", el artículo 200 del mismo Texto Legal prescribe que son causas de incapacitación, las enfermedades o deficiencias persistentes de carácter físico o psíquico, que impidan a la persona gobernarse por sí misma aclarando la jurisprudencia que este impedimento al gobierno de la persona por si misma equivale a la imposibilidad total y completa a dicho gobierno.

TERCERO.- Lo que significa que, como principio general, debe reputarse capaz a toda persona, mientras no se demuestre lo contrario por una prueba concluyente (Sentencias del Tribunal Supremo de 26 mayo 1969, 1 febrero 1956 y 10 febrero 1986), y tal prueba ha de ir destinada a constatar la existencia de enfermedades o deficiencias persistentes, de carácter físico o psíquico, que impidan a la persona para regirse por si misma, y revelen, en definitiva, la necesidad de poner en funcionamiento los mecanismos de guarda y protección previstos en los artículos 215, 222 ó 287 del Código Civil puesto que esa y no otra es la finalidad primordial de la incapacitación la protección de la persona que no se halla en condiciones, físicas o psíquicas, de protegerse a sí misma.

CUARTO.- Así pues hemos de partir de que la prueba en este tipo de procedimientos ha de ser concluyente y ha de destruir el principio general favorable a la presunción de capacidad de las personas. En el presente caso no se ha procedido por el Sr. Juez de instancia a una declaración de incapacidad afectante a la esfera personal ni patrimonial como interesaba la ahora recurrente y ello, necesariamente ha de confirmarse en esta alzada, pues los elementos de juicio que constan en autos no son, en absoluto, concluyentes ni justifican la adopción de la medida interesada; en efecto, basta la simple lectura del informe emitido por el médico forense, así como la ratificación realizada en esta alzada, para claramente percibir que la demandada no se halla afecta de una enfermedad que precise tan grave medida como la interesada, sin perjuicio, como muy bien dijo el Sr. Fiscal en el acto de la vista, de que en los casos puntuales en que el demandado precise de asistencia médica, incluído su ingreso, así se haga, como hasta ahora se ha venido realizando, procediendo por ello la íntegra confirmación de la resolución recurrida por sus propios fundamentos, si bien en lo referente a las costas de la instancia debe estimarse el recurso de apelación habida cuenta que no puede predicarse temeridad en quien, acertada o erróneamente interesa lo que cree es mas beneficioso para su hermana, revocándose en este punto la sentencia de instancia, sin hacer expresa declaración en cuanto a las costas de ambas instancias.

La Justicia gratuita, en peligro

2011-11-30T22:38:00.001+01:00

miércoles 30 de noviembre de 2011

http://economiaaloclaro.blogspot.com/2011/11/la-justicia-gratuita-en-peligro.html

Justicia gratuita, en peligro

Casi 2 millones de personas con pocos recursos reciben cada año la asistencia gratuita de un abogado. Es el 112 de la Justicia, un servicio financiado con los impuestos y que cuesta menos que en Europa. Las autonomías, sobre todo Madrid y Valencia, lo han recortado y deben casi un año a los abogados. Y quieren recortar aún más la Justicia gratuita, un derecho constitucional, dentro de otros recortes que ya está sufriendo la Justicia en muchas autonomías, sobre todo en personal, medios y nuevos juzgados. Varias autonomías del PP, con Madrid a la cabeza, quieren devolver las competencias de Justicia. Y Cataluña ha abierto la puerta del copago, subiendo las tasas judiciales para 2012.

enrique ortega

Defender gratis a los que no tienen posibles se hace desde el siglo XIII, pero en España es un derecho reconocido en tres artículos de la Constitución (17.3, 24.2 y 119) y desarrollado en una Ley de enero de 1996. Con la crisis, han aumentado los beneficiarios (han de ganar menos de 14.910 euros anuales), 1,7 millones de personas en 2010. La mayoría son del turno de oficio (66%), seguido de la asistencia letrada al detenido (22%) y asistencia por violencia de género (4%), destacando los temas penales (64%) y civiles (20%).
En España, la Justicia gratuita, en la que colaboran 36.000 abogados de 83 Colegios, es muy valorada por los usuarios (nota de 6,9, según encuesta de Metroscopia) y resulta más barata que en Europa: costó 256,6 millones en 2010, 5,40 euros por habitante frente a 7 € de media europea (y 50 € en Reino Unido, donde tienen derecho a ella todos los ciudadanos). Y su coste bajó por primera vez en 2010, un 4%, a pesar del aumento de expedientes, sobre todo por impagos, ejecuciones hipotecarias, litigios en pagos por divorcios y juicios por delitos de tráfico.
En las 5 autonomíasdonde la Justicia no está transferida(Castilla y León, Murcia, Castilla la Mancha, Baleares y Extremadura), el Ministerio paga a los abogados sin problemas. Pero en el resto, las autonomías aplican recortes e impagosal turno de oficio. Madrid debe los 10 meses de este año (8,14 millones), lo que ha provocado la primera huelga de abogados de la historia. Y Valenciadebe otros 10 millones. En ambos casos, y en otros (Cataluña debe cuatro meses), los Colegios tienen créditos para pagar a sus colegiados (como los farmacéuticos).
Junto a estos impagos, casi todas las autonomías han aplicado recortesa la Justicia gratuita en 2011, reduciendo derechos: exigencia de más requisitos a los emigrantes(Valencia, Castilla y León, Madrid, Sevilla, Granada, Melilla), recortes a la asistencia a presos y desvío de la asistencia a mujeres maltratadas a asociaciones al margen de los Colegios de abogados. Y hay varias autonomías, con Madrid a la cabeza, que se han reunido para estudiar “reformas”, por tres vías: asumir ellos el servicio (“funcionarizarlo”),privatizarlo (Madrid ya ha adjudicado a Legalitas el Servicio de asistencia jurídica a mayores) y restringir el servicio (“a los pobres de solemnidad”, como dijo el ex-consejero madrileño, Granados).
Los recortes e impagos en la Justicia gratuita (el chocolate del loro: supone el 6,3% del gasto en Justicia), son sólo una muestra de los recortes en la Justicia, tras los de sanidad,educacióny gastos sociales, aplicados por el Gobierno(el Presupuesto 2011 cayó un 7%) y todas las autonomías, que financian el 60% del gasto judicial. Y eso, a pesar de que España gasta menos en Justicia (0,38% PIB, frente al 0,50 % de media en Europa). Y, lo más llamativo: hay varias autonomías del PP, empezando por Madrid y Aragón, que ya han dicho que quieren devolver esta competencia al Estado. Y tanto Murcia como Castilla la Mancha no han querido este verano asumir las competencias de Justicia, como les tocaba.
En paralelo, Dolores de Cospedal advirtió que el PP “estudiará cómo gestionar mejor los recursos en Justicia”, lo que augura nuevos recortes. Y Cabré, el consejero de Justicia valenciano defendió que” los que usan la Justicia paguen una tasa extra”. Precisamente, variasasociaciones judiciales (Asociación Profesional de la Magistratura, Asociación Francisco de Vitoria) han lanzado el debate del copago judicial: aumentar las tasas judiciales que liquidó Felipe González en 1986 y que recuperó Aznar en 2002. Actualmente las pagan sólo las empresas, en temas civiles y contenciosos, aportando 173 millones al año. Algunos expertos plantean extenderlas también a los temas penales y de lo social y que paguen también los particulares (que ya pagamos la Justicia con los impuestos). Otrossin embargo defienden aumentar el Presupuesto de Justicia, para modernizarlay hacerla más ágil, lo que pasa por aumentar jueces, plantillas, tecnología y juzgados.
De momento, Cataluña introducirá en 2012 el copago en la Justicia, con siete nuevas tasas. En paralelo a este debate sobre la financiación de la Justicia, está en el aire el futuro del turno de oficio y la Justicia gratuita, más aún con el futuro Gobierno. Y eso cuando la Unión Europea se está planteando crear un turno de oficio europeo. El Consejo de Colegios de Abogadosdenuncia que “con la excusa de la crisis, algunas autonomías aprovechan para reducir derechos de los que por no tener posibles no tendrían ni derecho a una defensa justa”.
Estamos hablando del 112 de la Justicia, un servicio público esencial (como la salud) que nos cubre por si nos pasa algo y no podemos pagar un abogado. Un servicio modelo en Europa y que cuesta 45 millones al año en Madrid (lo que 4 meses Tele Madrid) o 24 millones en la Comunidad Valenciana (poco más que las tres torres fantasmas de Calatrava). Es un derecho fundamental, para los más débiles, y hay que salvarlo.

Situación preocupante de la Justicia española y sus posibles soluciones

2011-11-28T22:29:00.001+01:00

SALAMANCA / viernes, 25 de noviembre de 2011 / Opinión

Situación preocupante de la Justicia española y sus posibles soluciones

Jesús Seoane


				Jesús Seoane

La situación de la Justicia española ,según datos del Consejo General del Poder Judicial , es preocupante .El movimiento de asuntos indica como en 5 años ( desde 2006 a 2010 ) se han incrementado en casi un millón y medio ( de 8.000.000 a 9.500.000), encontrándose en tramitación al 31 de diciembre de 2010 mas de tres millones( “ La Razón “ de 7 de marzo de 2011).
La lentitud de la Justicia española es un mal endémico que ya denunció MELCHOR DE MACANAZ en el año 1748, Fiscal General del Consejo de Castilla , en un manifiesto dirigido al Rey Carlos III ,que le costó la cárcel, la excomunión y su muerte en el destierro .El Ministro de Justicia GARRIGUES Y DIAZ CAÑABATE (año de 1976), al referirse a la lentitud de la Justicia española, afirmaba que “ la Justicia lenta que se dilata en exceso se convierte en injusticia”.
Los Abogados GARCIA- TREVIJANO y BLANCO REY( Diario La Ley de 1 de abril de 2011) ,llegan a decir que el nivel actual del sistema jurisdiccional español puede calificarse de nefasto, tanto por las dilaciones procesales como por el contenido mismo de las resoluciones .Y el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, MARTINEZ MOYA(AJA,10 de marzo de 2011) pone de manifiesto como la Administración de Justicia sufre el mayor atasco en materia de organización y gestión.
Las Leyes 13/2009,19/2009, 36/2011 y 37/2011 han llevado a cabo importantes modificaciones ,en la línea con la Recomendación del Consejo de Europa de 16 de septiembre de 1986, para atribuir sendas competencias a los Secretarios Judiciales en la tramitación de los procesos, la admisión de las demandas, proceso monitorio para cobros de créditos dinerarios ,desahucio “ monitorio exprés “ por falta de pago , proceso monitorio laboral, proceso de ejecución y en actos de conciliación ,en descargo de trabajo de los Jueces para que estos puedan cumplir los plazos procesales en la resolución de controversias, que les reserva el artículo 117.3 de la Constitución.
Pero este descargo de trabajo de los Jueces no es suficiente .Hay que ponerse a nivel de Alemania, como he puesto de manifiesto en el encuentro de operadores jurídicos veteranos y jóvenes en el Colegio de Abogados de Salamanca ( 13.10.2011),en donde hay un Juez cada 6.000 habitantes , mientras en España existe un Juez cada 9.000 habitantes.
Será necesario modificar la planta judicial creando los Tribunales de Instancia en todas las capitales de Provincia ,recuperando los Juzgados de Distrito, suprimidos inexplicablemente por la Ley Orgánica del Poder Judicial de 1985, en las poblaciones importantes, siguiendo el modelo alemán, pudiendo aprovecharse el Proyecto de Ley de 4 de febrero de 2011.
La politización de las Instituciones relacionadas con la Administración de Justicia es evidente ,como se viene reflejando en los medios de comunicación social . La designación de los vocales del Consejo General del Poder Judicial esta sometida a la fidelidad absoluta a los Partidos Políticos respectivos, que he comprobado en una entrevista con un vocal ( 8 de julio de 1996) en la que se me animaba a proponerme como candidato .Esta politización se refleja en los nombramientos de las cúpulas judiciales y en el Tribunal Constitucional. Este Tribunal ha adoptado decisiones en materia sobre Estatutos de Autonomía y agrupaciones políticas que han escandalizado a los ciudadanos. Y el Ministerio Fiscal ha reflejado posiciones preocupantes en investigaciones y procesos según el color político de las afectados. Me resulta triste y lamentable esta situación de deterioro de las Instituciones, después de una larga y vocacional dedicación a la Justicia como Secretario Judicial ( 43 años) , Presidente del Colegio Nacional de Secretarios y Vicepresidente de la EUR( 10 años), complementada con la función docente de Profesor Asociado de Derecho Procesal ( 25 años).
Para conseguir una Justicia independiente , rápida, eficaz ,de calidad, sin dilaciones indebidas y humanizada , propongo al nuevo Gobierno de la Nación las siguientes medidas :
1ª.-Despolitizar el Consejo General del Poder Judicial dando una nueva interpretación y modificando, si fuere preciso ,el artículo 122 de la Constitución. .
2ª-Despolitizar el nombramiento de los Magistrados del Tribunal Constitucional reformando, si fuere necesario, el artículo 159 de la Constitución.
3ª.-Despolitizar el nombramiento del Fiscal General del Estado reformando su Estatuto y, si fuere preciso, el artículo 124 de la Constitución. .
4.ª-Elaborar una Ley de Jurisdicción Voluntaria, tomando en consideración el Anteproyecto de la Ponencia de la Comisión General de Codificación del año 2005, de la que tuve el honor de formar parte ,con atribución de la mayoría de los asuntos a los Secretarios Judiciales, sin perjuicio de que determinados se encarguen, con carácter alternativo, a los Notarios y Registradores , en línea con la mencionada Recomendación del Consejo de Europa de 16 de septiembre de 1986.
5ª.-Suprimir los Magistrados Suplentes y los Jueces Sustitutos ,toda vez que su falta de profesionalidad puede producir auténtica indefensión ,sobre todo en aquellos asuntos en los que no cabe recurso contra sus decisiones, con vulneración del artículo 24 de la Constitución.
6ª.-Elaborar una nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal ,encomendando la investigación a un Ministerio Fiscal independiente bajo el control del Juez, manteniendo la acción popular y suprimiendo el auto de procesamiento y la prisión provisional incomunicada, vestigios de un proceso inquisitivo impropio del siglo XXI que tanto atormentó a Fray Luis de León.
7.ª- Modificar la Ley del Jurado ,estableciendo el modelo europeo mixto compuesto por Jueces y ciudadanos.
8ª.-Incrementar la planta judicial de tal manera que exista un Juez cada 6.000 habitantes y el número de Secretarios Judiciales y funcionarios necesarios para un rápido funcionamiento de la Nueva Oficina Judicial que, como experimento piloto ,ha demostrado deficiencia de medios materiales y personales en Burgos y Murcia .
9ª.-Descargar de funciones contables y estadísticas a los Secretarios Judiciales para que puedan desempeñar con eficacia las nuevas competencias que les han concedido las últimas reformas de las leyes procesales y las que asumirán en la futura Ley de Jurisdicción Voluntaria.
10ª.-Modificar la Ley Orgánica del Poder Judicial para fijar el plazo de tres años para la implantación de un modelo único de Moderna Oficina Judicial a fin de evitar diferencias notables en las distintas Comunidades Autónomas.
Desde esta tribuna hago un llamamiento a los jóvenes operadores jurídicos de la Justicia española para que luchen por su humanización hacia el ciudadano, como decía KURT WALHEIM (Congreso de la EUR de Salzburgo, septiembre de 1990) y actúen con profesionalidad ,ya que en frase de STEVE JOBS “la única forma de hacer un buen trabajo es amando lo que se hace “( año 1990).

Foro Andaluz de la Infancia “El menor en su familia, elemento fundamental del sistema de protección”: programa y cómo participar

2011-11-26T20:32:00.001+01:00

Fecha: 22/11/2011

Autor: Observatorio de la Infancia en Andalucía

Año de edición: 2011

Idioma: Español

Fuente: Observatorio de la Infancia en Andalucía

Formato: Electrónico

Temáticas: Bienestar social, protección y prevención, Red familiar

Otras temáticas: Reunificación familiar

Descriptores: situación de riesgo, factores de riesgo, familia, intervención familiar, protección a la infancia, sistema de protección de menores, programas de protección de menores

Resumen:

El X Foro Andaluz de la Infancia “El menor en su familia, elemento fundamental del sistema de protección” quiere promover la reflexión y el debate sobre la intervención de las y los profesionales, del sistema de protección a la infancia, con familias, cuyos menores han sido declarados en desamparo, así como la interpretación del interés superior del menor en el ámbito judicial relacionado con la promoción del bienestar infantil, todo ello desde la definición de la familia de origen como el mejor contexto para la socialización y la satisfacción de las necesidades de la infancia. En síntesis, su finalidad es debatir las medidas de protección que conlleva la separación del menor de su familia, identificar, en aquellos casos en que sea posible, aquellos aspectos de la situación familiar y social de la familia que posibilitan la reunificación de los menores en desamparo, así como reflexionar sobre los recursos actualmente disponibles y su adecuación a las necesidades de estas familias.

El Foro Andaluz de la Infancia es un acto de carácter anual organizado por la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, a propuesta del Consejo Andaluz de Asuntos de Menores, y que se lleva a cabo a través del Observatorio de la Infancia en Andalucía.

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El interés superior del menor Autor: Castro Martín, Rosa Mª de

2011-11-25T22:29:00.001+01:00

El interés superior del menor

Fecha: 05/10/2011

Autor: Castro Martín, Rosa Mª de

Año de edición: 2011

Páginas: 33 p.

Idioma: Español

Fuente: Observatorio de la Infancia en Andalucía

Formato: Electrónico

Observaciones: Ponencia en la Jornada Técnica "Análisis del Sistema de Protección de Menores en el Ámbito del Sistema Judicial" celebrada, en Sevilla, el pasado 5 de octubre de 2011, organizadas por Dirección General de Infancia y Familias de la Junta de Andalucía y el Consejo General del Poder Judicial.

Temáticas: Bienestar social, protección y prevención, Derecho y legislación

Descriptores: administración de justicia, familia, protección a la infancia, menores, sistema de protección de menores

Resumen:

El interés del menor está configurado como principio rector de la actuación de los poderes públicos; se trata de un concepto jurídico indeterminado que habrá de integrarse en cada supuesto concreto, lo que dificulta enormemente su aplicación.

Como principio rector se puede señalar las siguientes características: es una garantía, ya que toda decisión que concierna al niño, debe considerar primordialmente sus derechos; es de una gran amplitud ya que no solo obliga al legislador sino también a todas las autoridades e instituciones públicas y privadas y a los padres; también es una norma de interpretación y/o de resolución de conflictos jurídicos; finalmente es una orientación o directriz política para la formulación de políticas públicas para la infancia, permitiendo orientar las actuaciones públicas hacia el desarrollo armónico de los derechos de todas las personas, niños y adultos, contribuyendo, sin dudas, al perfeccionamiento de la vida democrática.

En la jurisprudencia de la Sala Primera del Tribunal Supremo, el INTERES SUPERIOR DEL MENOR se constituye como el marco (directriz, tamiz, filtro) fundamental para decidir en todos aquellos casos en que estén en juego ante los tribunales, situaciones que afecten a menores, a sus derechos o incluso a su situación, otorgándoles un plus de protección, con carácter de orden público y prevalente ante cualquier otro interés o derecho, incluso fundamental, que pudiera entrar en conflicto con el interés del menor, decidiendo siempre a tenor de las circunstancias del caso concreto (resumen sacado de la propia ponencia).

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CHARLAS GRANADA LA INTERVENCION DE LOS ET EN LA JURISDICCION DE MENORES

2011-11-23T23:27:00.001+01:00

Guía Recursos Justicia Juvenil Andalucía

2011-11-23T23:22:00.001+01:00

Guía Recursos Justicia Juvenil

Desde la entrada en vigor de la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la Responsabilidad Penal de los Menores, la Comunidad Autónoma de Andalucía ha puesto en funcionamiento los recursos, y medidas preventivo-especiales, previstas en la precitada Ley, orientadas hacia a la efectiva reinserción social del/la menor. En la actualidad, nuestra Comunidad Autónoma cuenta con 16 centros de internamiento de menores infractores y 62 centros y servicios de medio abierto para la ejecución de medidas judiciales, repartidos en distintas localidades de las ocho provincias.

Con la presentación y divulgación de éste catálogo de recursos, que evidencia la consolidación del sistema de justicia juvenil en Andalucía, la Consejería de Gobernación y Justicia pretende facilitar a todos los operadores jurídicos el conocimiento de la red de centros y servicios existentes, dotados de equipos multidisciplinares integrados por profesionales altamente cualificados.

Guía de Recursos

Día Niño. El Cermi pide la reforma de la ley para proteger mejor los derechos de los niños con discapacidad

2011-11-20T22:52:00.001+01:00

MADRID, 20 (SERVIMEDIA)
El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) ha planteado al nuevo gobierno la necesidad de reformar la legislación de menores vigente en España, con el fin de proteger mejor los derechos de los niños y niñas con discapacidad, de acuerdo con los mandatos específicos de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
Según el Cermi, la legislación española en materia de protección de menores apenas tiene en cuenta el factor de la discapacidad, por lo que no dispensa un trato más favorable para esta parte de la infancia, "lo que entra en contradicción con el tratado internacional de la discapacidad, que obliga a que las políticas públicas y las disposiciones normativas sobre menores recojan transversalmente el enfoque de discapacidad".
La principal norma que, en opinión del comité, debería ser modificada es la Ley de Protección Jurídica del Menor. Otra de las leyes sectoriales que, según el Cermi, debe adaptarse a la Convención es la Ley Orgánica de Educación, que "ha de modificarse para asumir plenamente el mandato de la inclusión educativa, desterrando cualquier atisbo de segregación en la enseñanza por razón de discapacidad".

El Instituto Nacional para la Salud y la Excelencia Clínica del Reino Unido (National Institute for Health and Clinical Excellence, NICE) ha publicado una nueva guía sobre los trastornos del espectro autista, con fecha 28 de septiembre de 2011.

2011-11-19T22:39:00.001+01:00

Fecha: 01/09/2011

Autor: National Collaborating Centre for Women's and Children's Health

Lugar de Edición: Londres

Editorial: Royal College of Obstetricians and Gynaecologists

Año de edición: 2011

Páginas: vi, 289 p.

Idioma: Inglés

Fuente: National Institute for Health and Clinical Excellence (NICE)

Formato: Web

Temáticas: Psicología

Descriptores: servicio de valoración, diagnóstico precoz, tratamiento precoz, psicología infantil, trastornos de inicio en la infancia, la niñez o la adolescencia, trastornos generalizados del desarrollo, trastorno autista

Resumen:

El Instituto Nacional para la Salud y la Excelencia Clínica del Reino Unido (National Institute for Health and Clinical Excellence, NICE) ha publicado una nueva guía sobre los trastornos del espectro autista, con fecha 28 de septiembre de 2011.

Los trastornos del espectro autista hacen referencia a un conjunto de condiciones donde se encuentran alteradas la capacidad de comunicación, relación e imaginación del niño o niña y se observan frecuentemente cambios en el comportamiento. Estas alteraciones se manifiestan en diferentes combinaciones y niveles de severidad, de tal manera que dentro del término "trastornos del espectro autista" se engloba el síndrome de Asperger, el síndrome de Rett, etc.
El hecho de que no se trate de una condición clínica homogénea complica en gran medida su diagnóstico. Además, se da la circunstancia de que los trastornos del espectro autista suelen presentarse junto a otros problemas de salud mental, como el trastorno por déficit de atención con hiperactividad, el trastorno obsesivo-compulsivo o los problemas de discapacidad intelectual. En concreto, se estima que esta coexistencia de patologías se presenta en un 70% de los casos.

Estas circunstancias han impulsado al NICE a establecer un protocolo preciso para facilitar la identificación de los posibles casos de trastorno del espectro autista por parte de los profesionales sanitarios. La Guía, titulada Autism spectrum disorders in children and young people: recognition, referral and diagnosis (Trastornos del espectro autista en niños y adolescentes: identificación, derivación y diagnóstico), recoge las principales recomendaciones, basadas en la evidencia científica, para guiar el proceso de evaluación en estos casos.

Dada la complejidad de este conjunto de patologías, el NICE recomienda que los profesionales sanitarios cuenten con el soporte y apoyo de equipos multidisciplinares especializados en autismo (que deberían estar formados por un pediatra, un psiquiatra infantil, un psicólogo, un logopeda y un terapeuta ocupacional), así como que se realice un trabajo coordinado con las escuelas, los servicios sociales, el voluntariado y las asociaciones de pacientes para proporcionar información útil sobre esta enfermedad a los niños afectados y a sus familiares.

Según se establece en el manual, estos equipos multidisciplinares de autismo se encargarían de la derivación y el diagnóstico de los posibles casos de trastorno del espectro autista, así como del asesoramiento a los profesionales que los atienden.

En relación con el diagnóstico de los trastornos del espectro autista, el NICE recomienda la evaluación de las habilidades sociales, de comunicación y conductuales a través de la interacción y la observación del niño o adolescente, así como la consideración de otros problemas de salud coexistentes. Según las directrices que se establecen en el manual, el proceso de evaluación debe incluir la delimitación de un perfil con las fortalezas, las habilidades, las carencias y las necesidades del menor, que se deben tener en cuenta durante el proceso de intervención (resumen sacado de Infocop Online).

Ir a página web.

Autism: recognition, referral and diagnosis of children and young people on the autism spectrum

Description

NICE Pathways

This guidance has been incorporated into the following NICE Pathways, along with other related guidance and products.

Visit the NICE Pathway: autism in children and young people

Guidance documents

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NICE guideline PDF format | MS Word format
Quick reference guide PDF format
NICE guidance written for patients and carers PDF format | MS Word format
CG128 Autism in children and young people: NICE guideline (web format

La primera ley del nuevo gobierno debe ser una Ley Integral para combatir la violencia contra la infancia

2011-11-18T21:25:00.001+01:00

http://www.savethechildren.es/det_notyprensa.php?id=396&seccion=Not&refMail=eNot

La primera ley del nuevo gobierno debe ser una Ley Integral para combatir la violencia contra la infancia

El 20 de noviembre celebramos el Día del Niño, que este año coincide con las elecciones generales. Porque los niños y las niñas son el futuro pero sobre todo el presente, la nueva Legislatura debe comenzar con la infancia como prioridad.

17/11/2011. El Comité de los derechos del niño de Naciones Unidas define como violencia “toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual”. En 2009, en España había casi 40.000 expedientes abiertos sobre medidas de protección a menores de edad y se notificaron 8.044 casos de maltrato infantil, incluido el maltrato físico y psíquico, la negligencia y el abuso sexual. Pero esto es sólo la punta del iceberg. Los datos publicados por el Observatorio de Infancia son incompletos, ya que no se dispone de la información de varias Comunidades Autónomas, como Andalucía o Madrid.
Los niños y las niñas están expuestos y sufren diferentes formas de violencia, tanto en sus hogares, como en la escuela, la calle o las instituciones encargadas de su protección. Además, en los últimos años han surgido nuevas formas de violencia contra la infancia, como el ciberbullying, el grooming y otras relacionadas con las tecnologías de la información. En sus formas más extremas, la violencia se convierte en explotación sexual infantil, para la prostitución o la pornografía.
22 años sobre la Convención de Derechos de la Infancia
El 20 de noviembre se celebran elecciones generales, el mismo día se cumplen 22 años de la aprobación de la Convención sobre los derechos del niño de Naciones Unidas. Desde Save the Children reclamamos al nuevo Gobierno y a todos los partidos políticos con representación parlamentaria que la primera ley que aprueben en la próxima legislatura sea una Ley de medidas integrales para combatir la violencia contra la infancia.
Esta Ley permitiría ajustar la legislación estatal al Artículo 19 de la Convención sobre los derechos del niño de Naciones Unidas y debería:
• Establecer un registro unificado de datos e información sobre formas y casos de violencia contra la infancia.
• Acordar medidas coordinadas en los ámbitos sanitario, educativo, social y policial para garantizar la protección inmediata y la atención especializada para los niños y niñas víctimas de cualquier forma de violencia.
• Garantizar la coordinación interinstitucional y los recursos adecuados para prevenir y detectar de manera temprana la violencia contra los niños y las niñas.
• Garantizar que las investigaciones y procesos judiciales en los que estén implicados menores de edad víctimas de violencia se llevan a cabo con rapidez, minimizando el riesgo de la doble victimización y teniendo en cuenta las necesidades específicas de los niños o niñas.
La protección de la infancia, una obligación
“La protección de la infancia contra toda forma de violencia es, además de una obligación para garantizar sus derechos fundamentales, la mejor manera de reducir y prevenir todas las formas de violencia en la sociedad. La prevención de la violencia en una generación reduce su probabilidad en la siguiente”, explica Yolanda Román, responsable de Incidencia Política de Save the Children.
Los colectivos más vulnerables a sufrir algún tipo de violencia, abuso o discriminación en España son los menores extranjeros no acompañados, las víctimas de trata, los menores en instituciones – en especial, los menores con trastornos de conducta - , los hijos de familias migrantes, los niños en riesgo de exclusión social, los niños con discapacidad o los niños gitanos.
“En el actual contexto económico y financiero, en España y en el resto del mundo, se están produciendo recortes presupuestarios que afectan de manera directa a la realización de los derechos de los niños y las niñas. No pueden ser lo más afectados por una crisis de la que no son responsables, por el contrario, creemos que invertir en la infancia puede contribuir a un mayor desarrollo y a conseguir una sociedad más próspera para todos. Para ello, es fundamental incluir a la infancia en el debate social y en la agenda política”, añade Román.
En nuestra Agenda de infancia 2012-2015 éstas y otras propuestas y recomendaciones a los partidos políticos para que hagan de la próxima legislatura la legislatura de la infancia.

CONCLUSIONES DEL ENCUENTRO DE FISCALES ESPECIALISTAS EN MENORES Y EXTRANJERÍA

2011-11-14T22:46:00.001+01:00

CONCLUSIONES DEL ENCUENTRO DE FISCALES ESPECIALISTAS EN MENORES Y
EXTRANJERÍA. Fiscalia General del Estado

Fecha
2011

En la red WWW

Ciudad
MADRID

Editorial
Fiscalia General del Estado

Enlace a documento
fiscales docu.pdf

Circulares e instrucciones de la DGIIPP

2011-11-14T22:19:00.001+01:00

Fuente www.derechopenitenciario.com

Circulares e instrucciones de la DGIIPP

Niveles de intervención en módulos de respeto.

Protocolo de intervención y normas en régimen cerrado.

Protocolo de atención individualizada a internos en el medio penitenciario.

Programa de normalización de conductas.

Protocolo de acogida al ingreso en el medio penitenciario.

ARTICULO DE OPINION; EL PAIS URUGUAY CON UNA HISTORIA TRASPOLABLE A OTROS PAISES

2011-11-13T22:32:00.001+01:00

http://www.elpais.com.uy/suplemento/ds/causas-para-nada-menores/sds_605789_111113.html

Causas para nada menores

El 95% de los menores de 18 años que delinquen proviene de contextos críticos. Esa sería la principal causa, según afirman los expertos. Adolescentes buscan ser parte de un sistema que los margina, y piensan que un par de championes los puede convertir "en personas".

TOMER URWICZ

El padre lo abandonó. Nunca se animó a preguntarle a su madre por el pasado. Se crió junto a seis hermanos bajo un mismo techo de chapa herrumbrada, excluido y con el alimento justo, cuando lo había. Abandonó la escuela y se las rebusca vendiendo estampitas en los ómnibus. Está desprovisto de todo, pero lo que más le falta es cariño. "Nadie lo quiere", cuenta la ex jueza de menores Graciela Berro.

Esta historia es una más de las cientos que desfilan por los juzgados. En este caso el "Morocho", como le dicen en el barrio, robó un par de championes "para sentirse parte". Lo incentivó un amigo que la semana pasada había hecho lo mismo. "Es una sociedad donde para formar parte de ella hay que vestirse con determinados championes, y si no los tenés dejás de ser persona", explica el educador social Sergio Vulcano.

Lo cierto es que el adolescente de 14 años cometió un hurto con violencia, lo que es tipificado como rapiña.

El chico es detenido en un clima de agresividad. Pasa toda la noche en una celda, solo y en condiciones inhóspitas. Llega al juzgado y "no tiene la más mínima idea de qué son las instituciones públicas", señala Berro. Lo recuerda con los ojos que vieron lo que la sociedad no quiere ver.

El "Morocho" forma parte del 95% de los menores sancionados que provienen de contextos críticos, lo que los expertos llaman situación de postergación de sus derechos. "La pobreza es la principal causa de vulnerabilidad para delinquir", afirma Vulcano, quien hace cinco años trabaja con jóvenes en conflicto con la ley. El porcentaje (95%) es alto porque "hay un proceso de selección", dice el educador. "La Justicia selecciona a algunos jóvenes y no a todos. Dentro de los delitos no todos son denunciados. De los denunciados, no todos los casos quedan demostrados. De los descubiertos, no todos son probados en los juzgados. Y de los probados, no todos ameritan sanción". Por eso, para la ex jueza Berro "los juzgados de menores son para marginales". Allí acuden quienes cometieron los delitos "más toscos", aquellos que no pudieron ser descartados en el proceso. "Y ahí influye el nivel socioeconómico", asevera Vulcano.

"El chico con necesidades roba en los lugares más insólitos. Una vez nos llegó el caso de un adolescente que intentó robar en el propio juzgado donde estaba siendo enjuiciado", recuerda. El psicólogo de familia Jorge Cohen explica que los menores de 18 años cometen un delito para satisfacer una necesidad inmediata. "Estos chicos no tienen la posibilidad de proyectarse. Viven el hoy".

Los adolescentes delictivos representan menos de 1% de los más de 80.000 chicos que están bajo la órbita del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU). Sin embargo, el impacto social que tiene este grupo poblacional es significativo. Según un estudio de Foco Auditoría Multimedia, desde octubre de 2010 hasta mayo de 2011 se destinaron 20.564 segundos de televisión al tema de delincuencia juvenil, un equivalente a 343 programas enteros de una hora de duración.

La exmagistrada Berro explica que "en la segunda mitad del siglo XX, las democracias sociales ingresaron en crisis y eso hizo que el Estado benefactor no pudo hacerse cargo de las ayudas y acentuó el aparato represivo. Es decir, se necesita menos plata para reprimir que para ayudar. Entonces la opinión pública solicita más represión: aumento de las penas y más medidas de seguridad".

El sociólogo Gabriel Tenenbaum coincide en que hablar de "inseguridad está de moda". Y el "Morocho", al igual que otros 868 adolescentes, es el meollo de esa moda.

prejuicios. No le dicen el "Morocho" por casualidad. "Los rasgos físicos, la forma de vestir, y otros estereotipos son indicadores que hacen que se actúe de determinada manera. Por eso la policía tiende a reprimir en determinadas poblaciones. Se trata de dos grupos antagónicos que van a estar en conflicto siempre", cuenta Tenenbaum, quien dirige el taller sobre violencia juvenil en la Facultad de Ciencias Sociales. Tensión y odio es lo que se respira en la relación entre reprimidos y represores. "En la calle los que dominan son los policías, quienes, cada vez que pueden, humillan a esos jóvenes para marcar territorio. Ahora usan la picana eléctrica, hasta en demasía, para tener el control", argumenta Vulcano.

Esta analogía no es cosa nueva. Tampoco el debate sobre los adolescentes infractores. En las actas parlamentarias de principios del siglo XX se puede observar calurosos debates sobre la delincuencia juvenil, en las que se discutían las causas: quienes argumentaban el abandono material y moral de los menores hasta quienes defendían la tesis de la predisposición biológica para infringir la ley.

Genética. La sociología y el sistema judicial de menores tienden a aplacar las teorías genetistas que explicaban la delincuencia de adolescentes desde la óptica biológica. "A principios del siglo XX los médicos medían el tamaño de los cráneos de los infractores en búsqueda de posibles causas", expresa Tenenbaum. Berro asevera: "¡Eso es un disparate!". Vulcano cree que "no se trata de una población enferma y los que estamos fallando somos los adultos al no poder dar las posibilidades adecuadas". Cohen asevera que "los jóvenes se construyen, no están determinados".

No todo es consenso entre los académicos. La doctora Laura Viola, grado 5 en Psiquiatría Infantil, entiende que "los patrones de conductas delictivas se corresponden a un trastorno". No se trata de una patología cuando es un caso aislado, pero sí cuando "la presencia de antecedentes familiares con trastornos de conductas disociales vuelven al niño vulnerable frente a las situaciones de estrés sostenido". En esos casos, como en el resto de los trastornos psiquiátricos, "se puede trabajar con medicación".

La relación entre la vulnerabilidad genética y el delito, no es de causa y efecto. "Un padre con conducta disocial no necesariamente dará un niño con este tipo de trastorno. Median otros factores. En aquellas familias provenientes de contextos de pobreza, el niño está más expuesto a una situación de estrés. Este escenario se da por el grado de violencia y por la exclusión social", indica la psiquiatra.

Esta explicación justifica que el "Morocho", cuyo padre lo abandonó, esté en ese 95% proveniente de contextos desfavorables. "En las familias en las cuales se considera las necesidades del niño, difícilmente vayan a tener problemas de conducta disocial, porque el ambiente permitió que el chico sea respetado como persona. Igualmente, hay posibilidades de que se tenga el trastorno, porque responde a lo biológico".

Los otros profesionales consultados tienden a reducir los factores genéticos a casos aislados, como los psicópatas. El psicólogo Cohen afirma que "esta patología no es una causa directa del delito. Sí hay personas que tienden a encerrarse como forma de protección y hacen que no conciban el lugar del otro. Estos niños cometen delitos sin remordimiento de lo que pueda sentir el otro". Otras veces no comprenden el hecho, o al menos no son conscientes. "El niño entiende lo irreversible de la muerte a los 11 o 12 años. Si comete un homicidio a los nueve años no se lo puede condenar de por vida", explica Viola.

El "Morocho" no es un psicópata y tampoco mató. Sólo robó los championes. La jueza le toma declaraciones a la madre del victimario y ésta dice: "¡Quiero que lo interne! ¡La droga lo está matando!"

Drogas. Hoy es la pasta base. Ayer fue la cocaína o la marihuana. Antes, el alcohol. Legales o no, las drogas siempre han sido objeto de estudio de la criminología. "Hay infracciones que son realizadas por el consumo problemático de drogas, pero no hay una relación directa que determine que la adicción lleve al delito", dice Vulcano.

La resaca de la cocaína, conocida como pasta base, ingresó a Uruguay en 2002. Se vende a bajo precio y su toxicidad es muy alta. Por eso la consumen en los barrios periféricos. Igual, "había delito antes de la pasta base y seguirá habiendo aunque ésta desaparezca", aclara Cohen, quien hace más de 23 años trabaja en el INAU.

El "Morocho", al igual que todos los niños, "necesita de un referente, sin importar cómo esté conformada su familia, que le dé protección, afecto, comprensión y puesta de límites", señala Tenenbaum.

El "Morocho" quiere ser. Que lo dejen ser. En el libro Engarronados, un menor cuando fue interrogado sobre el delito cometido, dijo: "Quiero decir que hacer justicia es fácil para los que juzgan. Se trata de aplicar la ley. Pero, ¿alguien se pone en el lugar de los juzgados?"

Ellos son un peligro

De cada diez delitos que cometen los menores de 18 años, sólo uno es efectuado por una mujer. A ellos se los asocia con las rapiñas, mientras que a ellas con los homicidios por amor. "Los hombres y las mujeres socializan de forma diferente. Ellas están más limitadas en las salidas a la calle para resguardar el hogar y hacerse cargo de los hermanos más chicos. El entorno suele protegerlas y sino son víctimas de la violencia más que victimarias. Ellos están en la calle. El estar desprotegido implica conocer los circuitos delictivos, un acceso más fácil a las armas y genera lazos de confianza con delincuentes", señala el psicólogo de familia Jorge Cohen.

Ellos y ellas tienen mecanismos diferentes para obtener lo que desean. "La mujer es vulnerable al sexo a cambio de dinero, a que sea el novio quien subvenciona las necesidades. El hombre, por aspectos culturales, es el responsable de conseguir el dinero; como sea", comenta el educador social Sergio Vulcano.

Si bien, como explica el educador, "los homicidios cometidos por adolescente son algo muy esporádico, aún cuando sea lo que tenga mayor impacto social", Cohen señala que la mujer tiende a "matar por celos" y utiliza el arma de la víctima.

NUEVO LAZO NEGRO

2011-11-10T23:37:00.001+01:00

Este Blog vuelve a estar de Luto por el asesinato de una menor inocente de menos de 2 años en España primer mundo o eso dicen ¿Donde esta la proteccion a la Infancia? por cierto grandes olvidados en los problemas de genero. Cuantas criaturas tienen que morir en España para atender este grave problema.

II Congreso Nacional de Extranjería y Nacionalidad

2011-11-09T22:32:00.001+01:00

http://www.congresoextranjeria.org/programa-2/

II Congreso Nacional de Extranjería y Nacionalidad

La trata de personas con fines de explotación sexual Granada, 15 y 16 de diciembre de 2011

JUEVES, 15 DE DICIEMBRE

Mañana

9:00-9:30. Recogida de documentación

9:30-10:30. Acto de inauguración, presidido por D. Francisco González Lodeiro (Excmo. Rector Magnífico de la Universidad de Granada), D. José Torres Hurtado (Excmo. Sr. Alcalde de Granada), D. Antonio Cruz Jiménez (Subdelegado del Gobierno en Granada), Dª. Rocío Palacios de Haro (Directora General de Coordinación de Políticas Migratorias de la Junta de Andalucía), Dª. Soledad Pérez Rodríguez (Directora del Instituto Andaluz de la Mujer), D. Juan López Martínez (Decano de la Facultad de Derecho), Dª Ángeles Lara Aguado (Co-Directora del Congreso y Profesora titular de Derecho internacional privado de la Universidad de Granada)

10:30-11.30. Proyección del documental “Niñas de hojalata”, de Miguel Bardem (Se está estudiando la posibilidad de proyectarlo también para el congreso on line. En caso de no ser posible, se proyectará otro documental sobre el mismo tema)

11:30-12:00. Pausa-café

12:00-13:30h. Conferencias inaugurales a cargo de

- Dª. María Luisa Cava de Llano y Carrió, Defensora del Pueblo e.f.

- D. Miguel Lorente Acosta, Delegado del Gobierno para la Violencia de Género.

13:30-14:00. Debate.

Tarde

16:00- 17:30: 1ª Mesa: Identificación de las víctimas de trata

(Modera Dª Carmen Ruiz Sutil, Profesora de Derecho internacional privado de la Universidad de Granada)

- Diferentes formas de trata de personas con fines de explotación sexual: trata y prostitución (Dª. Elena Arce Jiménez, Asesora responsable e.f. del Área de Migraciones e Igualdad de Trato del Defensor del Pueblo)

-Protocolo de actuación de los Miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la identificación de las víctimas (D. Andrés Sotoca Plaza, Capitán del EMUME Central (Sección de Menores y Explotación Sexual), Unidad Técnica de Policia Judicial de la Guardia Civil)

-Tratamiento de las víctimas de trata desde el ámbito policial (D. Juan Carlos Iáñez, Inspector del Cuerpo Nacional de Policía. Jefe del Grupo Operativo IV de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de Granada)

- Indicios médicos y psicológicos para la identificación de las víctimas: (Dª. Aurora Valenzuela Garach, Catedrática de Medicina Legal, Toxicología y Psiquiatría de la Universidad de Granada)

17.30-18.00. Debate

18.00-18:30. Pausa-café

18:30-20.30. 2ª Mesa: Protección de las víctimas de trata

(Modera: Dª Montserrat Muñoz Sáez, Jefa del Servicio de Coordinación del Instituto Andaluz de la Mujer. Centro Provincial de Granada)

- Protección desde la normativa de extranjería (D. Juan Manuel Puerta Vílchez, Jefe de la Oficina de Extranjería de la Subdelegación del Gobierno de Granada)

- Asistencia jurídica a la víctima de trata (Dª Eva María Sancha Serrano, Letrada de la ONG Proyecto Esperanza)

- Asistencia psicológica a las víctimas de trata, especialmente menores (D. Francisco José Vilchez Soto, Psicólogo especialista y colaborador de Integración Activa)

- Asistencia social a las víctimas de trata ( Dª. Alicia Vañó Bueno, Presidenta de la Asociación Mujeres Progresistas de Andalucía)

20.30-21:00. Debate

VIERNES, 16 DE DICIEMBRE

Mañana

9.00-10:30.1ª Mesa: Trabajando con las víctimas de trata día a día

(Modera: D. Miguel Ángel Moya Collado,Coordinador Provincial de Diseño y Estrategias Granada. Andalucía Emprende, Fundación Pública Andaluza. Junta de Andalucía)

- Actuaciones con las víctimas de trata nigerianas (Dª Gloria Peter, Presidenta de la Asociación Mujeres entre Mundos)

- Menores en situación de trata con fines de explotación sexual (D. Javier Cuenca Villén, Delegado de Save the Children en Andalucía)

- La trata en tránsito en el norte de África (Dª Helena Maleno Garzón, Periodista y especialista en migraciones del Colectivo Caminando Fronteras)

- Protocolo de actuación con las víctimas de trata (Dª Rosa Flores Infante, Directora del Centro de Migraciones de Cruz Roja Española en Córdoba)

10:30- 11:00 Debate

11:00-11:30 Pausa-café

11:30-13:30. 2ª Mesa: Represión del delito de trata

(Modera. D. Mario Alonso Alonso. Magistrado. Letrado jefe del Gabinete Presidente del TSJ de Andalucía)

- Redes de delincuencia organizada transnacionales (D. Miguel Ángel López López, Teniente de la Guardia Civil y Jefe de la Sección de Investigación Criminal)

- El delito de trata: normativas internacional y comunitaria (D. Esteban Pérez Alonso, Catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Granada)

- El delito de trata en el Código Penal español (Dª Carolina Villacampa Estiarte, Profesora Titular de Derecho Penal de la Universidad de Lleida)

- Perspectiva del Ministerio Fiscal en la represión del delito de trata (Dª Patricia Fernández Olalla, Fiscal adscrita al Fiscal de Sala Coordinador de Extranjería)

13.30-14:00. Debate

Tarde

16:00-17:30. 3ª Mesa: La trata en las zonas de conflicto y postconflicto armado

(Modera Dª. Pilar Aranda Ramírez, Secretaria Ejecutiva de la Fundación Euroárabe de Altos Estudios)

- La trata de mujeres en las zonas de conflicto y postconflicto armado (Dª. Bahira Abdulatif, Escritora, Intérprete y Profesora asociada del Departamento de Estudios Árabes e Islámicos de la Universidad Autónoma de Madrid)

- Conflicto y explotación sexual. El Caso de Sierra Leona (D. José María Caballero Cáceres, Coordinador de Proyectos. ONG ”Desarrollo y Educación en Sierra Leona”)

-Resolución 1325 de Naciones Unidas y sus derivadas (Dª. Lola Fernández Palenzuela, Periodista, Jefa de Prensa y Responsable de Proyectos de la Fundación Euroárabe de Altos Estudios sobre la Resolución 1325 de Naciones Unidas)

17:30-18:00. Debate

18:00-18:30. Pausa-café

18:30-:19:30. 4ª Mesa: Actuaciones institucionales en la lucha contra la trata

(Modera: D. Ricardo Rueda Valdivia, Profesor Titular de Derecho internacional privado de la Universidad de Granada)

- Dª. Miriam Benterrak Ayensa (Consejera Técnica de la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género. Secretaría de Estado de Igualdad. Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad)

- Dª. Ana Belén Palomares Bastida (Coordinadora del Instituto Andaluz de la Mujer en Granada)

- Dª. Leticia Moreno López (Diputada de Igualdad de Oportunidades y Juventud de la Diputación Provincial de Granada)

- D. Fernando Egea Fernández (Concejal Delegado de Familia, Bienestar Social e Igualdad de Oportunidades del Ayuntamiento de Granada)

19:30- 20:00 Debate

20:00 Acto de clausura, presidido por Dª. María Elena Martín-Vivaldi Caballero, Vicerrectora de Extensión Universitaria y Deporte de la Universidad de Granada

La organización del Congreso se reserva el derecho de modificar el programa por circunstancias excepcionales, sin previo aviso.

Alemania aprueba la nueva Ley de Protección de Menores

2011-11-07T23:08:00.001+01:00

J. Castro, Berlín

Los casos de violencia sexual hacia niños y jóvenes en Alemania se han reducido en los últimos veinte años, según un estudio que está realizando el Instituto de Investigación en Criminología de Baja Sajonia, KFN. Se debería a que en muchos internados, escuelas, centros deportivos y comunidades religiosas, se tomaran medidas más estrictas para proteger a los menores.
No sólo los agresores tendrían hoy mayor riesgo de ser descubiertos, también las víctimas se atreverían más a denunciar los abusos, sabiendo que cuentan con mayor protección. Pero aún así, en muchos casos faltaban normas legales para seguir avanzando. Ahora, el ‘Bundestag’ (Parlamento alemán), acaba de aprobar en Berlín, el pasado 27 de septiembre, una nueva Ley de protección de menores, ‘Bundeskinderschutzgesetz’, que entre otras cosas, permite mayor control en familias de riesgo y da mayor libertad a profesionales, como médicos y psicólogos, para alertar a las autoridades competentes en caso de claros indicios de violencia en sus pacientes. Reforzar la red de comunicación y cooperación entre todas las instituciones y organismos relacionados con la protección y bienestar de los menores; invertir más en la formación de profesionales de la salud, enseñanza, deporte, justicia, policía y demás agentes sociales que trabajan con o para las familias y los menores, así como realizar controles periódicos obligatorios, en casos justificados, en familias e instituciones, para garantizar el bienestar de los niños bajo su tutela, son algunas de las nuevas iniciativas de la Ley que acaba de aprobarse y que va a costar treinta millones de euros anuales al contribuyente.
Según información facilitada por la secretaria general de la Consejería de Trabajo e Inmigración de la Embajada de España en Berlín, Beatriz Martínez Cano-Cortés, tendrán lugar próximamente, en diferentes ciudades alemanas, jornadas informativas orientadas a profesionales y personas cuyo trabajo se relaciona, directa o indirectamente, con la atención a personas en situaciones de riesgo, o son o fueron víctimas de violencia familiar o sexual.
Jornada en Darmstadt
La próxima de estas jornadas se llevará a cabo el 16 de noviembre en Darmstadt. Entre las 13.15 y las 19.00 horas, se ofrecerán en el ‘Hessisches Staatsarchiv’ (Archivo del Estado de Hesse) diferentes ponencias sobre el tratamiento de las agresiones sexuales traumáticas en los procesos judiciales, especialmente desde el punto de vista terapéutico, y sobre la necesidad de acompañamiento profesional de las víctimas durante el transcurso del proceso. La formación específica de jueces, fiscales, abogados y profesionales de la salud, sobre cómo tratar la violencia doméstica desde las diferentes perspectivas, es otro de los puntos del programa.

Circular 5/2011, sobre criterios para la unidad de actuación especializada del Ministerio Fiscal en materia de extranjería e inmigración. (PDF: 9,202 Mb)

2011-11-07T22:55:00.001+01:00

Circular 5/2011, sobre criterios para la unidad de actuación especializada del Ministerio Fiscal en materia de extranjería e inmigración. (PDF: 9,202 Mb)

De fecha 02.11.2011, ocupa 138 páginas

DECISIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO relativa a la lucha contra los abusos sexuales y la explotación sexual de los menores y la pornografía infantil y por la que se sustituye la Decisión marco 2004/68/JAI del Consejo 04-11-2011

2011-11-07T22:54:00.001+01:00

http://register.consilium.europa.eu/pdf/es/11/pe00/pe00051.es11.pdf

DECISIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO relativa a la lucha contra los abusos sexuales y la explotación sexual de los menores y la pornografía infantil y por la que se sustituye la Decisión marco 2004/68/JAI del Consejo

04-11-2011

INMIGRACION Estudios gratis previo 'abandono'

2011-11-06T22:10:00.001+01:00

http://www.diariocordoba.com/noticias/cordobaandalucia/estudios-gratis-previo-abandono-_675213.html

Diario de Córdoba – LAURA BLANCO

Cuando un menor extranjero llega a Andalucía sin documentación ni acompañado de un adulto, la Junta asume la tutela y el niño ingresa en el sistema de protección de menores como cualquier niño español en desamparo. En los centros son atendidos por psicólogos y trabajadores sociales y la administración se hace cargo de su manutención y escolarización. Hace años, Andalucía era un lugar de paso para una migración centroeuropea, y entre el 70 y el 80% de estos menores, que llegaban con edades muy próximas a los 18, acababan escapándose de los centros y buscándose la vida fuera de la comunidad. Hoy, solo se va el 10%. También ha cambiado su perfil. De los 908 menores extranjeros repartidos hoy entre los 273 centros de la Junta, 570 son marroquíes. Hubo un tiempo en que representaban el 80% pero cada vez llegan más subsaharianos.

Y la Junta acaba de dar la alarma por un fenómeno que, aunque minoritario, supone una "perversión del sistema". Junto a los niños subsaharianos que llegan en patera o los marroquíes que pasan la frontera escondidos en los bajos de camiones, hay un reducido grupo que viaja como turista con sus padres -funcionarios, notarios o profesionales liberales- y una vez aquí se quedan solos sin documentación pero en permanente contacto con su familia y acuden ellos mismos a la Policía o a las puertas de los propios centros para ingresar en el sistema y recibir una formación que les abra oportunidades laborales.

La Consejería de Igualdad tiene localizados a once niños de seis o siete familias acomodadas acogidos en centros de Sevilla, Jaén y Málaga. La mayoría llegó con 12 o 14 años, estudian Secundaria y módulos de FP de oficios como la fontanería. Muchos tienen parientes en España y proceden de diversas ciudades como Casablanca o Alcazarquivir. "Son niños con un óptimo rendimiento educativo que aprovechan mucho los programas de formación porque los ven como una oportunidad", explica la directora general de Infancia y Familia, Teresa Vega, que asegura que en la consejería reciben llamadas de padres preguntando "qué hay que hacer para mandar a sus hijos a estudiar aquí".

La liebre saltó en el 2007, con el caso de una familia que mandó a su hija, hoy mayor de edad y que trabaja en la comunidad y después a sus otros tres hijos. La Junta acudió a los tribunales pero el juez archivó la causa al no poder contactar con los padres por no vivir en territorio andaluz, por lo que se declaró incompetente. Desde entonces, la Junta tiene constatados otros once casos "pero hay más", dice Vega. Los servicios jurídicos estudian ahora la fórmula para lograr una orden judicial de búsqueda de los padres que, una vez constatada su capacidad para hacerse cargo de sus hijos, les obligue a ello y también para reclamarles el gasto de su manutención de los niños durante este tiempo. Cada niño tutelado cuesta a las arcas más de 2.000 euros al mes.

Y es que, en este tiempo -hay menores que llevan cinco años en Andalucía-, los trabajadores sociales de los centros han llegado incluso a hablar telefónicamente con los padres, ya que los niños mantienen un contacto permanente con éstos e incluso vienen a visitarlos. "Nos hemos encontrado con un niño que se escapó del centro, la Policía lo estuvo buscando y al volver nos dijo que había estado con su padre que es funcionario que había venido de vacaciones", relata Vega.

Los padres con los que han logrado hablar "dicen que no quieren que vuelvan porque quieren que estudien aquí y se niegan a firmar la aceptación del expediente de retorno, que en el caso de menores es obligatoria porque debe estar pactado con la familia y el gobierno marroquí".

VIA JUDICIAL Y DIPLOMATICA Por ello, además de la vía judicial, la consejería ha pedido también una cita con el Consulado de Marruecos en Sevilla para pedir su colaboración. Desde el Consulado rehusaron hacer declaraciones sobre "un tema que está en manos de la Junta" y que afirmaron haber conocido a través de su denuncia pública. Mostraron su disposición a mantener una reunión, aún sin fecha.

Tanto la Junta como el Consulado dicen mantener buenas relaciones de cooperación pero lo cierto es que no es la primera vez que el Gobierno andaluz se queja de la falta de colaboración del Gobierno marroquí para localizar a las familias de menores y facilitar su retorno. Entre el 2005 y el 2006, cuando los centros llegaron a estar saturados de menores extranjeros, denunció que desde el 2003 no se había hecho ningún reagrupamiento familiar pese a tener mil casos de niños cuyo expediente estaba culminado. El número de menores en los centros ha ido bajando porque descendió la llegada y los que cumplen los 18 años salen del sistema.

La Junta tiene un programa de orientación sociolaboral para éstos pero es voluntario. Una vez que alcanzan la mayoría de edad, dejan de estar bajo su tutela, salen de los centros y si no logran permiso de trabajo y residencia están expuestos a ser repatriados. De hecho, en su último informe anual, el Defensor del Pueblo Andaluz alude a la queja de alguno de ellos que aseguraba que desde los mismos centros avisaban a la Policía del día que cumplían los 18 para que los detuvieran.

Mayte Salce, asesora de esta institución en materia de menores, visita anualmente varios centros para hacer el informe anual pero reconoce que se fijan en "cómo están atendidos" y desconocen "su origen". En el 2007, el Defensor sí se pronunció contra una repatriación masiva de menores tras detectar los primeros casos "procedentes de un mismo pueblo". Ahora, la Oficina del Defensor defiende que se investiguen estos "casos puntuales" pero aclara que "no es el perfil habitual" de los menores extranjeros en los centros de protección. Tampoco ONG como Andalucía Acoge o Atime tenían constancia de estas prácticas.

INFANCIA. Regula la intervención administrativa y la organización y funcionamiento de los servicios y centros específicos destinados a menores infractores Consejería Familia e Igualdad de Oportunidades BO. Castilla y León 2 noviembre 2011, núm. 211, [pág. 81773] Documento Provisional.

2011-11-06T11:50:00.001+01:00

Infancia

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Los abogados andaluces reclaman a todos los partidos políticos un pacto de Estado por la Justicia

2011-11-06T11:48:00.001+01:00

El Consejo Andaluz de Colegios de Abogados ha acordado reclamar a todos los partidos políticos que se comprometan en esta campaña electoral a negociar y suscribir un pacto de Estado por la Justicia al inicio de la próxima legislatura, ya que el máximo órgano de la abogacía andaluza estima que ello "es imprescindible" para posibilitar la "profunda" reforma que exige el actual modelo de la Justicia española.

En declaraciones a Europa Press, el portavoz del Consejo Andaluz de Colegios de Abogados y decano del Colegio de Abogados de Sevilla, José Joaquín Gallardo, ha informado de que esta petición ha sido acordada durante un encuentro mantenido este fin de semana en Antequera (Málaga) por el máximo órgano de la abogacía andaluza, compuesto por los decanos de los once colegios de la región --uno por provincia más los de Jerez de la Frontera (Cádiz), Lucena (Córdoba) y Antequera--.

En este sentido, el Consejo Andaluz ha considerado "imprescindible" este pacto de Estado por la Justicia "para que se pueda agilizar el funcionamiento de los juzgados y tribunales; para evitar las dilaciones desproporcionadas e indebidas que actualmente se producen en numerosas ocasiones, y para trabajar al objeto de que pueda prestarse a los ciudadanos un servicio judicial más útil y eficaz que el que, actualmente, vienen recibiendo".

Según ha recordado Gallardo, en una de las mesas redondas del reciente Congreso Nacional de la Abogacía Española celebrado en Cádiz, "coincidieron en la necesidad de suscribir un pacto de Estado" los cuatro últimos ministros de Justicia, como son Juan Alberto Belloch, Ángel Acebes, José María Michavila y Juan Fernando López Aguilar.

En ese sentido, ha dicho que "el único acuerdo" entre los partidos políticos en ese sentido "se rompió por razones electorales en otoño de 2003, si bien fue el único proyecto serio para transformar en profundidad y modernizar el actual sistema judicial, que se viene manifestando caduco y trasnochado".

De este modo, los abogados andaluces entienden que, en ese pacto de Estado, "deben incluirse sistemas y métodos para controlar la calidad del servicio público judicial y para racionalizar los recursos que se vienen destinando a la Administración de Justicia", ya que todo ello "es absolutamente imprescindible para ofrecer a la ciudadanía una Justicia mejor y con una imagen pública más aceptable".

XIII Encuentro Estatal de Servicios de Orientación y Asistencia Jurídica Penitenciaria en Palencia

2011-11-02T23:10:00.001+01:00

XIII Encuentro Estatal de Servicios de Orientación y Asistencia Jurídica Penitenciaria en Palencia

28/10/2011.- Los días 10, 11 y 12 de noviembre se celebrará en Palencia el XIII Encuentro Estatal de Servicios de Orientación y Asistencia Jurídica Penitenciaria, organizado por el Colegio de Abogados de Palencia, y en el que también colabora el CGAE.

El encuentro se inaugurará a las 10 de la mañana del día 10 de noviembre, y a las 11:30 de la mañana se entrará en materia con la primera mesa redonda, "Enfermedad mental y prisión". La sesión de la tarde comenzará con dos talleres de trabajo a partir de las 16:00: "Traslados" y "Módulos de mujeres en cárceles de hombres". Esta primera jornada de trabajo se cerrará con el Informe de la subcomisión de Derecho penitenciario del CGAE sobre la situación actual de los distintos SOAJP, el próximo encuentro y la designación de los representantes en la subcomisión.

Para comenzar la jornada del viernes 11, se celebrará a las 10:00 la mesa redonda "Extranjeros y prisión". Posteriormente, a las 12:15 tendrá lugar una ponencia sobre sanciones y procedimiento sancionador en prisión. Ya por la tarde, se cerrará la materia de trabajo de este encuentro con los talleres de trabajo "El recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional" y "Trabajo en Prisión".

El sábado 12 a las 11:00 se procederá a sacar las conclusiones del encuentro y a su clausura. Todos los asistentes estarán invitados posteriormente por la Diputación Provincial a una visita a la villa romana de La Olmeda, para la que se saldrá de Palencia a las 16:00 y se regresará a las 19:00.

El vicepresidente del CGPJ aboga por una agencia estatal que gestione el turno de oficio

2011-11-02T22:59:00.001+01:00

El vicepresidente del CGPJ aboga por una agencia estatal que gestione el turno de oficio

Fuente Diario Expansión

02.11.2011Carlos García-León. Siga al autor en 0

Fernando de Rosa, vicepresidente del CGPJ ha propuesto crear una agencia estatal que regule la gestión de la Justicia gratuita en toda España. Además se muestra contrario al copago judicial y a que las competencias en Justicia vuelvan al Estado.

Fernando de Rosa, vicepresidente del CGPJ. Foto: Umbría Photopress

En un desayuno organizado por la Asociación de Comunicadores e Informadores Jurídico (Acijur) y la editorial La Ley, el vicepresidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) Fernando de Rosa, apostó por la creación de una a agencia estatal que regule la gestión de la Justicia gratuita en toda España para evitar así disparidades en el pago a los abogados de oficio entre las distintas Comunidades Autónomas.

El número dos del órgano de Gobierno de los Jueces ha explicado que “este órgano, que debería depender del Ministerio de Justicia tendría como objetivo asegurar que los abogados de oficio que realicen un igual trabajo cobren lo mismo con independencia del territorio en el que desempeñen su labor, que debe ser remunerada de forma adecuada, sea cual sea el presupuesto de cada comunidad autónoma”.

Sin embargo, al mismo tiempo que sugería la creación de esta agencia estatal para el turno de oficio, De Rosa manifestó no estar de acuerdo en que las competencias de Justicia vuelvan al Estado. “La gestión de los medios materiales yo creo que es un acierto que lo hagan las comunidades autónomas, y devolverlo sería un fracaso”. El vicepresidente del CGPJ añadió que “si hay fallos en la gestión, debemos aprovechar los periodos de crisis económica para ordenar”.

No al copago De Rosa también se refirió a lo que se ha venido denominando copago en la Justicia. “No estoy de acuerdo, y para mí no es copago sino repago. Los ciudadanos ya pagan con sus impuestos y no creo que deban hacerlo de nuevo”.

El vicepresidente del CGPJ afirmó, por otra parte, “que el colapso de la Justicia está en los juzgados unipersonales porque hay que hacer medidas valientes. Es importante cambiar el modelo de juez, y debe estar vinculado al caso y no al órgano judicial”.

Respecto de las propuestas de reforma del CGPJ realizadas por el PP, en el sentido de que sean los propios jueces los que elijan directamente a 12 de los 21 vocales, De Rosa ha señalado que “me parece bien, aunque lo importante es que la forma de elección sea lo más democrática posible, de forma proporcional y con listas abiertas. El actual sistema también es legítimo, ya que se realiza por las Cortes en base a las propuestas que realizan las propias asociaciones judiciales”.

También se refirió De Rosa a la importancia del proyecto de nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal (LEC), que ha decaído por haber concluido la legislatura y que debería aprobarse. A su parecer, “debe superarse el debate de si será el juez o el fiscal el que instruya, ya que lo importante es que quien finalmente diga el legislador que debe ser el “instructor” tenga garantías de independencia”.

RECOMENDACIONES ONU JUSTICIA JUVENIL

2011-11-01T13:10:00.001+01:00

Hrc18 12 human-rightsandadministrationjustice_2011_sp

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IPJJ Boletín informativo, No 44, octubre de 2011

2011-10-31T22:30:00.001+01:00

*Este boletín informativo ha sido optimizado con Mozilla Firefox. Si no lo puede visualizar correctamente, por favor vaya a: www.juvenilejusticepanel.org/es/newsletter

Grupo Interinstitucional sobre Justicia Juvenil (IPJJ)
Boletín informativo

No. 44, Octubre de 2011

Contenido
1. Editorial
2. Nuevas fuentes de información
3. Futuros eventos
1. Editorial
La Secretaría del IPJJ manifiesta su satisfacción por la adopción por parte del Consejo de los Derechos Humanos el 29 de septiembre de una resolución sobre “Los derechos humanos en la administración de justicia, en particular la justicia juvenil”. Dicha resolución, presentada por la delegación de Austria, constituye un paso importante, pues alienta a los Estados a que no establezcan una edad mínima de responsabilidad penal demasiado exigua y, a este respecto, se remite a la recomendación del Comité de los Derechos del Niño de incrementar esta edad mínima de responsabilidad penal sin excepciones hasta los 12 años, considerándola la edad mínima absoluta, y de continuar aumentándola mediante la adopción de edades superiores.
Otros progresos importantes conciernen infracciones de leyes para menores; la importancia de una colaboración estrecha entre la justicia, los diferentes estamentos encargados de hacer cumplir la ley, los servicios de previsión social y el sector de la educación; la abolición de la penal capital y la cadena perpetua sin posibilidad de puesta en libertad anticipada en relación con delitos cometidos por personas menores de 18 años de edad; y la creación de mecanismos independientes para contribuir a vigilar y preservar los derechos del niño. También invita a los Estados a que soliciten beneficiarse de la asistencia y el asesoramiento técnicos en materia de justicia de menores que proporciona el Grupo Interinstitucional sobre Justicia Juvenil, afín de reforzar las capacidades nacionales en el ámbito de la administración de justicia.
El Comité de los Derechos del Niño concluyó su 58ª sesión el viernes 7 de octubre e hizo públicas sus conclusiones y recomendaciones sobre los informes presentados por Islandia, Italia, Panamá, la República de Corea, las Seychelles y Siria. Una recopilación de extractos de las recomendaciones del Comité que guardan relación con la justicia juvenil fue preparada por la Secretaría del IPJJ.
En sus recomendaciones, el Comité anima a los gobiernos de Panamá, la República de Corea, las Seychelles y Siria a que hagan uso de las herramientas de asistencia desarrolladas por el IPJJ y sus miembros. La Secretaría incita a todos los miembros del IPJJ a que tomen una respuesta coordinada para cualquier demanda de asistencia técnica y posibles acciones de seguimiento tanto a nivel nacional como internacional.
Por último, el Consejo de los Derechos Humanos concluyó la evaluación de sus pares sobre la situación de los derechos humanos de los 193 Estados miembros de las Naciones Unidas. Un estudio publicado por la Red de Información sobre los Derechos del Niño (CRIN) en 2010 y basado sobre las primeras siete sesiones del Examen Periódico Universal (112 países examinados), demostró que una de cada cinco menciones es relativa a los derechos del niño y que los Estados están evitando los asuntos más polémicos, como el castigo corporal y la justicia juvenil. Al final del primer ciclo del EPU, Navi Pillay, Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, destacó que “sin lugar a dudas, el primer ciclo se ha desarrollado muy bien, pero la prueb! a real todavía esta por venir. Hacia finales del segundo ciclo, deberíamos tener una idea mejor sobre si las promesas realizadas por los Estados se han hecho realidad”. El segundo ciclo de la EPU está programado para comenzar en mayo de 2012.

Contenido

2. Nuevas fuentes de información seleccionadas en la página web del Grupo
Cinco años después: Una actualización sobre la violencia contra los niños
(Five Years On: A global update on violence against children)
Consejo Consultivo de ONG para el seguimiento del Estudio del Secretario General sobre la violencia contra los niños
2011 (ING)
Protección de los niños víctimas y testigos de delitos en Quebec
(La protection des enfants victimes et témoins d’actes criminels au Québec)
Oficina internacional de los derechos del niño (IBCR)
2011 (FR)
La vida afuera - identidad colectiva exclusión colectiva
(Life outside – collective identity collective exclusion)
The Howard League for Penal Reform
2011 (ING)

Contenido

3. Próximos eventos
Para ver el Calendario de eventos: www.juvenilejusticepanel.org/events/
Conferencia Mundial sobre Justicia Juvenil en África: "La privación de la libertad de los niños como medida de último recurso"
Organizada por Defensa de Niñas y Niños Internacional (DNI) y el Foro sobre Política para el Niño Africano (ACPF)
Kampala, Uganda
7 - 8 de noviembre de 2011
Foro "Educación de los menores privados de libertad en África"
Organizado por DNI-Bélgica y IDAY-Internacional
Kampala, Uganda
9 de noviembre de 2011
5 ª Conferencia Nacional de Restorative Justice Aotearoa y 3 ª Conferencia de Restorative Practices International
Wellington, Nueva Zelanda
23 - 27 de noviembre de 2011
Reforma de la justicia: aplicación de enfoques basados en los Derechos Humanos
(Justice Sector Reform: Applying Human Rights Based Approaches)
Programa de capacitación de International Human Rights Network
Universidad Nacional d'Irlanda, Maynooth, Irlanda
25 - 29 de junio de 2012
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Atentamente,
El equipo del boletín informativo
Sobre el boletín informativo:
Inglés y francés: Séverine Joliat, Coordinadora de la secretaría, IPJJ
Traducción al español: Mercedes Carnerero Rodríguez
Por favor, envíenos sus comentarios a: newsletter@juvenilejusticepanel.org
Dirección:
Interagency Panel on Juvenile Justice, Secretaría
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Marruecos envía a sus 'ninis'

2011-10-30T20:59:00.001+01:00

.A. Fuentes / Sevilla | Actualizado 30.10.2011 - 19:59

Notario, profesor de inglés o policía son algunas de las profesiones de padres marroquíes que han dejado solos a sus hijos en la comunidad para que la Administración autonómica se haga cargo de ellos. La Junta les ha identificado. Uno de los casos fue denunciado en 2009. Un policía marroquí dejó a su hija a las puertas de un centro de protección en Algeciras y se marchó, dejándola sin pasaporte. Un tiempo más tarde envió a otra de sus hijas. Cuando la segunda cumplió la mayoría de edad se benefició de un programa de la Junta de Andalucía que facilita el acceso al mercado de trabajo a los menores que han sido tutelados.
Ya habían llegado, por el mismo procedimiento que las dos chicas, sus otros dos hermanos. El padre venía a ver a sus hijos y mantenía un contacto telefónico regular con ellos. A la Junta de Andalucía le cuesta cada menor que tiene bajo tutela 50 euros diarios.
La Administración autonómica denunció este caso al juzgado de instrucción número uno de Sevilla. En un auto fechado en marzo de 2010, la juez dictó el sobreseimiento provisional y archivo de la causa, que fundamentó en que las personas denunciadas no tenían domicilio conocido en España. No obstante, la juez abrió un camino a la Junta al considerar que los hechos investigados son constitutivos de infracción penal "y existen motivos suficientes para atribuir su perpetración a personas determinadas". A este fundamento legal se agarrará la Junta para interponer en los próximos días distintas denuncias en juzgados andaluces para que se actúe contra seis padres.
Desde la otra parte, Marruecos no tiene conocimiento de los hechos. No es inusual el hermetismo marroquí en asuntos de inmigración. La siempre enigmática Embajada de Marruecos indicó que "no hay constancia oficial de los hechos denunciados por la Junta, hasta ahora". El cónsul de Marruecos en Algeciras tampoco encontró nada que declarar preguntado por este periódico.
Desde 2007 la Junta ya venía avisando del cambio de perfil de los menores marroquíes que llegaban a Andalucía. Los tradicionales niños de la calle que comenzaron su desembarco en pateras o en los bajos de camiones a mediados de la década de los 90 se han transformado en pulcros turistas que bajo el brazo de sus padres se quedan solos en tierra extraña.
Muchos de los que han retornado de adultos dan las coordenadas de dónde se les va a tratar mejor. En otras palabras, llegan con el mapa que les dirige directo al centro de protección seleccionado.
No es casualidad. En una foto de los centros de protección andaluces aparecen hoy 911 menores extranjeros, un 75% de ellos de Marruecos. Sólo un 6% llegaron de Argelia y el resto del África subsahariana: Ghana (3,5%), Guinea (2,4%), Nigeria (2,2%) y Mali (1,8%). La provincia de Cádiz es la gran puerta. De las 809 entradas en lo que va de año, 410 fueron por Algeciras y limítrofes, seguidos de los 120 de Almería, los 66 de Málaga o los 29 de Málaga.
La inmigración irregular sigue siendo más numerosa que la entrada por el visado, aclaran desde la Consejería de Igualdad, que muestra su preocupación por las nuevas fórmulas de inmigración infantil.
También por la cada vez mayor presencia de niñas en el colectivo (184 en los centros y 219 atendidas en 2010) y de menores de 15 años (209 en 2010 y 326 en 2011). Si hasta ahora los menores tenían unos 17 años, no contaban con recursos y sus vistas estaban puestas en el programa de formación Más18 como antesala a un puesto de trabajo, ahora el fenómeno incorpora a un adolescente cuyos padres ven en los centros andaluces para niños desamparados un internado con todos los gastos pagados.

X CONGRESO CADIZ

2011-10-30T20:42:00.001+01:00

Termino el Congreso de la Abogacía en Cádiz, y debo de felicitar a la Junta de Gobierno con mi Decano al frente pues han sabido, superando los múltiples obstáculos llevar a buen puerto, la celebración en la Capital Gaditana del mismo, recordando aquellas cortes liberales que forjaron la primera Constitución Liberal española. Cádiz necesita estos eventos para crecer,para en estos tiempos tan difíciles para todos se cree unas expectativas económicas reales y para nuestros políticos se den cuenta de la necesidad de crear en la tacita las infraestructuras necesarias en comunicaciones para poder ser una ciudad abierta al turismo y al comercio como en aquel lejano siglo XIX.

Siguiendo con la comparativa de nuestra Pepa los peligros y los invasores venían de Francia hoy como se ha acreditado en el Congreso vienen de los recortes de Derechos, de la crisis de la justicia gratuita, de los recortes a los que menos tienen. Sanidad, Justicia y Educación son pilares del estado de bienestar y como tal no deben verse afectados por las consecuencia de tanto despilfarro sin responsable.

Os dejo con algunas crónicas periodísticas sobre el mismo un abrazo Joaquín Olmedo.

Pedazo de congreso

José Joaquín / León / | Actualizado 30.10.2011 - 01:00

Diario de Cádiz

Ha venido el ministro de Justicia, Francisco Caamaño, lo que no es especialmente interesante, pero también han venido los principales ex ministros de la Transición, desde nuestro José Pedro Pérez-Llorca a Gregorio Peces-Barba, que dijo la barbaridad de los portugueses y los catalanes. Conozco algo a Peces-Barba, incluso le hice una entrevista en su despacho de la Universidad Carlos III de Madrid, y me parece uno de los políticos más sensatos que militan en el PSOE. Dirán ustedes que así está el PSOE, será por las encuestas, pero lo cierto es que le hizo un gran favor al congreso mosqueando a los catalanes. Eso es lo que más gusta en Madrid, gran fábrica de separatistas. Peces-Barba, además de padre socialista de la Constitución de 1978, es madrileño y madridista, incluso sonó para presidir el Real Madrid. Por eso le gustarán más los portugueses, como Mourinho y Cristiano Ronaldo, que los catalanes como Guardiola y Xavi, que le ganaron la pasada temporada todos los títulos, menos la Copa del Rey.
Hay que felicitar al decano del Colegio de Abogados de Cádiz, José Manuel Jareño. Como es lector de mis artículos, o eso me dijo, lo felicito por aquí, con mucho cariño. Jareño ha conseguido organizar un congreso de p.m., a través de una entidad profesional. Es un ejemplo para una ciudad donde parece que todo lo hacen el Ayuntamiento o la Junta; entre otras cosas porque cuando había dinero (es decir, cuando pagaban porque les pagaban) interesaba para controlar entre unos y otros.
Los abogados gaditanos, con su decano Jareño a la cabeza, se han apuntado un 10. Y ya digo que no sólo por llenar hoteles y servicios de caterings, que los abogados no están para esos beneficios colaterales, sino por darle a Cádiz el nivel que debe tener. La capitalidad moral de la Constitución de 1812 debía servir para que Cádiz se reubique como una ciudad de referencia. Se supone que para eso se organizaba el Bicentenario. Los abogados, con su pedazo de congreso, han demostrado que están entre los pocos que lo habían entendido.

CIRCULAR FGE SUSTITUCION MEDIDA INTERNAMIENTO SISTEMA DE JUSTICIA JUVENIL

2011-10-29T23:33:00.001+02:00

Circular 2,0

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Día Mundial de la Salud Mental Invirtamos en salud mental 10 de octubre de 2011

2011-10-29T23:02:00.001+02:00

El Día Mundial de la Salud Mental tiene por objeto sensibilizar a la población acerca de los problemas de salud mental. Su celebración contribuye a fomentar un debate más abierto sobre los trastornos mentales y a promover la inversión en servicios de prevención, sensibilización y tratamiento. La falta de tratamiento de los trastornos mentales y neurológicos, y de los relacionados con el consumo de sustancias es enorme, en especial en los países con recursos escasos. El lema de este año es “Invirtamos en salud mental”. Los recursos económicos y humanos que se asignan a la salud mental son insuficientes, en especial en los países con recursos escasos. La mayoría de los países de ingresos bajos y medios dedican menos del dos por ciento de su presupuesto sanitario a la salud mental. Muchos países cuentan con menos de un especialista en salud mental por cada millón de habitantes. Es más, una parte considerable de esos limitados recursos va a parar a los grandes hospitales psiquiátricos y no llega a los servicios que prestan la comunidad y los centros de atención primaria de salud. Hay que aumentar la inversión en salud mental y dirigir los recursos disponibles hacia servicios más eficaces y humanitarios.

10 Octubre. Día Mundial de la Salud Mental: 'Invirtamos en salud mental'

'Casi el 50% de los trastornos mentales se inician antes de los 14 años de edad' según afirma un reciente informe de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Con motivo de la celebración del Día Mundial de la Salud Mental, el OIJJ quiere demostrar su apoyo a las diferentes iniciativas promovidas por la OMS, con el fin de sensibilizar y fomentar el debate acerca de los problemas de salud mental y para promover la inversión en servicios de prevención, sensibilización y tratamiento.

[Internacional] - A través de sus actividades de investigación sobre la salud mental de los menores delincuentes, el OIJJ desea unirse activamente a la celebración de este día proponiendo una serie de recomendaciones como resultado de la IV Conferencia International de Justicia Juvenil: 'Desarrollo de sistemas de justicia juvenil integradores: Enfoques y metodologías en trastornos mentales y abuso de drogas' celebrada en Noviembre de 2010.
Como resultado primero de su investigación europea sobre 'El Análisis Comparativo Europeo y la Transferencia de Conocimientos sobre Recursos de Salud Mental para Jóvenes Infractores(MHYO)', el OIJJ tiene el placer de comunicar y publicar sus recomendaciones enmarcadas en la Conferencia Internacional 'Desarrollo de sistemas de justicia juvenil integradores: Enfoques y metodologías en trastornos mentales y abuso de drogas' del OIJJ cuyo objetivo fue la mejora de los recursos de los menores infractores con trastornos mentales.
Participaron en la IV Conferencia Internacional del OIJJ representantes de NNUU, de COE y UE, autoridades nacionales y locales, académicos y ONGs que trabajan directamente en la temática de la justicia juvenil, tratando por un lado, la temática de los 'Trastornos mentales y abuso de drogas: Análisis de la situación de los menores en conflicto con la ley', y, por otro lado la 'Justicia juvenil y sistemas de salud: Una necesaria colaboración multidisciplinar e integradora'.
De esta forma y a modo de conclusión, el OIJJ presenta sus recomendaciones sobre 'Salud Mental y Menores infractores' destacando, una vez más, la importancia de elaborar y mejorar una colaboración multidisciplinar e integrada entre los sistemas de justicia juvenil y salud para proporcionar una respuesta eficaz a las necesidades de estos niños particularmente vulnerables.
Finalmente, el OIJJ, comunicará en próximas ediciones a sus usuarios y colaboradores la publicación de los resultados finales del Programa DAPHNE III. 'El análisis comparativo europeo y la transferencia de conocimientos sobre recursos de salud mental para jóvenes infractores' (MHYO).
EL OIJJ Se une a la iniciativa de la OMS y a través de las presentes recomendaciones se hace portavoz del lema de este año en el Día mundial de la Salud Mental 'Invirtamos en salud mental'.

Recomendaciones - Salud Mental y Menores infractores (MHYO)

http://issuu.com/ijjo/docs/recomendaciones_mhyo

JORNADAS GRANADA CENTROS DE MENORES

2011-10-29T16:07:00.001+02:00

X CONGRESO DE LA ABOGACIA ESPAÑOLA UNA CONSTITUCION PARA EL PUEBLO 1812-2012

2011-10-27T23:06:00.001+02:00

En este enlace a la pagina del congreso podéis ver todas las ponencias, os recomiendo seguir el video del taller sobre Justicia Gratuita que suscito un interesante debate un abrazo Joaquín Olmedo

http://congresoabogacia.iuristel.net/

Cádiz se erige en capital de la abogacía

2011-10-26T23:23:00.001+02:00

El ministro de Justicia, Francisco Caamaño, inaugura el X Congreso Nacional de Abogacía en el Gran Teatro Falla proponiendo reformas "desde la sensatez" para no hacer "sacrificios innecesarios"

Europa Press / Cádiz | Actualizado 26.10.2011 - 22:13

Un momento del acto inaugural del X Congreso Nacional de Abogacía en el Gran Teatro Falla. /Joaquín Pino

El presidente del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), Carlos Carnicer, aprovechó su discurso de apertura del X Congreso Nacional de la Abogacía Española que se ha inaugurado esta noche en Cádiz para plantearse, en nombre de la profesión y en relación con la crisis económica, por qué no se dispensa el mismo trato a los ciudadanos que a las entidades financieras o por qué los directivos que han desarrollado una mala gestión perciben grandes prestaciones.
Carnicer, que fue largamente aplaudido al final de sus palabras, hizo estas afirmaciones en el Gran Teatro Falla de Cádiz, donde inauguró este congreso en presencia del ministro de Justicia, Francisco Caamaño, la alcaldesa de la ciudad, Teofila Martínez, y varios representantes de la cúpula judicial de Andalucía.
El congreso reunirá desde hoy y hasta el próximo viernes a más de 1.200 abogados y más de 90 ponentes entre letrados, magistrados, políticos, periodistas, juristas de reconocido prestigio y representantes de la sociedad civil.
El presidente del CGAE ha señalado también en relación con la crisis que los abogados van a esforzarse para cooperar en una salida de la situación. «Podemos salir, vamos a salir de la crisis», ha dicho.
Carnicer ha señalado que la reforma de la Justicia es «un clamor social» y ha advertido que, pese a que se ha «parcheado» muchas veces, el sistema de Administración de Justicia «no consigue coger el paso de la sociedad a la que sirve».
Carnicer ha recordado que en los últimos años la CGAE ha venido reivindicando un Pacto de Estado de Justicia si bien, teniendo en cuenta la «debilidad» de estos acuerdos, «lo único realmente necesario es la voluntad política de los partidos y la decidida participación de las gentes del derecho en la gestación de una nueva cultura de Justicia, valor superior del ordenamiento jurídico que responda a las demandas sociales, sin mutilaciones de derechos y sin penalización por acudir a recibir justicia».
También se ha referido al actual periodo electoral para realizar un llamamiento «a las gentes con responsabilidad política para que no fomenten el enfrentamiento, para que no aireen acusaciones desmedidas, para que no impongan restricciones a las restantes opciones políticas». Ha añadido que los ciudadanos pueden entender algún exceso en periodos electorales, «pero aborrecen la permanente obstrucción vestida de oposición y, por descontado, la descalificación».
Igualmente, Carnicer ha hablado sobre los problemas de la justicia gratuita y ha señalado que los abogados son conscientes de la crisis, si bien existe actualmente un «constante y flagrante incumplimiento de la ley» porque las retribuciones que se reciben «no son dignas». «No es justo el permanente retraso en los pagos», ha agregado.
A las puertas del teatro donde se celebraba este acto se ha congregado un grupo de representantes de la Asociación Libre de Abogados (ALA), que protestaban por la celebración del congreso, cuya inscripción asciende a 475 euros. Han manifestado que se trata de un congreso «elitista» que «no dará voz a los principales problemas de los abogados españoles».
Por su parte, el ministro Caamaño ha elogiado el papel de los abogados y ha recordado que el Gobierno ha venido atendiendo a sus demandas «dentro de sus posibilidades» y, en este sentido, ha aludido a la Ley de Acceso a la Abogacía que entrará en vigor el próximo día 1.
En la apertura del congreso también ha participado el vicepresidente del Tribunal Constitucional, Eugenio Gay, que ha agradecido de parte del tribunal de garantías la labor que realizan los abogados en defensa de los intereses «de los ciudadanos y de las empresas». También intervino el consejero de Gobernación y Justicia de la Junta de Andalucía, Francisco Menacho, quien ha manifestado que esta comunidad autónoma «tiene clara la importancia de mantener las competencias en Justicia».
Entre otros, participarán en el encuentro el vicepresidente del Tribunal Constitucional, Eugenio Gay; el presidente de lo Civil del Supremo, Juan Antonio Xiol Ríos; el abogado general del Estado, Joaquín de Fuentes Bardají, y cuatro ex ministros de Justicia --José María Michavila, Juan Fernando López Aguilar, Juan Alberto Belloch y Ángel Acebes--.
El desarrollo del Congreso se inspirará en los valores de la Constitución de Cádiz de 1812, que el próximo mes de marzo cumplirá 200 años, y de la Constitución Española de 1978, según el CGAE, y los trabajos se centrarán en temas como el futuro de la Abogacía, el ejercicio profesional, las relaciones de la Abogacía con la Administración de Justicia y el impacto de ésta en la medios de comunicación social.
Los interesados en acceder al contenido del Congreso podrán hacerlo no sólo desde el Palacio de Congresos de Cádiz, sino también sin moverse de su despacho, hogar o centro de trabajo a través de www.xcongresoabogaciacadiz2011.com, www.abogados.es o www.cgae.es. Igualmente, se podrá seguir el encuentro a través de las redes sociales Facebook y Twitter en @CGAE_Abogados

Declaración institucional de Scevola ante el Congreso Nacional de la Abogacia de Cádiz

2011-10-25T22:59:00.001+02:00

Declaración institucional de Scevola ante el Congreso Nacional de la Abogacia de Cádiz

MADRID, 25 de OCTUBRE de 2011 - LAWYERPRESS

La asociación de abogados SCEVOLA, que tiene por finalidad el el ejercicio de la abogacía bajo los postulados de la ética y de la calidad, ante el Congreso Nacional de la Abogacía a celebrar en Cádiz los días 26 a 28 de octubre de 2011, considera oportuno realizar la siguiente:
DECLARACIÓN
PRIMERO.- SCEVOLA, en primer lugar, quiere saludar con cordialidad y afecto a todos los participantes en el referido Congreso Nacional y desear el mayor éxito en el desarrollo y conclusiones del mismo, lo que, sin duda, redundará en beneficio de la abogacía española.
SEGUNDO.- No obstante, SCEVOLA no puede menos de lamentar que la norma básica reguladora del ejercicio de nuestra profesión, cual es el Estatuto General de la Abogacía, y cuyo proyecto de reforma se encuentra ultimado, no constituya el eje central de las deliberaciones del Congreso, respondiendo a la renovación de nuestra profesión y a la trascendencia de los cambios que se están produciendo en la misma, y que afectan muy directamente a sus contenidos deontológicos. Estatuto que debe ser, necesariamente, debatido por la abogacía en su conjunto.
TERCERO.- Considerar, igualmente, que la reforma de la justicia en nuestro país, exige medidas urgentes y estratégicas, que únicamente son posibles con un Pacto de Estado, por lo que la abogacía en su conjunto debe apoyar sin dilaciones a su máximo representante, el Consejo General de la Abogacía, a la consecución de tal objetivo.
Pacto de Estado que debería estar basado entre otros, en los postulados
siguientes:
1. Despolitización de la justicia.
2. Eliminación de las dilaciones indebidas que están degradando algunas de las jurisdicciones.
3. Aproximación de la justicia a la ciudadanía, única destinataria de la misma.
CUARTO.- Considerar, a su vez, que los graves problemas de acceso a la justicia de quienes carecen de recursos, cuestiona el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, por lo que deben ser abordados por los representantes de la abogacía y especialmente por su Consejo General, prosiguiendo en la labor de defensa del derecho a la Justicia Gratuita mediante el Turno de Oficio, para que aquel acceso tenga plena efectividad.
QUINTO.- SCEVOLA, por último, utiliza la presente declaración para hacer oír su voz de forma conjunta, al no haberse previsto, como en los anteriores congresos nacionales, mecanismos de participación de las asociaciones de la abogacía.
Suscriben la presente Declaración como miembros de SCEVOLA, entre otros, Lupicinio Rodríguez, Luis Rodríguez Ramos, Miguel Cid Cebrián, Javier Cons, Ana Ruiz Tagle, Jase Luis Rodríguez Piñero y Mar Lozano.

Recortes en la justicia para los que menos tienen

2011-10-25T22:56:00.001+02:00

JOSÉ MARÍA ASENCIO MELLADO Una ola gigantesca, casi obsesiva, por ahorrar inunda España y no hay parcela de la vida en la que no haya propuestas que aconsejen recortes en la inversión y en las prestaciones básicas o recomienden aportes económicos de los ciudadanos, eufemísticamente llamados copagos, a la hora de hacer uso de servicios que no son otra cosa en su gran mayoría que ejercicio de derechos fundamentales.
Y, como no podía ser menos, en el ámbito de la Justicia, la tentación de servir como ejemplo, de no apartarse de las exigencias de los intangibles "mercados" cunde con rapidez. El legislador y todos los que, de cualquier signo, algo gobiernan -que nadie se engañe o se deje engañar-, se han conjurado en el ahorro selectivo, sin, faltaría más, tocar lo "suyo" y se aprestan a reducir el derecho de acceso a la Justicia de los menos favorecidos, los más indefensos. En pocos años y meses, por una inercia parece que contagiosa, la Justicia que hoy conocemos, los principios en los que se asienta, experimentará un cambio tan profundo que, mucho me temo que a algunos ya se les haya ocurrido la idea de su privatización. Si el "turno de oficio", la asistencia gratuita, camina hacia esos derroteros, por qué no se ha de dudar acerca de transmutaciones sustanciales en el futuro. Al fin y al cabo, lo único importante parece ser la rentabilidad y la eficiencia y los litigios de los pobres no son rentables y cuestan dinero.
Las leyes ya aprobadas hace escasamente un mes y las diversas propuestas en marcha apuestan por el copago para demandar, los recortes en el turno de oficio hasta hacerlo de escasa o nula calidad, la supresión de los recursos de menor cuantía, el pago de tasas para recurrir, el alejamiento territorial de los órganos que han de conocer de los recursos, encareciendo su uso y haciéndolo inaccesibles para quienes carecen de medios. Y todo esto de común acuerdo entre PSOE y PP que están perfectamente identificados en trastocar la Justicia como Poder y convertirla en un apéndice de la Administración.
Y al respecto es bueno tener presente que el Poder Judicial no se puede supeditar a la economía, porque el derecho de acceso a la Justicia no se puede negar, ni limitar para quien no dispone de medios y mucho menos amparar tales trabas calificando a los que usan de la justicia gratuita de sospechosos de abuso en el ejercicio de sus derechos por el solo hecho de ser pobres. Los recortes solo se dirigen frente a quien no tiene recursos económicos, nunca a quien los posee que no suele pleitear por cantidades pequeñas, ni le importa pagar unas tasas mínimas pero inaccesibles para la gran mayoría de asalariados, parados o pensionistas.
Justificar los recortes en la mala fe de quienes usan la Justicia sin pagarla e incurrir en la grosería de atribuirla, sin rubor e indiscriminadamente, al que nada posee roza la desvergüenza, porque es solo una forma de no querer asumir la responsabilidad de las propias decisiones. Esa presunción de que el pobre abusa de lo público y hace un uso indebido de lo común actuando siempre con mala fe implica un doble castigo, el de ser pobre y el de tener por serlo que soportar el insulto del discurso oficial.
Los tribunales no pueden, se dice, asumir el volumen de trabajo que se genera en la actualidad. Pero no encuentran -qué poca imaginación o falta de principios-, otra solución que sancionar a los de siempre. Seamos claros. Si los recortes que imponen solo afectan a quienes, están en paro o sufriendo en sus carnes la reducción de sus ya mínimos salarios, éstos deberán renunciar a que un tribunal conozca de sus controversias y, muchas veces contra empresas poderosas que, hoy por el teléfono, mañana por el agua y pasado por la electricidad, harán de su capa un sayo ante la inactividad del Estado ahorrador.
Las tasas solo sirven para recaudar más y todo argumento que se quiera proponer en su defensa no es sino un modo de salvar la conciencia de lo que se sabe que es profundamente injusto. Suprimir recursos, como se ha hecho ya en la Ley de Agilización Procesal aprobada hace un mes por quienes se llaman socialistas y se presentan como guardianes del modelo social en el que se ceban cuando les interesa, cuando vienen referidos a las cuantías mínimas, atenta gravemente contra la igualdad, pues la importancia del conflicto no se puede medir atendiendo solo a criterios economicistas cuando se habla de un Poder, el Judicial, que protege un derecho, la Justicia y que no se limita a ofertar un mero servicio público. El error de considerar a la Justicia como un servicio público, que por tanto haya de ajustarse a los criterios de eficiencia y proporcionalidad del gasto, supone matar el Estado de Derecho y abrir una brecha en el mismo de dimensiones incalculables si se sigue avanzando por esos derroteros. Privatizar, como parece que se quiere, el turno de oficio pagando por él menos de la décima parte de lo que cuesta por ejemplo Canal Nou, es una opción que repugna a la conciencia.
Permítase que la pobreza no atente a la dignidad humana y no se haga al que poco posee deudor de la ambición del poderoso, que no se le degrade en su consideración humana haciéndolo ciudadano de segunda. Ya sabe, porque no es tonto, que lo es, pero la ley debe, aunque sea formalmente, disimular tan triste realidad. Los recortes no pueden atentar contra la dignidad humana o contra la dignidad del mismo Estado de Derecho.

ESPAÑA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO ÍNDICE CRONOLÓGICO DE CIRCULARES, CONSULTAS E INSTRUCCIONES

2011-10-24T23:16:00.001+02:00

Fuente: WEB de la Fiscalía General del Estado. España.

AÑO 2011, Fiscalía General del Estado

Circular 1/2011, relativa a la responsabilidad penal de las personas jurídicas conforme a la reforma del Código Penal efectuada por Ley Orgánica número 5/2010

Circular 2/2011 sobre la reforma del Código Penal por Ley Orgánica 5/2010 en relación con las organizaciones y grupos criminales

Instrucción 1/2011, sobre las funciones y facultades del Fiscal de Sala Coordinador de Cooperación Penal Internacional

AÑO 2010, Fiscalía General del Estado

Circular 1/2010, sobre el tratamiento desde el sistema de justicia juvenil de los malos tratos de los menores contra sus ascendientes

Circular 2/2010, acerca de la intervención del Ministerio Fiscal en el orden civil para la proteccion de los consumidores y usuarios

Circular 3/2010, sobre regimen transitorio aplicable a la reforma del Código Penal operada por ley orgánica 5/2010 de 22 de junio

Circular nº 4/2010, sobre las funciones del Fiscal en la investigación patrimonial en el ámbito del proceso penal.

Instrucción 1/ 2010, Funciones del Ministerio Fiscal en la fase de ejecución de los procesos penales.

Instrucción 2/2010, adaptación de la instrucción 12/2005 “sobre atribuciones y competencias de la Fiscalía Especial para la Prevención y Represión del Tráfico Ilegal de Drogas y de sus Fiscales Delegados” a la ley 24/2007, de 9 de octubre.

Instrucción nº 3/2010, sobre la necesaria fundamentación individualizada de las medidas de protección o apoyo en los procedimientos sobre determinación de la capacidad de las personas.

AÑO 2009, Fiscalía General del Estado

Circular 1/2009, sobre la sustitución en el sistema de justicia juvenil de medidas no privativas de libertad por la de internamiento en centro semiabierto, en supuestos de quebrantamiento

Circular 2/2009, sobre la interpretación del término regularizar en las excusas absolutorias previstas en los apartados 4 del art. 305 y 3 del art. 307 del Código Penal

Circular 3/2009, sobre protección de los menores, víctimas y testigos

Consulta 1/2009, sobre algunos aspectos relativos a los expedientes de determinación de la edad de los menores extranjeros no acompañados.

Consulta 2/2009. Acerca de si en la valoración de las mercancías sustraídas en establecimientos comerciales según lo previsto en el párrafo segundo del artículo 365 de la ley de enjuiciamiento criminal, debe excluirse el importe del IVA del valor total del precio de venta al público.

Instrucción 1/2009, sobre la organización de los servicios de protección de las secciones de menores

Instrucción 2/2009, sobre aplicación del protocolo de conformidad suscrito por la Fiscalía General del Estado y el Consejo General de la Abogacía Española

Instrucción 3/2009. Instrucción sobre el control de la forma en que ha de practicarse la detención

Instrucción 4/2009, sobre la organización de las secciones de lo civil y del regimen especializado en materia de protección de personas con discapacidad y tutelas

AÑO 2008, Fiscalía General del Estado

Circular 1/2008, sobre limitaciones temporales a la oposición a las resoluciones administrativas en materia de protección de menores tras la reforma operada por Ley 54/2007 de 28 diciembre

Consulta nº 1/2008, 28-7-2008, acerca de la exigencia del requisito de convivencia entre el agresor y los ascendientes, descendientes y hermanos para la tipificación de los hechos como delito de violencia doméstica previsto en los artículos 153 y 173 del Código Penal.

Consulta 2/2008, 25-11-2008, sobre la calificación jurídico-penal de las agresiones a funcionarios públicos en los ámbitos sanitario y educativo.

Instrucción nº 1/2008, 7-3-2008, sobre la dirección por el Ministerio Fiscal de las actuaciones de la Policía Judicial.

Instrucción nº 2/2008, 11-3-2008, sobre las funciones del Fiscal en la fase de instrucción.

Instrucción nº 3/2008, 30 de julio de 2008, sobre el Fiscal de Sala coordinador de menores y las secciones de menores.

Instrucción nº 4/2008, 30-7-2008, sobre el control y vigilancia por el Ministerio Fiscal de las tutelas de personas discapaces.

Instrucción 5/2008, sobre adaptación del sistema de nombramiento y estatus de los delegados de las secciones especializadas de las fiscalías y del régimen interno de comunicación y relación con las áreas de especialización delegadas tras la reforma del eomf operada por Ley 24/2007 de 9 de octubre.

AÑO 2007, Fiscalía General del Estado

Circular 1/2007, 26-11-2007, sobre criterios interpretativos tras la reforma de la Legislación Penal de Menores de 2006.

Consulta 1/2007, 22-2-2007, sobre la delimitación del período objeto de enjuiciamiento en el delito de impago de pensiones del artículo 227 del Código Penal

Instrucción 1/2007, 15-2-2007, sobre actuaciones jurisdiccionales e intimidad de menores.

Instrucción 2/2007, 20-3-2007, sobre la organización de la Sección de Cooperación Internacional de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado y el ejercicio de las funciones que atribuye al Ministerio Fiscal la Ley 16/2006, de 26 de mayo, por la que se regula el Estatuto del Miembro Nacional de Eurojust y las relaciones con este órgano de la Unión Europea.

Instrucción 3/2007, de 30-3-2007, sobre la actuación del Ministerio Fiscal en la persecución de los delitos de defraudación tributaria cometidos por grupos organizados en relación con las operaciones intracomunitarias del impuesto sobre el valor añadido.

Instrucción 4/2007, 10-4-2007, sobre el Fiscal Coordinador de Medio Ambiente y Urbanismo y las Secciones de Medio Ambiente de las Fiscalías.

Instrucción 5/2007, 18-7-2007, sobre los Fiscales de Sala coordinadores de siniestralidad laboral, seguridad vial y extranjería y sobre las respectivas secciones de las fiscalías territoriales.

Instrucción nº 6/2007, 18-12-2007, sobre la enajenación de bienes decomisados antes de dictarse sentencia violencia doméstica previsto en los artículos 153 y 173 del Código Penal.

AÑO 2006, Fiscalía General del Estado

Circular 1/2006, 5-5-2006, sobre los delitos contra la propiedad intelectual e industrial tras la reforma de la Ley Orgánica 15/2003.

Circular 2/2006, 27-7-2006, sobre diversos aspectos relativos al régimen de los extranjeros en España.

Consulta 1/2006, 21-4-2006, sobre la calificación jurídico-penal de la conducción de vehículos a motor a velocidad extremadamente elevada.

Consulta 2/2006, 10-7-2006, sobre la prisión preventiva acordada en supuestos de malos tratos del artículo 153 del Código Penal. Límite de su duración.

Consulta 3/2006, 29-11-2006, sobre determinadas cuestiones respecto de los delitos relacionados con la pornografía infantil.

Consulta 4/2006, 30-11-2006, sobre calificación jurídico-penal de la interceptación en recintos aduaneros de puertos marítimos españoles de vehículos sustraídos en territorio de la Comunidad Europea con destino a países no comunitarios.

Instrucción 1/2006, 7-3-2006, sobre la guardia y custodia compartida y el empadronamiento de los hijos menores.

Instrucción 2/2006, 15-3-2006, sobre el Fiscal y la protección del derecho al honor, intimidad y propia imagen de los menores.

Instrucción 3/2006, 3-7-2006, sobre criterios de actuación del Ministerio Fiscal para una efectiva persecución de los ilícitos penales relacionados con la circulación de vehículos a motor.

Instrucción 4/2006, 12-7-2006, sobre atribuciones y organización de la Fiscalía Especial para la Represión de los Delitos Económicos relacionados con la Corrupción y sobre la actuación de los Fiscales especialistas en delincuencia organizada.

Instrucción 5/2006, 20-12-2006, sobre los efectos de la derogación del artículo 4 de la Ley Orgánica 5/2000 de 12 de enero reguladora de la responsabilidad penal de los menores, prevista por Ley Orgánica 8/2006 de 4 de diciembre.

AÑO 2005, Fiscalía General del Estado

Circular 1/2005, 31-3-2005, sobre aplicación de la reforma del código penal operada por ley orgánica 15/2003, de 25 de noviembre (segunda parte).

Circular 2/2005, 31-3-2005, sobre la reforma del Código Penal en relación con los delitos de tráfico ilegal de drogas.

Circular 3/2005, 12-7-2005, sobre diversas cuestiones relacionadas con los sorteos ilegales.

Circular 4/2005, 18-7-2005, relativa a los criterios de aplicación de la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género.

Consulta 1/2005, 31-3-2005, sobre competencia de las Fiscalías para tramitar diligencias de investigación que afecten a personas aforadas.

Consulta 2/2005, 12-7-2005, sobre el discutido derecho del menor detenido a entrevistarse reservadamente con su letrado antes de prestar declaración en fases previas a la incoación del expediente.

Instrucción 1/2005, 27-1-2005, sobre la forma de los actos del Ministerio Fiscal.

Instrucción 2/2005, 2-3-2005, Sobre la acreditación por el Ministerio Fiscal de las situaciones de violencia de género.

Instrucción 3/2005, 7-4-2005, sobre las relaciones del Ministerio Fiscal con los medios de comunicación.

Instrucción 4/2005, 15-4-2005, sobre la motivación por el Ministerio Fiscal de las peticiones solicitando la medida cautelar de prisión provisional o su modificación.

Instrucción 5/2005, 15-6-2005, sobre interrupción de la prescripción.

Instrucción 6/2005, 16-6-2005, por la que se reitera el estricto cumplimiento de la Instrucción 4/2002, de 11 de Noviembre, relativa a la actuación del Ministerio Fiscal en los recursos de casación para la unificación de doctrina en el orden jurisdiccional social.

Instrucción 7/2005, 23-6-2005, el Fiscal contra la violencia sobre la mujer y las secciones contra la violencia de las Fiscalías.

Instrucción 8/2005, 26-7-2005, sobre el deber de información en la Tutela y Protección de las Víctimas en el Proceso Penal.

Instrucción 9/2005, 28-7-2005, sobre la designación de Fiscales Especialistas en materia de incendios forestales.

Instrucción 10/2005, 6-10-2005, sobre tratamiento del acoso escolar desde el sistema de Justicia Juvenil.

Instrucción 11/2005, 10-11-2005, sobre la instrumentalización efectiva del principio de unidad de actuación establecido en el art. 124 de la CE

Instrucción 12/2005, 30-12-2005, sobre atribuciones y competencias de la Fiscalía especial para la prevención y represión del tráfico ilegal de drogas y de sus Fiscales delegados

AÑO 2004, Fiscalía General del Estado

Circular 1/2004, 24-11-2004, sobre régimen transitorio aplicable a la reforma 15/2003.

Circular 2/2004, 25-11-2004, sobre aplicación de la reforma del código penal operada por ley orgánica 15/2003, de 25 de noviembre (primera parte).

Consulta 1/2004, 26-11-2004, sobre la posibilidad de que los expedientes de jurisdicción voluntaria sean resueltos mediante decreto del secretario judicial.

Consulta 2/2004, 28-11-2004, sobre la pena que procede aplicar cuando la circunstancia agravante de reincidencia cualificada concurre con una o más circunstancias atenuantes.

Consulta 3/2004, 30-11-2004, sobre la posibilidad de adoptar la medida cautelar de alejamiento en el proceso de menores.

Instrucción 1/2004, 11-2-2004, sobre reclamación internacional de alimentos.

Instrucción 2/2004, 25-3-2004, sobre el tiempo de las actuaciones judiciales.

Instrucción 3/2004, 12-5-2004, sobre las consecuencias de la desaparición del secretario en las secciones de menores de fiscalía.

Instrucción 4/2004, 14-6-2004, acerca de la protección de las víctimas y el reforzamiento de las medidas cautelares en relación con los delitos de violencia doméstica.

Instrucción 5/2004, 8-11-2004, (comunicación dirigida a los Excmos. e Ilmos. Sres. Fiscales Jefes relativa al seguimiento de los supuestos de privación cautelar de libertad).

Instrucción 6/2004, 26-11-2004, sobre tratamiento jurídico de los menores extranjeros inmigrantes no acompañados.

Instrucción 7/2004, 26-11-2004, sobre citación para el acto del juicio oral de los peritos autores de informes sobre análisis de sustancias intervenidos en causas por delitos contra la salud pública.

Instrucción 8/2004, 29-11-2004, sobre la necesidad de promover el acceso de los letrados de la defensa a las copias de los atestados en las actuaciones ante el juzgado de guardia en el procedimiento para el enjuiciamiento rápido de delitos.

AÑO 2003, Fiscalía General del Estado

Circular 1/2003, 7-4-2003, sobre procedimiento para el enjuiciamiento rápido e inmediato de determinados delitos y faltas y de modificación del procedimiento abreviado.

Circular 2/2003, 18-12-2003, sobre la aplicación práctica del nuevo delito consistente en la reiteración de cuatro faltas homogéneas.

Circular 3/2003, 30-12-2003, sobre algunas cuestiones procesales relacionadas con la orden de protección.

Circular 4/2003, 30-12-2003, sobre nuevos instrumentos jurídicos en la persecución de la violencia doméstica.

Consulta 1/2003, 25-7-2003, sobre la nueva configuración típica que presenta el delito contra la ordenación del territorio del artículo 319.2 CP a partir de las medidas de liberalización del sector inmobiliario adoptadas en el Real Decreto-Ley 4/2000.

Consulta 2/2003, 18-12-2003, sobre determinados aspectos de la asistencia letrada al detenido.

Instrucción 1/2003, 7-4-2003, de la Fiscalía General del Estado sobre aspectos organizativos de las Fiscalías y sus adscripciones con motivo de la reforma parcial de la ley de Enjuiciamiento criminal.

Instrucción 2/2003, 11-7-2003, sobre actuación y organización de las Fiscalías en materia de cooperación judicial internacional.

Instrucción 3/2003, 23-10-2003, sobre la procedencia del retorno de extranjeros menores de edad que pretendan entrar ilegalmente en España y en quienes no concurra la situación jurídica de desamparo.

AÑO 2002, Fiscalía General del Estado

Circular 1/2002, 19-2-2002, sobre aspectos civiles, penales y contencioso- administrativos de la intervención del fiscal en materia de extranjería.

Consulta 1/2002, 24-9-2000, sobre ejecución de sentencias firmes recaídas en la pieza separada de responsabilidad civil tramitada conforme a la LO 5/2000.

Informe de la Fiscalía General del Estado acerca de la experiencia aplicativa del Jurado y algunas propuestas de reforma (2002)

Instrucción 1/2002, 7-2-2002, acerca de la posibilidad de celebrar juicios orales penales por videoconferencia.

Instrucción 2/2002, 11-2-2002, sobre organización de las Fiscalías en materia de extranjería.

Instrucción 3/2002, 1-3-2002, acerca de los actos procesales que pueden celebrarse a través de videoconferencia.

Instrucción 4/2002, 11-11-2002, acerca de la actuación del Ministerio Fiscal en la preparación de recursos de casación para la unificación de doctrina en el orden jurisdiccional social.

AÑO 2001, Fiscalía General del Estado

Circular 1/2001, 5-4-2001, relativa a la incidencia de la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil en la intervención del fiscal en los procesos civiles.

Circular 2/2001, 28-6-2001, relativa a la incidencia de las Leyes Orgánicas 7 y 9/2000, de 22 de diciembre, en el ámbito de la jurisdicción de menores.

Circular 3/2001, 21-12-2001, relativa a la actuación del Ministerio Fiscal en materia de extranjería.

Consulta 1/2001, 9-5-2001, sobre el retorno de extranjeros que pretenden entrar ilegalmente en España: alcance y límites.

Consulta 2/2001, 10-5-2001, sobre competencia objetiva para el conocimiento de los delitos contra las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas.

Consulta 3/2001, 10-5-2001, sobre la calificación jurídico-penal de la utilización, en las cabinas públicas de teléfonos, de instrumentos electrónicos que imitan el funcionamiento de las legítimas tarjetas prepago.

Instrucción 1/2001, 9-5-2001, sobre actuación del Ministerio Fiscal en torno a la siniestralidad laboral.

Instrucción 2/2001, 28-6-2001, acerca de la interpretación del actual art. 35 de la LO 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social.

Instrucción 3/2001, 28-6-2001, sobre los actuales mecanismos y modalidades de asistencia judicial internacional en materia penal.

Instrucción 4/2001, 25-7-2001, sobre la autorización judicial de la expulsión de los extranjeros imputados en procedimientos penales.

Instrucción 5/2001, 13-12-2001, sobre los efectos de la introducción del euro en el ámbito penal.

Instrucción 6/2001, 21-12-2001, sobre Ficheros automatizados de Datos Personales Gestionados por el Ministerio Fiscal.

Instrucción 7/2001, 21-12-2001, sobre la elaboración de la Memoria anual.

AÑO 2000, Fiscalía General del Estado

Circular 1/2000, 18-12-2000, relativa a criterios de aplicación de la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, por la que se regula la responsabilidad penal de los menores.

Consulta 1/2000, 14-4-2000, sobre declaración del ya condenado en el enjuiciamiento posterior de otros partícipes.

Consulta 2/2000, 14-12-2000, sobre la aplicación de las penas accesorias previstas en el art. 56 del Código Penal.

Consulta 3/2000, 21-12-2000, acerca de la competencia de los órganos de la jurisdicción contencioso-administrativa en cuestiones de cuantía indeterminada en materia de extranjería.

Instrucción 1/2000, 26-12-2000, sobre la necesaria acomodación a la Ley Orgánica 5/2000, de 12-1-responsabilidad penal de los menores, de la situación personal de los menores infractores que se hallen cumpliendo condena en centro penitenciario o sujetos a prisión preventiva.

Instrucción 2/2000, 27-12-2000, sobre aspectos organizativos de las Secciones de Menores de las Fiscalías ante la entrada en vigor de la Ley Orgánica 5/2000, de responsabilidad penal de los menores.

AÑO 1999, Fiscalía General del Estado

Circular 1/1999, 29-12-1999, sobre la intervención de las comunicaciones telefónicas en el seno de los procesos penales.

Circular 2/1999, 30-12-1999, sobre la intervención del Fiscal en las cuestiones de inconstitucionalidad en sede judicial (art. 35 LOTC).

Consulta 1/1999, 22-1-1999, sobre tratamiento automatizado de datos personales en el ámbito de las telecomunicaciones.

Consulta 2/1999, 1-2-1999, sobre el servicio de vigilancia aduanera como policía judicial.

Consulta 3/1999, 17-2-1999, sobre la pena que procede imponer a las infracciones penales continuadas de carácter patrimonial.

Consulta 4/1999, 17-9-1999, sobre algunas cuestiones derivadas de la regulación de la suspensión de la ejecución de las penas privativas de libertad.

Consulta 5/1999, 16-12-1999, sobre los problemas que plantea el internamiento de quienes tienen suspendida la ejecución de una pena privativa de libertad por trastorno mental grave sobrevenido a la sentencia firme.

Consulta 6/1999, 16-12-1999, sobre cumplimiento de la responsabilidad personal subsidiaria al impago de multa en régimen de arresto de fines de semana: problemas que plantea la selección del módulo de conversión.

Instrucción 1/1999, 5-5-1999, sobre recursos contencioso-electorales en materia de proclamación de candidaturas y candidatos.

Instrucción 2/1999, 17-5-1999, sobre el Real Decreto 2.282/98, de 23 de octubre y su incidencia en los delitos contra la seguridad del tráfico.

Instrucción 3/1999, 7-12-1999, acerca del alcance del art. 468 del Código Penal en ciertos casos de quebrantamiento de una pena privativa de libertad.

AÑO 1998, Fiscalía General del Estado

Circular 1/1998, 21-10-1998, sobre la intervención del Ministerio Fiscal en la persecución de los malos tratos en el ámbito doméstico y familiar.

Circular 2/1998, 27-10-1998, sobre ayudas públicas a las víctimas de delitos dolosos violentos y contra la libertad sexual.

Circular 3/1998, 23-12-1998, sobre la intervención del Ministerio Fiscal en la nueva Ley de lo Contencioso-Administrativo.

Consulta 1/1998, 31-3-1998, sobre la ejecución continua del arresto de fines de semana.

Consulta 2/1998, 3-4-1998, sobre la asunción de tutela por personas jurídicas públicas.

Consulta 3/1998, 3-4-1998, sobre detención y delitos de quebrantamiento de condena.

Consulta 4/1998, 14-7-1998, sobre el alcance de la pena de privación del derecho a conducir vehículos de motor y ciclomotores en el art. 379 del Código Penal.

AÑO 1997, Fiscalía General del Estado

Consulta 1/1997, 19-2-1997, sobre la determinación de la pena en los supuestos de concurrencia de alguna eximente incompleta en el nuevo Código Penal.

Consulta 2/1997, 19-2-1997, sobre la determinación de la pena ante la concurrencia de varias atenuantes o una muy cualificada.

Consulta 3/1997, 19-2-1997, sobre la falsificación, sustitución, alteración u omisión de la placa matrícula de un vehículo de motor.

Consulta 4/1997, 19-2-1997, sobre la extensión a terceros partícipes de los efectos de la regularización fiscal.

Consulta 5/1997, 24-2-1997, sobre el límite temporal de la medida de seguridad de internamiento en el nuevo Código Penal.

Consulta 6/1997, 15-7-1997, sobre el criterio determinante de la competencia territorial en los procesos civiles de incapacitación seguidos contra quienes se hallan internos en un establecimiento psiquiátrico-penitenciario en cumplimiento de una medida de seguridad dictada en un proceso penal.

Consulta 7/1997, 15-7-1997, sobre legitimación del Ministerio Fiscal en procesos penales por los delitos de calumnias e injurias.

Consulta 8/1997, 8-10-1997, sobre algunas cuestiones en relación con la formalización del acogimiento familiar.

Consulta 9/1997, 29-10-1997, sobre reincidencia y delitos de robo.

Consulta 10/1997, 29-10-1997, sobre robos con violencia o intimidación perpetrados en morada.

Consulta 11/1997, 29-10-1997, robo con fuerza en las cosas cometido en edificio o local abiertos al público.

Consulta 12/1997, 30-10-1997, sobre la interpretación que daba darse al artículo 41.2 del Real Decreto 155/1996, de 2 de febrero, por el que se aprueba el reglamento de ejecución de la Ley Orgánica 7/1985, sobre extranjeros.

Consulta 13/1997, 14-11-1997, sobre alcance atribuible al número 5 del artículo 238 del Código Penal, en relación con el renovado concepto del delito de robo con fuerza en las cosas.

Consulta 14/1997, 16-12-1997, acerca de algunas cuestiones relativas al alcance típico del delito de tenencia ilícita de armas.

Consulta 15/1997, 16-12-1997, alcance de la conducta falsaria en el delito societario del artículo 290 del Código Penal.

Consulta 16/1997, 16-12-1997, sobre la ejecución de la pena de días-multa.

Instrucción 1/1997, 6-10-1997, acerca de algunos aspectos relativos a la presencia de la representación del Ministerio Fiscal en los recursos de apelación en el procedimiento ante el jurado.

AÑO 1996, Fiscalía General del Estado

Circular 1/1996, 23-2-1996, sobre el régimen transitorio del Código Penal de 1995. (Revisión de sentencias).

Circular 2/1996, de 22-5-1996, sobre el régimen transitorio del nuevo Código Penal: incidencia en el enjuiciamiento de hechos anteriores.

Circular 3/1996, de 22-11-1996, sobre el criterio jurisprudencial relativo a la redención de penas por el trabajo y la revisión de sentencias conforme al nuevo Código Penal, adaptando en este punto la Circular 1/1996 a la consolidada jurisprudencia de la Sala Segunda del Tribunal Supremo

Consulta 1/1996, 19-2-1996, sobre la Ley de Régimen Jurídico de control de cambios y el Derecho Comunitario.

Consulta 2/1996, 19-2-1996, sobre el impago de la cuota obrera de la Seguridad Social: su consideración penal.

Consulta 3/1996, 30-12-1996, sobre la significación penal de la conducta de los llamados guardacoches no autorizados.

Instrucción 1/1996, 15-1-1996, sobre competencias y organización de la Fiscalía especial para la represión de los delitos económicos relacionados con la corrupción.

Instrucción 2/1996, 20-12-1996, de la renovada tipicidad del delito de intrusismo.

AÑO 1995, Fiscalía General del Estado

Circular 3/1995, de 27-12-1995, criterios de actuación del Ministerio Fiscal en el proceso ante el Tribunal del Jurado.

Circular 4/1995, de 29-12-1995, sobre el proceso ante el Tribunal del Jurado: las actuaciones en el Juzgado de Instrucción.